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Niños indígenas del país, los más marginados en América Latina: Cepal

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México, DF. Niños y adolescentes indígenas en México presentan rezagos mayores, que llegan a ser “severos” o “extremadamente altos”, ante los de sus similares de otros países de América Latina en el acceso a una vivienda digna, agua potable, educación e información.

Así lo revela un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) sobre la pobreza en los pueblos indígenas y afrodescendientes en la región latinoamericana.

México concentra el mayor porcentaje de población infantil indígena entre 17 naciones analizadas con 2 millones 733 mil menores que representan 21.3 por ciento del total regional, calculado en 12 millones 814 mil infantes de 700 etnias diferentes.

Así que, uno de cada cinco niños indígenas en América Latina es mexicano, según el estudio, aunque nada dice sobre los menores afrodescendientes en el país. Después de México, Perú es la segunda nación con más población infantil indígena en la región al concentrar 20.2 por ciento del total, le sigue Guatemala con 19 por ciento y Bolivia con 17.4 por ciento.

Predominan en zonas rurales

El documento puntualiza que en las comunidades indígenas hay más niños que adultos y en México representan 45 por ciento, por encima del promedio regional y también de la composición general de la población donde sólo 37 por ciento son menores de 18 años. Además 68.6 por ciento de los infantes indígenas de México viven en zonas rurales, cuando el promedio regional es de 61 por ciento.

La mayor “privación” que detectan Cepal y Unicef entre los niños indígenas es en su derecho a la información, definida como la “libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, de forma impresa o artística, o por cualquier otro método”. Su cumplimiento debe incluir el acceso al equipamiento necesario como teléfonos, computadoras o televisores y se considera “condición necesaria para que los pueblos indígenas y afrodescendientes puedan ejercer todos sus derechos humanos”.

En México, la privación en información entre los menores indígenas es de 95.4 por ciento –desglosada en 28 por ciento como “privación severa” y 67.4 por ciento “privación moderada”–, pero que sube hasta 98 por ciento entre quienes viven en zonas rurales.

Con tales cifras, México se ubica en los tres países más rezagados en la materia, sólo superado por Panamá y Honduras. Rebasa con mucho el promedio regional de 87.8 por ciento, el del resto de la población en México que se ubica en 58.8 por ciento e incluso el de otros dos países con fuerte presencia indígena, como Perú y Bolivia, cuyos porcentajes de privación son de 86.6 y 90.8 por ciento.

En cuanto al acceso a una vivienda digna y segura en materia jurídica, con disponibilidad de servicios y asequible, 88.7 de los niños indígenas mexicanos padecen privaciones al respecto (52 por ciento privación severa y 36.7 por ciento privación moderada). Contraste con el 59.6 por ciento del resto de la población del país y nuevamente se coloca arriba tanto del promedio regional de 84.2 por ciento, como de Bolivia y Perú.

Sobre la educación, los organismos indican que pese al impulso que América Latina ha dado a la cobertura en educación básica persisten diferencias étnicas y más de medio millón de menores indígenas, equivalente a 6.3 por ciento de los niños y adolescentes en edad escolar, no han accedido nunca a la educación formal o la han abandonado sin aprobar ningún año de estudio.

La privación en educación afecta a 22.8 por ciento de los niños indígenas en México (llega a 25 por ciento en el caso de las niñas indígenas), cuatro puntos arriba del promedio regional y seis del que afecta al total de la población infantil del país. En Bolivia sólo es 12.3 por ciento, en Perú 10 por ciento y en el extremo de la lista se ubica Chile, donde sólo es 0.7 por ciento.

Otro factor que analiza Cepal y Unicef es el derecho al agua potable: 67.5 por ciento de los niños indígenas de México están privados de éste, frente al promedio regional de 62.6 por ciento y de 36.5 por ciento de los niños no indígenas en el país, similar al porcentaje de niños indígenas de Guatemala.

 

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México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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