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Niños indígenas del país, los más marginados en América Latina: Cepal

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México, DF. Niños y adolescentes indígenas en México presentan rezagos mayores, que llegan a ser “severos” o “extremadamente altos”, ante los de sus similares de otros países de América Latina en el acceso a una vivienda digna, agua potable, educación e información.

Así lo revela un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) sobre la pobreza en los pueblos indígenas y afrodescendientes en la región latinoamericana.

México concentra el mayor porcentaje de población infantil indígena entre 17 naciones analizadas con 2 millones 733 mil menores que representan 21.3 por ciento del total regional, calculado en 12 millones 814 mil infantes de 700 etnias diferentes.

Así que, uno de cada cinco niños indígenas en América Latina es mexicano, según el estudio, aunque nada dice sobre los menores afrodescendientes en el país. Después de México, Perú es la segunda nación con más población infantil indígena en la región al concentrar 20.2 por ciento del total, le sigue Guatemala con 19 por ciento y Bolivia con 17.4 por ciento.

Predominan en zonas rurales

El documento puntualiza que en las comunidades indígenas hay más niños que adultos y en México representan 45 por ciento, por encima del promedio regional y también de la composición general de la población donde sólo 37 por ciento son menores de 18 años. Además 68.6 por ciento de los infantes indígenas de México viven en zonas rurales, cuando el promedio regional es de 61 por ciento.

La mayor “privación” que detectan Cepal y Unicef entre los niños indígenas es en su derecho a la información, definida como la “libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, de forma impresa o artística, o por cualquier otro método”. Su cumplimiento debe incluir el acceso al equipamiento necesario como teléfonos, computadoras o televisores y se considera “condición necesaria para que los pueblos indígenas y afrodescendientes puedan ejercer todos sus derechos humanos”.

En México, la privación en información entre los menores indígenas es de 95.4 por ciento –desglosada en 28 por ciento como “privación severa” y 67.4 por ciento “privación moderada”–, pero que sube hasta 98 por ciento entre quienes viven en zonas rurales.

Con tales cifras, México se ubica en los tres países más rezagados en la materia, sólo superado por Panamá y Honduras. Rebasa con mucho el promedio regional de 87.8 por ciento, el del resto de la población en México que se ubica en 58.8 por ciento e incluso el de otros dos países con fuerte presencia indígena, como Perú y Bolivia, cuyos porcentajes de privación son de 86.6 y 90.8 por ciento.

En cuanto al acceso a una vivienda digna y segura en materia jurídica, con disponibilidad de servicios y asequible, 88.7 de los niños indígenas mexicanos padecen privaciones al respecto (52 por ciento privación severa y 36.7 por ciento privación moderada). Contraste con el 59.6 por ciento del resto de la población del país y nuevamente se coloca arriba tanto del promedio regional de 84.2 por ciento, como de Bolivia y Perú.

Sobre la educación, los organismos indican que pese al impulso que América Latina ha dado a la cobertura en educación básica persisten diferencias étnicas y más de medio millón de menores indígenas, equivalente a 6.3 por ciento de los niños y adolescentes en edad escolar, no han accedido nunca a la educación formal o la han abandonado sin aprobar ningún año de estudio.

La privación en educación afecta a 22.8 por ciento de los niños indígenas en México (llega a 25 por ciento en el caso de las niñas indígenas), cuatro puntos arriba del promedio regional y seis del que afecta al total de la población infantil del país. En Bolivia sólo es 12.3 por ciento, en Perú 10 por ciento y en el extremo de la lista se ubica Chile, donde sólo es 0.7 por ciento.

Otro factor que analiza Cepal y Unicef es el derecho al agua potable: 67.5 por ciento de los niños indígenas de México están privados de éste, frente al promedio regional de 62.6 por ciento y de 36.5 por ciento de los niños no indígenas en el país, similar al porcentaje de niños indígenas de Guatemala.

 

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México y Estados Unidos refuerzan cooperación contra tráfico de armas y robo de combustible

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México y Estados Unidos acordaron profundizar y agilizar el intercambio de información en materia de tráfico de armas, así como fortalecer la cooperación para combatir el robo de combustible y otros delitos transnacionales, tras la segunda reunión del Grupo de Implementación en Seguridad México-Estados Unidos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el encuentro se realizó el pasado 11 de diciembre como parte del seguimiento al Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, mecanismo acordado por ambos países para atender de manera coordinada temas prioritarios en materia de seguridad. En la reunión participaron el encargado de despacho de la cancillería mexicana, Roberto Velasco, y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, junto con funcionarios de ambos gobiernos.

Durante la sesión se revisaron los avances alcanzados desde la reunión previa celebrada en McAllen, Texas, donde se había puesto énfasis en el combate al tráfico de armas. En esta ocasión, además, se analizaron desafíos emergentes para la seguridad regional, particularmente el uso de drones por parte de organizaciones criminales.

Como parte de los acuerdos, ambas naciones determinaron dar continuidad a las acciones de incautación de armamento y municiones, así como reforzar el intercambio de información para identificar y desarticular redes dedicadas al tráfico ilegal de armas. También se estableció fortalecer la cooperación en materia de extradiciones y las investigaciones relacionadas con el robo de combustibles, con el objetivo de maximizar el impacto de las acciones coordinadas antes de la próxima reunión, prevista para enero de 2026.

La SRE precisó que durante el encuentro se reiteró que la cooperación bilateral en seguridad se rige por los principios de respeto a la soberanía y a la integridad territorial de ambos países, bajo un enfoque de responsabilidad compartida y sin subordinación. Indicó que el intercambio de información, la coordinación operativa y el diálogo permanente deben traducirse en mejores condiciones de seguridad para las poblaciones de México y Estados Unidos.

Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que, como parte de esta cooperación, se han emprendido acciones contra instituciones financieras y personas involucradas en la fabricación, distribución y venta de fentanilo y precursores químicos. Asimismo, informó que ambos países se comprometieron a acelerar los esfuerzos conjuntos para desmantelar cárteles y grupos delictivos, interrumpir fuentes de ingresos ilícitos y contrarrestar amenazas emergentes, incluido el uso de drones en la frontera.

Las autoridades de ambos países confirmaron que continuarán los trabajos bilaterales y que el diálogo en materia de seguridad se mantendrá de forma permanente.

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