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México

Niños indígenas del país, los más marginados en América Latina: Cepal

México, DF. Niños y adolescentes indígenas en México presentan rezagos mayores, que llegan a ser “severos” o “extremadamente altos”, ante los de sus similares de otros países de América Latina en el acceso a una vivienda digna, agua potable, educación e información.

Así lo revela un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) sobre la pobreza en los pueblos indígenas y afrodescendientes en la región latinoamericana.

México concentra el mayor porcentaje de población infantil indígena entre 17 naciones analizadas con 2 millones 733 mil menores que representan 21.3 por ciento del total regional, calculado en 12 millones 814 mil infantes de 700 etnias diferentes.

Así que, uno de cada cinco niños indígenas en América Latina es mexicano, según el estudio, aunque nada dice sobre los menores afrodescendientes en el país. Después de México, Perú es la segunda nación con más población infantil indígena en la región al concentrar 20.2 por ciento del total, le sigue Guatemala con 19 por ciento y Bolivia con 17.4 por ciento.

Predominan en zonas rurales

El documento puntualiza que en las comunidades indígenas hay más niños que adultos y en México representan 45 por ciento, por encima del promedio regional y también de la composición general de la población donde sólo 37 por ciento son menores de 18 años. Además 68.6 por ciento de los infantes indígenas de México viven en zonas rurales, cuando el promedio regional es de 61 por ciento.

La mayor “privación” que detectan Cepal y Unicef entre los niños indígenas es en su derecho a la información, definida como la “libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, de forma impresa o artística, o por cualquier otro método”. Su cumplimiento debe incluir el acceso al equipamiento necesario como teléfonos, computadoras o televisores y se considera “condición necesaria para que los pueblos indígenas y afrodescendientes puedan ejercer todos sus derechos humanos”.

En México, la privación en información entre los menores indígenas es de 95.4 por ciento –desglosada en 28 por ciento como “privación severa” y 67.4 por ciento “privación moderada”–, pero que sube hasta 98 por ciento entre quienes viven en zonas rurales.

Con tales cifras, México se ubica en los tres países más rezagados en la materia, sólo superado por Panamá y Honduras. Rebasa con mucho el promedio regional de 87.8 por ciento, el del resto de la población en México que se ubica en 58.8 por ciento e incluso el de otros dos países con fuerte presencia indígena, como Perú y Bolivia, cuyos porcentajes de privación son de 86.6 y 90.8 por ciento.

En cuanto al acceso a una vivienda digna y segura en materia jurídica, con disponibilidad de servicios y asequible, 88.7 de los niños indígenas mexicanos padecen privaciones al respecto (52 por ciento privación severa y 36.7 por ciento privación moderada). Contraste con el 59.6 por ciento del resto de la población del país y nuevamente se coloca arriba tanto del promedio regional de 84.2 por ciento, como de Bolivia y Perú.

Sobre la educación, los organismos indican que pese al impulso que América Latina ha dado a la cobertura en educación básica persisten diferencias étnicas y más de medio millón de menores indígenas, equivalente a 6.3 por ciento de los niños y adolescentes en edad escolar, no han accedido nunca a la educación formal o la han abandonado sin aprobar ningún año de estudio.

La privación en educación afecta a 22.8 por ciento de los niños indígenas en México (llega a 25 por ciento en el caso de las niñas indígenas), cuatro puntos arriba del promedio regional y seis del que afecta al total de la población infantil del país. En Bolivia sólo es 12.3 por ciento, en Perú 10 por ciento y en el extremo de la lista se ubica Chile, donde sólo es 0.7 por ciento.

Otro factor que analiza Cepal y Unicef es el derecho al agua potable: 67.5 por ciento de los niños indígenas de México están privados de éste, frente al promedio regional de 62.6 por ciento y de 36.5 por ciento de los niños no indígenas en el país, similar al porcentaje de niños indígenas de Guatemala.

 

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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