Linda Freedman refleja en un cortometraje documental el desamparo de los menores indocumentados no acompañados que deben comparecer en tribunales de Inmigración de Estados Unidos, y lo hace con el anhelo de «inspirar a la acción» porque «cuando un niño sufre, todos sufrimos».
Con el cortometraje «No Acompañado: Sólo en América» («Unanccompanied, Alone in America»), que en los últimos días ha tenido una alta rotación en redes sociales, la estadounidense quiere movilizar a aquellos «que se levantarán, como siempre lo hacen, para ayudar a sus congéneres cuando lo necesitan», según explica en la web del proyecto.
«Linda se puso manos a la obra con este tema y decidió recrear una historia basada en transcripciones reales de la corte», dado que no se permiten cámaras de televisión en los tribunales de Inmigración, explicó hoy Mónica Rodgers, de la organización The Revelation Project, que produjo y fue una de las que financió el cortometraje.
La iniciativa contó con el apoyo de ICS, una organización que da asesoría legal a inmigrantes en esta ciudad de Portland y en el sur del estado de Washington, y surgió cuando la realizadora leyó en 2014 el caso de menores inmigrantes juzgados en tribunales, solos, sin representación legal y en ocasiones hasta sin traductor.
Relata Rodgers que Freedman invirtió meses de investigación y entrevistas a abogados pro bono, y asistió a varias audiencias judiciales, con el fin de reflejar cómo a estos menores detenidos en la frontera se les ordenaba la deportación tras comparecer ante un juez «sin un intérprete o cualquier comprensión de lo que estaba sucediendo».
Según datos que maneja ICS, nueve de cada diez niños indocumentados que aparecen en la corte sin una representación legal acaban siendo deportados, mientras que entre los que cuentan con abogados más de la mitad logran quedarse en EE.UU.
«Me sorprendieron los obstáculos a los que los niños se enfrentaban solos y la indiferencia por sus derechos básicos», señala Freedman.
En el cortometraje, la realizadora muestra a menores no acompañados, interpretados por hijos del personal de ICS y amigos, sentándose en el banquillo de los acusados, ante un juez que les pregunta si están nerviosos o si saben lo que es un abogado.
«¿Entiendes de lo que se trata este proceso en la corte?», les pregunta en el corto el juez retirado William Snouffer, «quien aceptó regresar a su papel de juez por un día» para este proyecto, dijo la realizadora.
La organización espera que trabajos como el de Freedman ayuden a generar «suficiente conocimiento sobre el tema y apoyo para financiar las necesidades de estos niños», además de cambiar esta práctica, según explicó Rodgers.
Tal como explican desde ICS, en los juicios de Inmigración el Gobierno está siempre representado y en cambio los niños arrestados por ingresar ilegalmente al país, que en los últimos años han venido en gran número, no tienen derecho a un abogado designado por el tribunal, de acuerdo a las leyes vigentes, y no tienen tampoco forma de contactar, comunicarse o contratar a un representante legal.
Agrega que lo niños, la mayoría de los cuales no hablan ni entienden inglés, y en muchos casos no tienen acceso a intérpretes, lógicamente no logran comprender las leyes de Inmigración que resultan complejas incluso para una gran mayoría de los adultos.
«Me imaginé entusiasmada a abogados, estudiantes de derecho, traductores y otros que podrían ayudar a los niños no acompañados a navegar en las circunstancias desalentadoras que enfrentan», explica Freedman sobre las motivaciones de su trabajo.
La Administración del presidente Donald Trump ha hecho del endurecimiento de las políticas migratorias una de la señas de su mandato y hoy mismo, a través de su siempre activa cuenta de Twitter, el mandatario pidió al Congreso que apruebe una nueva legislación «inteligente, rápida y razonable».
«El Congreso debe aprobar una ley migratoria inteligente, rápida y razonable ya. Las fuerzas de la ley en la frontera están haciendo un gran trabajo, pero están obligados a trabajar con unas leyes absurdas», escribió el mandatario en su cuenta personal en la red social.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.