Además de la depresión por estar lejos de quienes consideran sus padres, los infantes que fueron arrebatados de los brazos de sus familias biológicas y vendidos a parejas que buscaban un hijo para adoptar, también sufrieron malos tratos en su estancia en la Casa Hogar UNACARI.
Moretones en sus extremidades, rasguños en el rosto, golpes contusos y rozaduras en sus ingles, son algunas de las lesiones físicas que a simple vista presentan los menores que fueron remitidos a los albergues públicos del DIF Sonora, mientras la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) definía el estatus legal de las 14 personas entre parejas y madres solteras, que accedieron a pagar entre 80 a 150 mil pesos para agilizar los trámites de adopción.
Pero además, los padres tutores refieren que los niños también presentan daño emocional por las semanas que pasaron lejos del seno familiar y las casas de crianza.
Los niños estuvieron casi un mes en el albergue UNACARI, desde el 8 de mayo al 4 de junio, nos permitieron verlos hasta que tenían una semana internados y al cargar a la niña esta se quejó de dolor en la parte baja, al revisarla noté que estaba muy rosadita porque ella es alérgica a los pañales normales y requiere unos especiales, yo se los proporcioné al albergue pero no se los ponían, además que tenía golpes y rasguños pero la única explicación que me dieron fue que se los hacían otros niños» , relató una de las madres, cuyo nombre se reserva para ocultar la identidad de los menores de edad afectados.
Desde que salió a la luz la venta de recién nacidos por parte de funcionarios de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, que depende del Sistema DIF Sonora, a las afueras de Casa Hogar UNACARI se han reunido decenas de familias con el reclamo de que funcionarios públicos les arrebataron a sus hijos.
Tal es el caso de la señora Blanca Azucena, de 34 años de edad, quien llegó hasta la PGJE para denunciar a Félix Julián Arce, identificado como el jurídico del DIF Estatal, a quien acusa de haberle arrebatado a siete de sus 10 hijos, de los cuales afirma cuatro están en calidad de desaparecidos.
Cabe recordar que sobre el abogado Julián Arce, pesan varias denuncias similares, como la de María Guadalupe García Medina, quien acusa al mismo funcionario de entregar a su hija en adopción sin consentimiento previo.
En conferencia de prensa, Carlos Navarro Sugich, procurador de Justicia en Sonora, afirmó que la fiscalía ha desistido de la acción penal en contra de las personas que accedieron a pagar fuertes sumas de dinero para hacerse de un hijo; además anunció que los tres menores a cuatro años de edad que permanecían en custodia del Sistema DIF Estatal, regresarán a sus casas de crianza en tanto no sean reclamados por sus padres biológicos; mientras que al total de nueve niños que fueron vendidos por funcionarios del Gobierno del Estado como si fueran mercancía, se les practicarán pruebas de ADN para en su momento poder determinar a quién corresponde su custodia.
