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México

Niños son víctimas de 6 delitos al día

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Por cada día transcurrido durante los últimos cinco años, seis niños han sido víctimas de delitos que atentan contra su libertad y están ligados con casos de desaparición o sustracción.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que entre enero de 2015 y diciembre pasado, a nivel nacional se iniciaron diez mil 140 carpetas de investigación por tráfico y corrupción de menores, 5.56 diarias, en promedio.

Por este último delito suman nueve mil 601 indagatorias y por tráfico de menores son 539, en dicho lustro.

El tráfico de niños ha ido a la baja, pues de 91 indagatorias que se iniciaron en 2015, para los años siguientes fueron 203, 176, 40 y 29 carpetas. Sin embargo, la corrupción de menores sí ha aumentado, ya que de mil 926 investigaciones en 2015, pasaron a mil 847, mil 845, mil 840 y dos mil 143 sucesivamente. Esto significa que en un año, de 2018 a 2019, aumentó 16 por ciento.

En 2019, la corrupción de menores se concentró en CDMX, Baja California, Nuevo León, Guanajuato y Jalisco al sumar mil 76 casos, 50% de los dos mil 143 registrados ese año a nivel nacional.

Este delito y el tráfico de niños son los ilícitos que más los afectan; desde 2015 se han abierto 10 mil 40 carpetas de investigación.

Cada día en México se denuncian seis delitos que atentan contra la libertad de los niños y están ligados a casos de desaparición o sustracción.

Desde 2015 se han iniciado diez mil 140 carpetas de investigación a nivel nacional por tráfico y corrupción de menores, lo que representa 5.56 diarias, en promedio.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el último lustro se han denunciado 539 casos de tráfico de menores y nueve mil 601 por corrupción de menores.

El primero de estos delitos es considerado en el Código Penal Federal como el traslado o entrega de un menor en territorio nacional por alguna persona ajena o familiar, o la entrega del mismo fuera de éste. En ese sentido, se configura el delito de tráfico de menores al momento en que una persona (familiar sin límite de grado o no) entrega al menor a otra persona, sin que haya una autorización judicial derivado de un debido proceso, con o sin la intención de que quien haya recibido al menor lo integre a su núcleo familiar, como parece en el caso de Fátima, la menor de siete años hallada asesinada en Tláhuac.

Respecto al segundo, lo comete quien obliga o induce a un menor al consumo habitual de bebidas alcohólicas, de sustancias tóxicas o narcóticos, mendicidad con fines de explotación, comisión de algún delito, formar parte de una asociación delictuosa o realizar actos de exhibicionismo corporal o sexuales simulados o no, con fin lascivo o sexual.

De acuerdo con las cifras del SESNSP, el tráfico de menores en el país es un delito que ha ido a la baja, pues, de 91 indagatorias que se iniciaron en 2015, para los años siguientes fueron 203, 176, 40 y 29 carpetas el año pasado.

En contraste, la corrupción de menores sí ha registrado un alza en el último lustro, pues las estadísticas muestran que, de mil 926 investigaciones en 2015, pasaron a mil 847, mil 845, mil 840 y dos mil 143 sucesivamente, lo que significa que de 2018 a 2019 el delito aumentó 16 por ciento.

POR ESTADOS

En un desglose por entidades federativas, el tráfico de menores se revela como un delito muy focalizado a nivel nacional, pues durante 2019 la incidencia se concentró en prácticamente en dos estados: Guanajuato, con diez casos, y San Luis Potosí, con cuatro. Esto es la mitad de las 29 indagatorias iniciadas ese año en el país.

Respecto a la corrupción de menores, el panorama es similar al concentrarse en cinco estados: Ciudad de México (324 indagatorias), Baja California (275), Nuevo León (173), Guanajuato (161) y Jalisco (143) para un subtotal de mil 76 casos, 50% de las dos mil 143 carpetas iniciadas en el país.

Sobre el tema de los desaparecidos, datos de la Segob indican que, de 47 mil 820 menores reportados como desaparecidos entre la década de los 60 y diciembre pasado, 36 mil 748 fueron localizados y del resto, 23% del total, no hay certeza de su paradero.

Fuente: Excelsior

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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