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México

Niños son víctimas de 6 delitos al día

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Por cada día transcurrido durante los últimos cinco años, seis niños han sido víctimas de delitos que atentan contra su libertad y están ligados con casos de desaparición o sustracción.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que entre enero de 2015 y diciembre pasado, a nivel nacional se iniciaron diez mil 140 carpetas de investigación por tráfico y corrupción de menores, 5.56 diarias, en promedio.

Por este último delito suman nueve mil 601 indagatorias y por tráfico de menores son 539, en dicho lustro.

El tráfico de niños ha ido a la baja, pues de 91 indagatorias que se iniciaron en 2015, para los años siguientes fueron 203, 176, 40 y 29 carpetas. Sin embargo, la corrupción de menores sí ha aumentado, ya que de mil 926 investigaciones en 2015, pasaron a mil 847, mil 845, mil 840 y dos mil 143 sucesivamente. Esto significa que en un año, de 2018 a 2019, aumentó 16 por ciento.

En 2019, la corrupción de menores se concentró en CDMX, Baja California, Nuevo León, Guanajuato y Jalisco al sumar mil 76 casos, 50% de los dos mil 143 registrados ese año a nivel nacional.

Este delito y el tráfico de niños son los ilícitos que más los afectan; desde 2015 se han abierto 10 mil 40 carpetas de investigación.

Cada día en México se denuncian seis delitos que atentan contra la libertad de los niños y están ligados a casos de desaparición o sustracción.

Desde 2015 se han iniciado diez mil 140 carpetas de investigación a nivel nacional por tráfico y corrupción de menores, lo que representa 5.56 diarias, en promedio.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el último lustro se han denunciado 539 casos de tráfico de menores y nueve mil 601 por corrupción de menores.

El primero de estos delitos es considerado en el Código Penal Federal como el traslado o entrega de un menor en territorio nacional por alguna persona ajena o familiar, o la entrega del mismo fuera de éste. En ese sentido, se configura el delito de tráfico de menores al momento en que una persona (familiar sin límite de grado o no) entrega al menor a otra persona, sin que haya una autorización judicial derivado de un debido proceso, con o sin la intención de que quien haya recibido al menor lo integre a su núcleo familiar, como parece en el caso de Fátima, la menor de siete años hallada asesinada en Tláhuac.

Respecto al segundo, lo comete quien obliga o induce a un menor al consumo habitual de bebidas alcohólicas, de sustancias tóxicas o narcóticos, mendicidad con fines de explotación, comisión de algún delito, formar parte de una asociación delictuosa o realizar actos de exhibicionismo corporal o sexuales simulados o no, con fin lascivo o sexual.

De acuerdo con las cifras del SESNSP, el tráfico de menores en el país es un delito que ha ido a la baja, pues, de 91 indagatorias que se iniciaron en 2015, para los años siguientes fueron 203, 176, 40 y 29 carpetas el año pasado.

En contraste, la corrupción de menores sí ha registrado un alza en el último lustro, pues las estadísticas muestran que, de mil 926 investigaciones en 2015, pasaron a mil 847, mil 845, mil 840 y dos mil 143 sucesivamente, lo que significa que de 2018 a 2019 el delito aumentó 16 por ciento.

POR ESTADOS

En un desglose por entidades federativas, el tráfico de menores se revela como un delito muy focalizado a nivel nacional, pues durante 2019 la incidencia se concentró en prácticamente en dos estados: Guanajuato, con diez casos, y San Luis Potosí, con cuatro. Esto es la mitad de las 29 indagatorias iniciadas ese año en el país.

Respecto a la corrupción de menores, el panorama es similar al concentrarse en cinco estados: Ciudad de México (324 indagatorias), Baja California (275), Nuevo León (173), Guanajuato (161) y Jalisco (143) para un subtotal de mil 76 casos, 50% de las dos mil 143 carpetas iniciadas en el país.

Sobre el tema de los desaparecidos, datos de la Segob indican que, de 47 mil 820 menores reportados como desaparecidos entre la década de los 60 y diciembre pasado, 36 mil 748 fueron localizados y del resto, 23% del total, no hay certeza de su paradero.

Fuente: Excelsior

México

Detienen a exfuncionario penitenciario por desvío millonario ligado a empresas de Álvarez Puga

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Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, exdirector de Desarrollo Tecnológico del extinto Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), fue detenido por autoridades federales por su presunta participación en un desvío millonario de recursos destinados al sistema penitenciario federal.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la captura se realizó el jueves, aunque no se precisó el lugar ni el destino al que fue trasladado. En el registro oficial se describe al detenido como un hombre de 1.63 metros de estatura, tez morena clara, barba y cabello entrecano, sin tatuajes visibles. Al momento de su detención vestía pantalón de mezclilla, playera color vino, chamarra café, botas grises y gorra del mismo tono.

Pérez Rodríguez es uno de los 61 exservidores públicos contra quienes se giraron órdenes de aprehensión en mayo de 2023. Entre los señalados también se encuentra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, así como diversos exmandos del sistema penitenciario federal. A todos se les imputan los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Fiscalía General de la República acusa a Pérez Rodríguez de participar en el desvío de 2 mil 950 millones de pesos mediante empresas factureras presuntamente relacionadas con Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la actriz y conductora Inés Gómez Mont, quien fue detenido en Miami, Estados Unidos. La investigación se centra en presuntas irregularidades en la administración de recursos asignados a los penales federales del país.

En la lista de implicados también figuran Eduardo Guerrero Durán, excomisionado del OADPRS entre 2015 y 2016; Paulo Uribe Arriaga, exdirector general de Administración; Emmanuel Castillo Ruiz, extitular de la Coordinación General de Centros Federales; y Jorge Arnaldo Nava López, exdirector del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia del desaparecido organismo.

El caso forma parte de una investigación de mayor alcance sobre el manejo de recursos públicos en el sistema penitenciario federal. Las autoridades mantienen abierta la indagatoria y no han informado aún sobre la situación jurídica del detenido ni sobre las acciones que seguirán en el proceso.

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