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México

Niños son víctimas de 6 delitos al día

Por cada día transcurrido durante los últimos cinco años, seis niños han sido víctimas de delitos que atentan contra su libertad y están ligados con casos de desaparición o sustracción.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que entre enero de 2015 y diciembre pasado, a nivel nacional se iniciaron diez mil 140 carpetas de investigación por tráfico y corrupción de menores, 5.56 diarias, en promedio.

Por este último delito suman nueve mil 601 indagatorias y por tráfico de menores son 539, en dicho lustro.

El tráfico de niños ha ido a la baja, pues de 91 indagatorias que se iniciaron en 2015, para los años siguientes fueron 203, 176, 40 y 29 carpetas. Sin embargo, la corrupción de menores sí ha aumentado, ya que de mil 926 investigaciones en 2015, pasaron a mil 847, mil 845, mil 840 y dos mil 143 sucesivamente. Esto significa que en un año, de 2018 a 2019, aumentó 16 por ciento.

En 2019, la corrupción de menores se concentró en CDMX, Baja California, Nuevo León, Guanajuato y Jalisco al sumar mil 76 casos, 50% de los dos mil 143 registrados ese año a nivel nacional.

Este delito y el tráfico de niños son los ilícitos que más los afectan; desde 2015 se han abierto 10 mil 40 carpetas de investigación.

Cada día en México se denuncian seis delitos que atentan contra la libertad de los niños y están ligados a casos de desaparición o sustracción.

Desde 2015 se han iniciado diez mil 140 carpetas de investigación a nivel nacional por tráfico y corrupción de menores, lo que representa 5.56 diarias, en promedio.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el último lustro se han denunciado 539 casos de tráfico de menores y nueve mil 601 por corrupción de menores.

El primero de estos delitos es considerado en el Código Penal Federal como el traslado o entrega de un menor en territorio nacional por alguna persona ajena o familiar, o la entrega del mismo fuera de éste. En ese sentido, se configura el delito de tráfico de menores al momento en que una persona (familiar sin límite de grado o no) entrega al menor a otra persona, sin que haya una autorización judicial derivado de un debido proceso, con o sin la intención de que quien haya recibido al menor lo integre a su núcleo familiar, como parece en el caso de Fátima, la menor de siete años hallada asesinada en Tláhuac.

Respecto al segundo, lo comete quien obliga o induce a un menor al consumo habitual de bebidas alcohólicas, de sustancias tóxicas o narcóticos, mendicidad con fines de explotación, comisión de algún delito, formar parte de una asociación delictuosa o realizar actos de exhibicionismo corporal o sexuales simulados o no, con fin lascivo o sexual.

De acuerdo con las cifras del SESNSP, el tráfico de menores en el país es un delito que ha ido a la baja, pues, de 91 indagatorias que se iniciaron en 2015, para los años siguientes fueron 203, 176, 40 y 29 carpetas el año pasado.

En contraste, la corrupción de menores sí ha registrado un alza en el último lustro, pues las estadísticas muestran que, de mil 926 investigaciones en 2015, pasaron a mil 847, mil 845, mil 840 y dos mil 143 sucesivamente, lo que significa que de 2018 a 2019 el delito aumentó 16 por ciento.

POR ESTADOS

En un desglose por entidades federativas, el tráfico de menores se revela como un delito muy focalizado a nivel nacional, pues durante 2019 la incidencia se concentró en prácticamente en dos estados: Guanajuato, con diez casos, y San Luis Potosí, con cuatro. Esto es la mitad de las 29 indagatorias iniciadas ese año en el país.

Respecto a la corrupción de menores, el panorama es similar al concentrarse en cinco estados: Ciudad de México (324 indagatorias), Baja California (275), Nuevo León (173), Guanajuato (161) y Jalisco (143) para un subtotal de mil 76 casos, 50% de las dos mil 143 carpetas iniciadas en el país.

Sobre el tema de los desaparecidos, datos de la Segob indican que, de 47 mil 820 menores reportados como desaparecidos entre la década de los 60 y diciembre pasado, 36 mil 748 fueron localizados y del resto, 23% del total, no hay certeza de su paradero.

Fuente: Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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