México tiene un marco legislativo y acuerdos internacionales que protegen a la infancia, pero esto no impide que cada día mueran cuatro niños a causa de la violencia, de acuerdo con datos de la Redim y Save The Children.

Estadísticas del Congreso de la Unión indican que desde 2018 se han presentado 102 iniciativas en materia de derechos y protección de la infancia y adolescencia. Seis de ellas fueron rechazadas y 59 están pendientes de discutir, dictaminar o aprobar.

Algunas de estas propuestas buscan proporcionar servicios de guardería a madres trabajadoras, prohibir armas de juguete, regular la educación sexual para prevenir abusos y embarazos en menores, prohibir castigos físicos e impulsar campañas para que menores sepan prevenir situaciones de riesgo.

Sin embargo, legisladores consideran que crear más leyes en estos rubros no tendrá resonancia si se carece de presupuesto para capacitar y sensibilizar a autoridades y funcionarios sobre la necesidad de brindar mayor protección del Estado a la infancia.

Pese a que cuatro menores mueren diariamente por la violencia, el Congreso no atiende el problema.

Aunque México es un país que cuenta con un marco legislativo y acuerdos internacionales que protegen a la infancia, en los hechos, diariamente mueren en promedio cuatro niñas, niños o adolescentes a causa de la violencia, de acuerdo con la Red de los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y Save The Children.

Según estadísticas consultadas de la Cámara de Diputadas, desde el 2018 se han presentado 102 iniciativas en materia de derechos y protección de la infancia y adolescencia, de las cuales seis fueron rechazadas y 59 todavía quedan pendientes.

Algunas propuestas que todavía no han avanzado en el proceso legislativo están relacionadas con el hecho de proporcionar servicios de guardería matutinos, en apoyo a madres trabajadoras, la prohibición de armas de juguete, la regulación de la educación sexual para prevenir abusos sexuales y embarazos en menores, la prohibición de castigos físicos, así como la realización de campañas en medios de comunicación para que las familias y los menores sepan prevenir cualquier situación de riesgo.

Con casos como el feminicidio de la pequeña Fátima, el atentado y suicidio cometido por un niño de 11 años en el Colegio Cervantes, ubicado en Torreón, Coahuila, y los niños comunitarios en Chilapa, Guerrero, los legisladores consideran que las políticas surgidas del Congreso de la Unión no tendrán resonancia si no se asigna el presupuesto necesario para capacitar y sensibilizar a los ejecutores de justicia, del sistema educativo, salud mental desde la infancia, y que se le dé carácter de política de Estado a la protección de los menores de edad.

Verónica Juárez Piña, diputada integrante de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, refirió que uno de cada tres de la población son menores de edad, lo que equivale a cerca de 40 millones de niñas, niños y adolescentes que son víctimas de violencia, tanto en el entorno familiar como en el exterior, y reprochó que en la actual administración federal existe “un mayor abandono”.

La coordinadora parlamentaria del PRD en San Lázaro señaló que esto se evidencia porque no es un tema prioritario en el Plan de Desarrollo ni en la participación del Ejecutivo federal en el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

“Tenemos un marco legal que hace falta ser implementado por parte del gobierno federal, que, en mi opinión, no tiene interés, no sé si es porque no votan o porque creen que con una beca van a resolver todos los problemas”, criticó la legisladora perredista.

Con el caso de Fátima, la diputada integrante de la Comisión de Justicia, Mariana Rodríguez Mier y Terán, del PRI, reconoció que el panorama de violencia que viven los menores, en parte es responsabilidad de los legisladores.

Al respecto, explicó que el Congreso de la Unión debe asumir su tarea y destinar mayores recursos y etiquetarlos para los “ejecutores” de las leyes, tanto en el nivel judicial como en el educativo.

“El Congreso deber tener mayor sensibilidad en la asignación presupuestal para capacitar a los Ministerios Públicos, fondear adecuadamente la Alerta Amber, los sistemas de alerta de género, tendríamos otros resultados”, aseguró la legisladora del Revolucionario Institucional.

A su vez, el diputado de Morena, Jorge Luis Montes Nieves, quien es integrante de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, cree que en lo que corresponde a la salud mental, desde la primera etapa de la vida es primordial que, junto con el sistema educativo, se trabaje para evitar atentados, suicidios y todo tipo de violencia entre niñas, niños y adolescentes.

“Todos los problemas de salud mental llegan a tercer nivel. Hay una intersección de la violencia y la salud mental, como se ha relacionado también con el tema de Torreón y la niña Fátima”, expresó.

El legislador queretano consideró que no se debe satanizar a los maestros por el desconocimiento o minimizar los protocolos de entrega de menores, que fue uno de los asuntos por el que se responsabilizó a la escuela donde estudiaba Fátima, pues tanto los profesores y las escuelas, como los mismos padres de familia, deben familiarizarse a través de la difusión de los objetivos de los protocolos de actuación en estos casos.

“Hay maestros que dicen que a veces los papás o las familias se molestan cuando se les pide la credencial para entregar a los niños, y ahora vemos las consecuencias tan lamentables de este tipo de situaciones.

“Por eso, yo creo que debe haber cooperación de la sociedad, lo que implica que se involucren tanto los padres de familia como las propias autoridades educativas”, consideró.

Los datos

Desde 2018, en el Congreso de la Unión se han presentado 102 iniciativas en materia de derechos y protección de la infancia y la adolescencia.
De este paquete de propuestas, los legisladores federales únicamente se han dado tiempo para rechazar formalmente seis iniciativas.
De acuerdo con datos de la Red de los Derechos de la Infancia en México, diariamente fallecen cuatro menores por causa de la violencia que afecta al país.

Fuente: Excelsior