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México

No afiliados al IMSS podrían alcanzar casa de Infonavit

Las personas que tienen un empleo en donde no están registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es necesario que también tengan acceso al crédito del Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
En este sentido Ángel Islava Tamayo, director general del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), consideró que debe tomarse en cuenta esta posibilidad. Asimismo, explicó que es necesario que se evalúe la creación de nuevos productos financieros de la vivienda popular con tasas de interés bajas para personas que no estén adheridas al sistema de seguridad social.
De igual manera, enfatizó que el reto es atender a más del 43 por ciento de los mexicanos que no tienen acceso a este sistema, que en ocasiones tienen los ingresos para acceder a una vivienda digna.
Para cumplir esta propuesta es necesario tener acceso a más recursos, por ende es importante crear convenios con la banca comercial, así como con los gobiernos estatales y municipales.
El tipo de vivienda que alcancen las personas que no cuentan con seguridad social debe tener características muy parecidas a las que se les otorgan a los trabajadores que sí la tienen, es decir, contará con espacios de, aproximadamente, 45 metros cuadrados.
El dirigente de la Fonhapo subrayó que el proyecto también debe contar con techo de losa, cocina, área de usos múltiples, instalaciones sanitarias y eléctricas con un costo promedio de 110 mil pesos.
No obstante, según las cifras del Infonavit hasta el 2016 se tenía un rezago en viviendas del 28.5 por ciento en el país, mientras que en 2012 este rebasa el 30 por ciento.
Debido a esta situación, en el 2013 se reforzó la política de la vivienda, por lo que de esa fecha a la actualidad se han logrado construir 1.1 millones de viviendas en el país.
Cabe destacar, que los costos de las viviendas han tenido una fuerte variación en los últimos años por la fluctuación del dólar, así como de las tasas de interés. Tan solo en marzo de 2017, el incremento en su costo, a nivel nacional, fue de 4.7 por ciento en promedio, mientras que en febrero, del 5.7 por ciento.
Las condiciones de los costos en las viviendas podrían continuar variando en el año debido a la inestabilidad de la economía.

Fuente: El Debate

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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