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No cesa violencia contra las mujeres; 2021 fue el año más violento

Los feminicidios se dispararon durante 2021, segundo año de la pandemia, con un total de mil 4 en México, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La cifra de mil 4 feminicidios es la más alta al cierre de cualquier año desde que Andrés Manuel López Obrador es presidente.

En 2018, el último año de Enrique Peña Nieto como presidente, hubo un total de 917 asesinatos de mujeres.

En el primer mes en que López Obrador llegó a la presidencia, en diciembre de 2018, en el país hubo 101 feminicidios, que en el momento fue cifra récord. En tanto, durante todo 2019, la cifra total nacional fue de 973; en 2020, primer año de la pandemia y de confinamientos, fue de 978.

La cifra récord de feminicidios en 2021 contrasta con los datos presentados este jueves por Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien afirmó en la conferencia matutina que el delito de feminicidio había bajado en 2021 con respecto a años anteriores.

Los feminicidios han aumentado si se comparan con 2018, último año del gobierno de Peña, y 2019, primer año de AMLO. (Especial)
“El feminicidio bajó 7 por ciento respecto al mismo mes (de diciembre) del año anterior y se ha bajado un 7 por ciento en lo que va de esta administración”, aseguró la secretaria Rosa Icela Rodríguez más temprano este día.

Al cierre del 2021, en diciembre, hubo un total de 79 feminicidios. Esta cifra es menor a la de diciembres de años anteriores. No obstante, es mayor con respecto a los meses de octubre y noviembre de 2021, cuando hubo 72 y 71 asesinatos de mujeres en el país, respectivamente.

En cuanto a los datos de 2021, agosto fue el mes con más feminicidios en México, cuando hubo 111 de estos asesinatos. Los dos picos anteriores ocurrieron en mayo, mes en que se celebra a las madres, con 108; y marzo, mes en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, con 100.

En marzo del año pasado, López Obrador afirmó que el conteo de feminicidios había iniciado con su gobierno:

“Antes no se consideraban feminicidios, eran homicidios. Esta clasificación comienza prácticamente con nosotros (su actual administración). Por eso también hay un aumento de este delito porque antes asesinaban a las mujeres y no se consideraba como feminicidio”, sostuvo el mandatario.

La clasificación de feminicidio se incorporó en 2012 en el Código Penal Federal.

El mandatario ha admitido antes el aumento de estos delitos violentos contra las mujeres, pero ha asegurado que el salto se debe a que antes no se contabilizaban. Sin embargo, incluso si se tomaran en cuenta solamente los datos de feminicidios durante su gobierno, 2021 es el año en que más asesinatos violentos contra las mujeres ha habido.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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