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«No curan nada con sus prácticas médicas de 1930”: Lilly Téllez tras la salida de doctores cubanos

Lilly Téllez García, senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), celebró que el personal médico proveniente de cuba terminara sus labores sanitarias en México.

La contratación de dichos profesionales de la salud fue criticada desde el inicio de la epidemia en el país, debido a que se consideró un gasto excesivo invertido en personal extranjero.

“Afortunadamente ya se fueron los “doctores” cubanos que no curan nada con sus prácticas médicas de 1930. Dinero del pueblo mexicano fue desviado para comprar adoctrinamiento en lugar de medicamentos.”, escribió la legisladora en su cuenta de Twitter.

La senadora panista señaló un «adoctrinamiento» por parte del gobierno mediante la contratación del personal médico cubano (Foto: Twitter)
La senadora panista señaló un «adoctrinamiento» por parte del gobierno mediante la contratación del personal médico cubano (Foto: Twitter)
De acuerdo con la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Olivia López Arellano, se destinaron 135 millones de pesos para cubrir los gastos derivados de la contratación del personal médico cubano.

“Esto fue un apoyo para cubrir todas las actividades que el convenio incluía, que eran, como ya lo he señalado en otras ocasiones, capacitación, investigación, compartir protocolos, buenas prácticas, monitoreo de terreno epidemiológico y también un conjunto de actividades, digamos, de asesoría técnica. Entonces, estos 135 millones de pesos fue lo que se consideró para el convenio que incluye todas estas actividades, también atención directa y participaron los 585 médicos cubanos”, explicó la funcionaria el pasado mes de julio cuando anunció que dicho contrato había concluido.

El costo del convenio fue saldado por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX y la Secretaría de Salud de la misma entidad como parte de la atención a pacientes contagiados con el virus SARS-CoV-2.

En total, fueron 585 médicos cubanos los que colaboraron en diferentes hospitales COVID de la capital de país, con el fin de apoyar a las labores de trabajo y hacer frente a la pandemia.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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