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No doy instrucciones a FGR sobre caso García Cabeza de Vaca: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que él no da instrucciones a la Fiscalía General a la República (FGR) sobre la orden de aprehensión dictada contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

El jefe del Ejecutivo federal mexicano divulgóp este jueves el oficio enviado por la Embajada de Estados Unidos en México que informaba sobre la investigación sobre lavado de dinero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Pese a lo anterior, López Obrador aseveró que no puede encubrir a nadie que esté implicado en un presunto delito.

Es una cuestión que está tratando la FGR, que es independiente, que es autónoma, no estoy dando instrucciones, no es mi fuerte la venganza, no soy hipócrita, no soy de dos caras como lo son los conservadores, que esa es su doctrina, la hipocresía”, afirmó.

El miércoles, la FGR obtuvo una orden de arresto contra el gobernador García Cabeza de Vaca, acusado de corrupción, pese a que persisten dudas sobre su desafuero, además de que le fueron congeladas sus cuentas bancarias.

“Yo no puedo como titular del Poder Ejecutivo no puedo encubrir a nadie, no soy tapadera, si al gobierno que represento llega un oficio para que se entienda bien, con todas las implicaciones que pueda tener, porque por encima de todo está la verdad, la justicia, y yo representa al estado mexicano por encima de todo”, expresó.

López Obrador divulgó el oficio enviado hace unos días, pese a reconocer que esto no era “políticamente correcto” o “jurídicamente correcto”.

“Independientemente si es correcto o no, les voy a dar a conocer ahora mismo el oficio que envió la Embajada de EE.UU. solicitando información del señor Cabeza de Vaca por una investigación que ellos tienen de un presunto lavado de dinero”, expresó.

El portavoz del presidente, Jesús Ramírez Cuevas, leyó la carta, que fue dirigida a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno federal.

Los adversarios nuestros pueden llegar a confundir, a decir que es una persecución política, está ordenado por el presidente, es con propósitos electorales, no, imagínense qué sucede si a este señor lo detienen en Estados Unidos, ¿cómo quedamos de nuevo, como hemos quedado durante décadas? Como tapaderas, como el país no solo de la corrupción, sino de la impunidad”, señaló.

En esta misiva se habla de una “investigación preliminar” por parte de la Oficina del Agregado Jurídico y el FBI en la que se identifican viajes internacionales a Estados Unidos, México y otros países por parte de una cuarentena de “individuos” y “entidades corporativas”.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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