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Opinión

No face. Por Raúl Saucedo

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LA PROPUESTA

Dentro de la turbulencia mediática y jurídica de los últimos días dentro del sistema político mexicano, el pasado lunes se planteó en la propuesta de reforma judicial la figura de los jueces sin rostro. Esta medida busca proteger la integridad de los jueces que manejan casos de alta peligrosidad, especialmente aquellos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado, al mantener su identidad en secreto.

Los orígenes de los jueces sin rostro son en Europa, específicamente en Italia durante la década de los 80´s, en medio del combate contra la mafia de ese país.Posteriormente, esta práctica se extendió a países de América como Colombia y Perú en las décadas de los 90´s, donde los jueces enfrentaban amenazas y atentados por parte de grupos terroristas y narcotraficantes. La idea general detrás de esta figura es relativamente sencilla: proteger a los jueces de represalias al ocultar su identidad. No obstante, la implementación de esta medida es controvertida, ya que puede comprometer los derechos al debido proceso y a un juicio justo, al dificultar la identificación de posibles conflictos de interés o prejuicios por parte de los juzgadores.

En México, la propuesta de integrar jueces sin rostro surge en un contexto donde el planteamiento de reforma al Poder Judicial está relacionado con el contexto político actual, donde la reforma judicial ha sido vista por propios y extraños como parte de un proceso más amplio de reacomodo sistémico de México. A esto se suman las protestas de trabajadores del sector judicial, quienes temen que la reforma no solo afecte la estabilidad de los jueces, sino que también pueda comprometer los derechos laborales y la operatividad de los tribunales.

Las experiencias internacionales han demostrado que la implementación de jueces sin rostro puede conllevar en algunos casos desafíos legales y éticos. En Colombia, por ejemplo, los jueces sin rostro fueron eliminados después de varias décadas debido a los abusos y la falta de garantías procesales que conllevaban. En Italia, aunque esta práctica fue efectiva inicialmente, también fue objeto de críticas por violar principios fundamentales del derecho a un juicio justo. En todos los casos, la opacidad judicial y la falta de supervisión fueron los principales puntos de discordia.

La incorporación de jueces sin rostro en México plantea un dilema complejo: ¿cómo equilibrar la necesidad de proteger a los jueces en un contexto de violencia nacional, con la obligación de mantener un sistema judicial transparente y justo? La historia ha demostrado que, aunque los jueces sin rostro pueden ser una herramienta útil en la lucha contra el crimen organizado, su implementación debe ir acompañada de salvaguardas robustas para evitar abusos y proteger los derechos de los acusados.

Para que esta figura funcione en México, sería crucial establecer mecanismos de supervisión independientes y garantizar que la identidad oculta de los jueces no se convierta en una barrera para la justicia. Asimismo, es indispensable que la sociedad civil, los expertos legales y los organismos internacionales participen en el debate sobre cómo implementar esta medida sin sacrificar los principios democráticos que rigen al Poder Judicial.

A partir del primero de septiembre el Poder Legislativo en este país tendrá nuevos inquilinos y por lo tanto nuevas dinámicas políticas, el planteamiento de la incorporación de esta figura legal en la eventual reforma jurídica en la próxima legislatura estará en la mesa de aquellos que la quieran ver, aunque al parecer es evidente que el centro mediático y político está en la participación ciudadana solamente.

Me despido apreciable lector que la información política está a la orden del día y para algunos la verdadera casa de los famosos inicia este domingo y no queremos perder detalle…

@Raul_Saucedo

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Opinión

Duarte: de los bares de Chihuahua al Altiplano. Por Karen Torres

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En México y en la política, lo que parece pasado, siempre regresa para explicar el presente. Hay nombres que regresan una y otra vez como si fueran espectros empeñados en recordarnos las fracturas del sistema. Uno de ellos es César Horacio Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua (2010-2016), figura central de uno de los expedientes de corrupción más voluminosos en la historia reciente del país.

Karen Torres A.

Y ahora, tras años de idas y venidas judiciales, vuelve a los titulares: la Fiscalía General de la República ordenó su recaptura y lo trasladó al penal de máxima seguridad del Altiplano.

Este episodio no ocurre en el vacío. Es parte de una historia que lleva casi una década escribiéndose entre detenciones, extradiciones, procesos fragmentados y una libertad condicional que muchos chihuahuenses vieron como una burla abierta.

Pero también es un movimiento político que envía un mensaje contundente: la nueva administración federal quiere que se entienda que, al menos en la Fiscalía, el viejo pacto de impunidad ya no opera “para algunos”. Y Duarte es la vívida señal, ojalá esto no se trate únicamente de justicia selectiva.

Duarte huyó de México en 2017, cuando la entonces Fiscalía de Chihuahua, bajo el gobierno de Javier Corral, integró al menos 21 órdenes de aprehensión en su contra. Los cargos eran amplios y concretos:

  • Peculado agravado por más de 1,200 millones de pesos,
  • Desvío de recursos públicos hacia campañas priistas,
  • Enriquecimiento ilícito,
  • Uso indebido de atribuciones y facultades
  • Y una red de empresas fantasma operadas desde su círculo íntimo.

Fue detenido en Miami el 8 de julio de 2020 en Estados Unidos. Ahí pasó 2 años mientras se resolvía un proceso de extradición. Finalmente, en junio de 2022, el gobierno estadounidense lo entregó a México bajo cargos de peculado agravado y asociación delictuosa.

Su llegada al país fue presentada por la Fiscalía como un triunfo institucional. Pero para Chihuahua comenzaba un capítulo distinto: la prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán, donde Duarte permaneció alrededor de 2 años más, entre audiencias diferidas, cambios de jueces y tácticas legales el caso se fue transformando en un rompecabezas jurídico que pocos lograron seguir con claridad.

Llegó la cuestionada libertad condicional de 2024: 

En agosto de 2024, en una audiencia sorpresiva, Duarte obtuvo libertad condicional bajo el argumento de que llevaba tiempo suficiente privado de la libertad y que su conducta había sido “adecuada”, sin haber recibido sentencia alguna.

La imagen era insólita: un político acusado de desviar más de mil millones de pesos, señalado de haber quebrado fondos públicos y endeudado al estado por generaciones…

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