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Opinión

No face. Por Raúl Saucedo

LA PROPUESTA

Dentro de la turbulencia mediática y jurídica de los últimos días dentro del sistema político mexicano, el pasado lunes se planteó en la propuesta de reforma judicial la figura de los jueces sin rostro. Esta medida busca proteger la integridad de los jueces que manejan casos de alta peligrosidad, especialmente aquellos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado, al mantener su identidad en secreto.

Los orígenes de los jueces sin rostro son en Europa, específicamente en Italia durante la década de los 80´s, en medio del combate contra la mafia de ese país.Posteriormente, esta práctica se extendió a países de América como Colombia y Perú en las décadas de los 90´s, donde los jueces enfrentaban amenazas y atentados por parte de grupos terroristas y narcotraficantes. La idea general detrás de esta figura es relativamente sencilla: proteger a los jueces de represalias al ocultar su identidad. No obstante, la implementación de esta medida es controvertida, ya que puede comprometer los derechos al debido proceso y a un juicio justo, al dificultar la identificación de posibles conflictos de interés o prejuicios por parte de los juzgadores.

En México, la propuesta de integrar jueces sin rostro surge en un contexto donde el planteamiento de reforma al Poder Judicial está relacionado con el contexto político actual, donde la reforma judicial ha sido vista por propios y extraños como parte de un proceso más amplio de reacomodo sistémico de México. A esto se suman las protestas de trabajadores del sector judicial, quienes temen que la reforma no solo afecte la estabilidad de los jueces, sino que también pueda comprometer los derechos laborales y la operatividad de los tribunales.

Las experiencias internacionales han demostrado que la implementación de jueces sin rostro puede conllevar en algunos casos desafíos legales y éticos. En Colombia, por ejemplo, los jueces sin rostro fueron eliminados después de varias décadas debido a los abusos y la falta de garantías procesales que conllevaban. En Italia, aunque esta práctica fue efectiva inicialmente, también fue objeto de críticas por violar principios fundamentales del derecho a un juicio justo. En todos los casos, la opacidad judicial y la falta de supervisión fueron los principales puntos de discordia.

La incorporación de jueces sin rostro en México plantea un dilema complejo: ¿cómo equilibrar la necesidad de proteger a los jueces en un contexto de violencia nacional, con la obligación de mantener un sistema judicial transparente y justo? La historia ha demostrado que, aunque los jueces sin rostro pueden ser una herramienta útil en la lucha contra el crimen organizado, su implementación debe ir acompañada de salvaguardas robustas para evitar abusos y proteger los derechos de los acusados.

Para que esta figura funcione en México, sería crucial establecer mecanismos de supervisión independientes y garantizar que la identidad oculta de los jueces no se convierta en una barrera para la justicia. Asimismo, es indispensable que la sociedad civil, los expertos legales y los organismos internacionales participen en el debate sobre cómo implementar esta medida sin sacrificar los principios democráticos que rigen al Poder Judicial.

A partir del primero de septiembre el Poder Legislativo en este país tendrá nuevos inquilinos y por lo tanto nuevas dinámicas políticas, el planteamiento de la incorporación de esta figura legal en la eventual reforma jurídica en la próxima legislatura estará en la mesa de aquellos que la quieran ver, aunque al parecer es evidente que el centro mediático y político está en la participación ciudadana solamente.

Me despido apreciable lector que la información política está a la orden del día y para algunos la verdadera casa de los famosos inicia este domingo y no queremos perder detalle…

@Raul_Saucedo

rsaucedo@uach.mx

Opinión

Inflexión. Por Raúl Saucedo

LO QUE SE VIENE EL DOMINGO

En entregas anteriores como LA URNA (1) y LA CLAVE (2) abordamos puntos del próximo ejercicio democratico en méxico considerando que la próxima jornada electoral del 1 de junio emerge no sólo como un evento democrático más, sino como un auténtico punto de inflexión para el gobierno federal. Más allá de la renovación de Congresos y gobiernos locales en un par de estados, la inminente elección directa de jueces, magistrados y ministros representa un desafío sin precedentes y una oportunidad estratégica que definirá el rumbo y la legitimidad del país.

La propuesta de reformar el Poder Judicial y someterlo a la voluntad popular fue una bandera clave de la administración anterior y ha sido refrendada por la actual. La promesa es clara: construir una justicia más cercana al pueblo, transparente y libre de vicios. Sin embargo, la materialización de esta visión a través de las urnas el 1 de junio no es un camino exento de riesgos. Para la administración federal, el resultado de esta elección judicial no sólo medirá el respaldo ciudadano a una de sus principales apuestas, sino que también sentará las bases sobre las cuales operará el poder judicial durante su sexenio.

Si la elección del 1 de junio deriva en la llegada de juzgadores alineados con la visión del gobierno, la política ejecutiva se podría ver fortalecida su capacidad para impulsar la agenda sin los contrapesos que un Poder Judicial tradicionalmente independiente suele ejercer. Esto, desde la óptica de sus simpatizantes, sería un avance para desatorar reformas y proyectos que, en ocasiones, fueron frenados por resoluciones judiciales. Sin embargo, para los críticos y la oposición, significa una concentración de poder sin precedentes y una erosión de la independencia judicial, pilar fundamental de cualquier democracia.

Por otro lado, si los resultados de la elección arrojan un panorama judicial más plural, con la llegada de juzgadores que no necesariamente comparten la misma visión política, el gobierno federal se enfrentaría a un Poder Judicial que podría actuar como un contrapeso más vigoroso. Esto, aunque potencialmente generador de fricciones y debates necesarios, sería visto por muchos como un fortalecimiento del sistema democrático de pesos y contrapesos, garantizando que el ejercicio del poder se mantenga dentro de los límites constitucionales.

La forma en que se desarrolló la campaña electoral para los puestos judiciales, la participación ciudadana y, sobre todo, la legitimidad percibida de los resultados, serán cruciales. Una elección pulcra y transparente podría otorgarle un capital político inmenso para legitimar su proyecto de nación. Sin embargo, cualquier indicio de irregularidad o polarización exacerbada durante el proceso podría enturbiar la imagen del gobierno y sembrar dudas sobre la verdadera independencia del Poder Judicial desde su génesis electoral.

Desde este teclado en la Ciudad de México, dónde estamos convencidos que la certeza jurídica es clave para el futuro de una nación, la configuración del Poder Judicial será observada con lupa. Un sistema judicial que genere confianza es vital para la atracción de capitales y el mantenimiento del estado de derecho. La elección del 1 de junio no es solo una votación de nombres; es la definición de las reglas del juego judicial para la próxima década, y con ello, de la gobernabilidad y la estabilidad democrática.

Esta reflexión viene a causa de que hoy es el último día de proselitismo para aquellos contendientes que el domingo mas haya de buenas voluntades vivirán el sistema político mexicano.

@Raul_Saucedo

rsaucedo@uach.mx

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