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Opinión

No face. Por Raúl Saucedo

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LA PROPUESTA

Dentro de la turbulencia mediática y jurídica de los últimos días dentro del sistema político mexicano, el pasado lunes se planteó en la propuesta de reforma judicial la figura de los jueces sin rostro. Esta medida busca proteger la integridad de los jueces que manejan casos de alta peligrosidad, especialmente aquellos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado, al mantener su identidad en secreto.

Los orígenes de los jueces sin rostro son en Europa, específicamente en Italia durante la década de los 80´s, en medio del combate contra la mafia de ese país.Posteriormente, esta práctica se extendió a países de América como Colombia y Perú en las décadas de los 90´s, donde los jueces enfrentaban amenazas y atentados por parte de grupos terroristas y narcotraficantes. La idea general detrás de esta figura es relativamente sencilla: proteger a los jueces de represalias al ocultar su identidad. No obstante, la implementación de esta medida es controvertida, ya que puede comprometer los derechos al debido proceso y a un juicio justo, al dificultar la identificación de posibles conflictos de interés o prejuicios por parte de los juzgadores.

En México, la propuesta de integrar jueces sin rostro surge en un contexto donde el planteamiento de reforma al Poder Judicial está relacionado con el contexto político actual, donde la reforma judicial ha sido vista por propios y extraños como parte de un proceso más amplio de reacomodo sistémico de México. A esto se suman las protestas de trabajadores del sector judicial, quienes temen que la reforma no solo afecte la estabilidad de los jueces, sino que también pueda comprometer los derechos laborales y la operatividad de los tribunales.

Las experiencias internacionales han demostrado que la implementación de jueces sin rostro puede conllevar en algunos casos desafíos legales y éticos. En Colombia, por ejemplo, los jueces sin rostro fueron eliminados después de varias décadas debido a los abusos y la falta de garantías procesales que conllevaban. En Italia, aunque esta práctica fue efectiva inicialmente, también fue objeto de críticas por violar principios fundamentales del derecho a un juicio justo. En todos los casos, la opacidad judicial y la falta de supervisión fueron los principales puntos de discordia.

La incorporación de jueces sin rostro en México plantea un dilema complejo: ¿cómo equilibrar la necesidad de proteger a los jueces en un contexto de violencia nacional, con la obligación de mantener un sistema judicial transparente y justo? La historia ha demostrado que, aunque los jueces sin rostro pueden ser una herramienta útil en la lucha contra el crimen organizado, su implementación debe ir acompañada de salvaguardas robustas para evitar abusos y proteger los derechos de los acusados.

Para que esta figura funcione en México, sería crucial establecer mecanismos de supervisión independientes y garantizar que la identidad oculta de los jueces no se convierta en una barrera para la justicia. Asimismo, es indispensable que la sociedad civil, los expertos legales y los organismos internacionales participen en el debate sobre cómo implementar esta medida sin sacrificar los principios democráticos que rigen al Poder Judicial.

A partir del primero de septiembre el Poder Legislativo en este país tendrá nuevos inquilinos y por lo tanto nuevas dinámicas políticas, el planteamiento de la incorporación de esta figura legal en la eventual reforma jurídica en la próxima legislatura estará en la mesa de aquellos que la quieran ver, aunque al parecer es evidente que el centro mediático y político está en la participación ciudadana solamente.

Me despido apreciable lector que la información política está a la orden del día y para algunos la verdadera casa de los famosos inicia este domingo y no queremos perder detalle…

@Raul_Saucedo

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Opinión

Estados Unidos comienza a sentir los efectos de una política de inmigración cercana a cero

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A un año del endurecimiento de la política migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump, diversas comunidades y sectores económicos de Estados Unidos comienzan a registrar los efectos de una reducción sostenida de la población nacida en el extranjero. Hospitales, empresas, escuelas y organizaciones comunitarias enfrentan ausencias que ya impactan su funcionamiento cotidiano.

De acuerdo con estimaciones de Oxford Economics, la inmigración neta se ubica actualmente en alrededor de 450 mil personas al año, una cifra muy inferior a los dos o tres millones anuales registrados durante la administración anterior. En 2024, la población nacida fuera del país alcanzó el 14.8 por ciento del total nacional, el nivel más alto desde 1890, aunque la tendencia apunta a una desaceleración marcada.

Las restricciones incluyen el aumento de tarifas de visas, una reducción casi total en la admisión de refugiados, la caída en el ingreso de estudiantes internacionales y la eliminación de programas de estatus legal temporal. El gobierno federal ha informado la expulsión de más de 600 mil personas, mientras que funcionarios han señalado que el objetivo es aproximarse a un escenario similar al de la década de 1920, cuando la inmigración neta llegó a cero.

Los cambios ya se reflejan en distintas regiones del país. En Luisiana, empresas constructoras reportan escasez de mano de obra; en Virginia Occidental, hospitales han perdido médicos y enfermeras formados en el extranjero; y en ciudades como Memphis, ligas deportivas comunitarias han visto disminuir su participación. En zonas con alta presencia migrante, comercios, iglesias y eventos culturales registran menor afluencia por el temor a detenciones.

En Marshalltown, Iowa, una ciudad donde cerca del 19 por ciento de la población es extranjera y se hablan decenas de dialectos en las escuelas públicas, las consecuencias también son visibles. Plantas procesadoras han reducido personal por la expiración de permisos laborales, proyectos de construcción se han visto afectados y familias inmigrantes han optado por retirar a sus hijos de las aulas ante la incertidumbre.

El impacto se extiende a sectores clave como la salud, la agricultura y el cuidado de personas mayores, donde una parte significativa de la fuerza laboral es inmigrante. Autoridades locales, empresarios y académicos coinciden en que, aunque los empleadores buscan alternativas como la automatización o el traslado de operaciones, muchas actividades siguen dependiendo del trabajo presencial.

Especialistas advierten que, a largo plazo, una inmigración reducida podría agravar los efectos del envejecimiento poblacional y limitar el crecimiento económico, especialmente en comunidades que han dependido de la llegada de nuevos habitantes para sostener su desarrollo.

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