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Opinión

No face. Por Raúl Saucedo

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LA PROPUESTA

Dentro de la turbulencia mediática y jurídica de los últimos días dentro del sistema político mexicano, el pasado lunes se planteó en la propuesta de reforma judicial la figura de los jueces sin rostro. Esta medida busca proteger la integridad de los jueces que manejan casos de alta peligrosidad, especialmente aquellos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado, al mantener su identidad en secreto.

Los orígenes de los jueces sin rostro son en Europa, específicamente en Italia durante la década de los 80´s, en medio del combate contra la mafia de ese país.Posteriormente, esta práctica se extendió a países de América como Colombia y Perú en las décadas de los 90´s, donde los jueces enfrentaban amenazas y atentados por parte de grupos terroristas y narcotraficantes. La idea general detrás de esta figura es relativamente sencilla: proteger a los jueces de represalias al ocultar su identidad. No obstante, la implementación de esta medida es controvertida, ya que puede comprometer los derechos al debido proceso y a un juicio justo, al dificultar la identificación de posibles conflictos de interés o prejuicios por parte de los juzgadores.

En México, la propuesta de integrar jueces sin rostro surge en un contexto donde el planteamiento de reforma al Poder Judicial está relacionado con el contexto político actual, donde la reforma judicial ha sido vista por propios y extraños como parte de un proceso más amplio de reacomodo sistémico de México. A esto se suman las protestas de trabajadores del sector judicial, quienes temen que la reforma no solo afecte la estabilidad de los jueces, sino que también pueda comprometer los derechos laborales y la operatividad de los tribunales.

Las experiencias internacionales han demostrado que la implementación de jueces sin rostro puede conllevar en algunos casos desafíos legales y éticos. En Colombia, por ejemplo, los jueces sin rostro fueron eliminados después de varias décadas debido a los abusos y la falta de garantías procesales que conllevaban. En Italia, aunque esta práctica fue efectiva inicialmente, también fue objeto de críticas por violar principios fundamentales del derecho a un juicio justo. En todos los casos, la opacidad judicial y la falta de supervisión fueron los principales puntos de discordia.

La incorporación de jueces sin rostro en México plantea un dilema complejo: ¿cómo equilibrar la necesidad de proteger a los jueces en un contexto de violencia nacional, con la obligación de mantener un sistema judicial transparente y justo? La historia ha demostrado que, aunque los jueces sin rostro pueden ser una herramienta útil en la lucha contra el crimen organizado, su implementación debe ir acompañada de salvaguardas robustas para evitar abusos y proteger los derechos de los acusados.

Para que esta figura funcione en México, sería crucial establecer mecanismos de supervisión independientes y garantizar que la identidad oculta de los jueces no se convierta en una barrera para la justicia. Asimismo, es indispensable que la sociedad civil, los expertos legales y los organismos internacionales participen en el debate sobre cómo implementar esta medida sin sacrificar los principios democráticos que rigen al Poder Judicial.

A partir del primero de septiembre el Poder Legislativo en este país tendrá nuevos inquilinos y por lo tanto nuevas dinámicas políticas, el planteamiento de la incorporación de esta figura legal en la eventual reforma jurídica en la próxima legislatura estará en la mesa de aquellos que la quieran ver, aunque al parecer es evidente que el centro mediático y político está en la participación ciudadana solamente.

Me despido apreciable lector que la información política está a la orden del día y para algunos la verdadera casa de los famosos inicia este domingo y no queremos perder detalle…

@Raul_Saucedo

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Opinión

¿Por qué Roberto Lazzeri? La hora de negociar duro. Por Caleb Ordóñez Talavera

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Cuando un país decide quién lo representa en Washington, no solo elige un nombre: elige una estrategia. Y México acaba de elegir números sobre discursos.

Caleb Ordoñez

Roberto Lazzeri Montaño —economista del CIDE, operador financiero de carrera, arquitecto silencioso de deuda pública y crédito productivo— está a punto de convertirse en el embajador mexicano en Estados Unidos justo cuando la relación bilateral entra a su etapa más técnica, más tensa y más cara de la historia reciente.

No es coincidencia. Es cálculo.

Es un hombre que viene de los números. Lazzeri no llegó a la política por la puerta grande de los partidos ni por los reflectores del activismo. Llegó en 2005 por las hojas de cálculo del entonces Distrito Federal, manejando deuda pública cuando la mayoría de los funcionarios de su generación todavía aprendían el oficio. De ahí pasó a Banobras, luego a la Secretaría de Hacienda, y eventualmente a dirigir simultáneamente Nafin y Bancomext —los dos brazos del crédito productivo del Estado mexicano— en uno de los momentos más volátiles para el financiamiento externo del país.

Su cercanía con la 4T no es ideológica en el sentido clásico: es funcional. Trabajó directamente con Rogelio Ramírez de la O, el cerebro económico del obradorismo, y entendió —mejor que muchos— cómo sostener estabilidad macroeconómica dentro de un proyecto político que desconfía de los mercados pero los necesita. Eso lo hace valioso para Claudia Sheinbaum: no solo entiende el modelo, sino que sabe ejecutarlo sin romperlo.

¿Por qué ahora y por qué él?

Esteban Moctezuma no sale de Washington por fracaso. Sale porque el tablero cambió de juego. Desde 2021 fue el interlocutor ideal para una etapa de transición: perfil conciliador, relaciones sólidas, útil en el paso de Trump a Biden y en la consolidación inicial del TMEC. Cumplió y seguramente seguirá en la vida diplomática de primer nivel.

Pero lo que viene no se gestiona con diplomacia política. Se gestiona con ingeniería económica.

El comercio bilateral entre México y Estados Unidos supera los 900 mil millones de dólares anuales. Más del 80% de las exportaciones mexicanas dependen del mercado estadounidense. La revisión del TMEC se aproxima en 2026 con sectores enteros bajo presión —automotriz, acero, aluminio, energía— mientras Washington mantiene un discurso endurecido sobre fentanilo, migración y crimen organizado que complica cualquier conversación comercial.

A ese escenario se suman dos relojes políticos que corren en paralelo: el Mundial 2026, donde México coorganiza con Estados Unidos y Canadá una logística de seguridad e inversión sin precedentes, y las elecciones intermedias americanas, donde el proteccionismo y la retórica antiinmigrante históricamente se disparan. Lazzeri aterrizaría en Washington justo cuando los tres se cruzan.

La apuesta y el riesgo

Mandar a un financiero a la embajada más importante del país es un mensaje que Washington sabe leer: lo que viene es negociación dura, no protocolo. Pero esa misma fortaleza es su mayor vulnerabilidad.

Lazzeri llega sin red política propia en Estados Unidos, sin los vínculos personales que toman años construir con congresistas, reguladores y grupos empresariales. En una capital donde las relaciones informales mueven tanto como los tratados formales, eso importa. Y el tiempo para construirlas será escaso: la revisión del TMEC no esperará a que el nuevo embajador encuentre su ritmo.

Su verdadero reto no es técnico. Es traducir credibilidad financiera en poder diplomático real: negociar aranceles sin sacrificar industrias mexicanas, defender el tratado sin contradecir la narrativa nacionalista de la 4T y mantener la confianza de los inversionistas extranjeros en un entorno global que premia la certeza y castiga la ambigüedad.

En la relación más importante (y más costosa) que tiene México, no hay margen para la curva de aprendizaje. Lazzeri lo sabe. La pregunta es si Washington también está dispuesto a escuchar al técnico que llega a cambiar las reglas del juego o solo a administrarlas.????????????????

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