El Gobierno estatal aseguró que el asesinato de las 15 personas en el Bar Colorado, entre ellas dos periodistas reconocidos, «a todas luces fue una acción del crimen organizado» y asumió el compromiso de esclarecer el caso a pesar de que «el delegado de la PGR, César Augusto Peniche Espejel, rechazara atraer el caso al considerar que se trata de homicidios simples, pues para él no existen elementos para configurar un delito federal».

Las quince personas fueron asesinadas por un grupo de hombres armados con rifles de asalto y pistolas de grueso calibre. La Fiscalía de Chihuahua señala como principal móvil de este homicidio múltiple a una posible relación con personas dedicadas al narcomenudeo, hasta ahora un delito federal.

Para el delegado de la PGR en esa entidad, la masacre está en el ámbito del fuero común y en su opinión no se configura algún delito del orden federal, pese a la petición efectuada a los tres niveles de gobierno para su esclarecimiento, por diversas asociaciones de periodistas de Chihuahua, pues entre las víctimas se encontraban dos comunicadores.

César Duarte asume con entereza y responsabilidad su compromiso con los chihuahuenses, tal y como lo expresó en su toma de protesta como gobernador el 4 de octubre de 2010 y días después lo reiteraba ante el presidente Felipe Calderón, en una reunión con gobernadores en funciones y electos, celebrada en ese estado del norte.