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Chihuahua

»No hay dinero ni para la nómina» Corral gastó 1,800 MDP de más.

Los diputados electos Carlos Olson San Vicente y Luis Aguilar dieron a conocer que según datos obtenidos del proceso de entrega recepción de la administración estatal, el actual gobierno del estado solicitó un adelanto de las participaciones federales por un monto de 3 mil 700 millones de pesos, sin embargo de esa cantidad 1 mil 800 millones de pesos deberían ser recibidos por el gobierno entrante que encabezará María Eugenia Campos.

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Es decir, ese dinero debería ser ejercido por la próxima administración, lo que no será posible, ya que se ejercieron por la actual administración que encabeza Javier Corral Jurado.

Presenta renuncia al gobierno estatal Carlos Olson San Vicente

En rueda de prensa detallaron que según cifras oficiales, la deuda al 2020 se encontraba en el siguiente estatus: 48 mil 122 millones de pesos, a largo plazo; 16 mil 292 millones de pesos con proveedores y participaciones y 4 mil 051 millones de pesos por deuda bancaria a corto plazo.

Los panistas señalaron que es necesario informar sobre la realidad de las finanzas estatales, pues tan sólo en lo que corresponde a la deuda, en 2016 se encontraba en 53 mil 518 millones de pesos, mientras que en este 2021 la deuda asciende a 64 mil 514 millones de pesos.

En su participación, Luis Aguilar detalló que el actual gobierno del estado adquirió créditos a corto plazo para poder responder a la deuda a largo plazo, sin embargo calificó la acción como una solución engañosa, pues el crédito a largo plazo tiene intereses menores.

“Tenemos un boquete financiero de 64 mil 514 millones de pesos, en el estado de Chihuahua, el cual debe tenerse muy claro para poder encontrar las soluciones, porque la situación no es fácil; se tienen grandes adeudos con los proveedores, mucho de ellos chihuahuenses, y hay que ver de dónde se les va a pagar”, explicó el legislador.

Por su parte, el diputado electo Carlos Olson San Vicente mencionó que el gobierno de Javier Corral pidió un adelanto de las participaciones federales por 3 mil 700 millones de pesos para poder cumplir con algunas obligaciones respecto a la deuda, de los cuales 1 mil 800 millones de pesos no le correspondían a la administración saliente, sino que es una cantidad que la nueva administración encabezada por María Eugenia Campos no va a recibir aun y cuando le correspondía.

Agregó que la presente administración al comprometer varios de sus recursos, tuvo que hacer largo el pago a los proveedores para poder responder a los créditos bancarios, de tal manera que hoy en día se le deben a los proveedores del estado 10 mil 820 millones de pesos.

Asimismo recordó que al inicio de la administración de Javier Corral se han venido solicitando presupuestos deficitarios cada año, lo que generó un fuerte desequilibrio entre los ingresos y los egresos, lo que resultó en una indisciplina financiera que llevó al estado a mantener un descontrol en el gasto que resultaron en esta crisis financiera por la que atraviesa el estado de Chihuahua.

Chihuahua

Declara SCJN despenalización del aborto en Chihuahua

Chihuahua, Chih.- Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararon inconstitucionales varios artículos del Código Penal del Estado de Chihuahua que penalizaban el aborto, tras aprobar la acción de inconstitucionalidad 1/2024 presentada por la Primera Sala.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentó el proyecto, el cual fue avalado con base en el amparo en revisión 666/2023, resuelto por la Primera Sala el 18 de octubre de 2023 con una mayoría de cuatro votos.

En dicha resolución, se determinó que los artículos 143, párrafos primero y segundo, y 145 del Código Penal de Chihuahua vulneran los derechos a la salud, la igualdad y la no discriminación de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

Además, se estableció que estas disposiciones imponen la maternidad de manera obligatoria, lo que atenta contra el derecho de cada persona a definir su proyecto de vida y a disfrutar del mayor nivel de bienestar físico, mental y social, garantizando así su autonomía sobre la salud y el cuerpo, incluyendo la libertad sexual.

El amparo también subrayó la responsabilidad del Estado Mexicano de garantizar el derecho a la salud de mujeres y personas gestantes, brindando acceso a los mejores servicios de salud sexual y reproductiva, entendidos como un estado de bienestar integral y no solo como la ausencia de enfermedades.

Asimismo, se determinó que el artículo 146, fracción primera, es inconstitucional, ya que, aunque prevé excusas absolutorias, sigue considerando el aborto como delito, incluso cuando la interrupción del embarazo no fue consentida, como en casos de violación o inseminación artificial no autorizada. Esta normativa criminaliza a la mujer sin sancionar la conducta, lo que afecta negativamente su derecho a decidir.

Pese a la resolución, el Congreso del Estado no modificó ni derogó los artículos señalados como inconstitucionales, por lo que la Primera Sala solicitó al Pleno de la Corte emitir la declaratoria general de inconstitucionalidad, la cual entrará en vigor una vez que se notifique al órgano legislativo local.

Al tratarse de una materia penal, la declaratoria tendrá efectos retroactivos, beneficiando a mujeres y personas gestantes que estén bajo investigación, proceso o hayan sido sentenciadas por aborto, así como a los profesionales de la salud que hayan realizado interrupciones del embarazo con consentimiento.

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