La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero declaró que no existen elementos suficientes para que las investigaciones por el homicidio del excandidato presidencial, Luis Donaldo Colosio sean reabiertas, como lo pidieron en días pasados familiares del asesino confeso, Mario Aburto.
La secretaria revelo que leyó la carta que le fue entregada al presidente de la República, además de que dijo, platicó con el último fiscal del caso, el hoy presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, quien la puso al tanto de las indagatorias sobre el caso.
“Yo le preguntaba hace unos días y me decía la investigación del caso prácticamente está cerrada, el hizo un estudio impresionante, se acuerdan que él fue el último encargado de la fiscalía del caso y tiene un disco que me acaba de obsequiar en donde las pruebas periciales son todas hechas por institutos de la universidad nacional”.
Además, refirió que los elementos contenidos en las pesquisas no son suficientes para considerar la posibilidad de que las investigaciones sean reabiertas, ya que “hay sentencias definitivas y hay una investigación científica de altísimo nivel de la universidad sobre todos estos hechos”.
“Si hay elementos supervenientes sí, si no hay elementos supervenientes. Esa es la única rendija que se dejó: hechos supervenientes, podría haber hechos supervenientes, pero no ha habido ningún hecho superveniente”.
Ante ello, descartó que la simple petición que los familiares de Aburto hicieron al ejecutivo federal, sea suficiente para dar reaperturas a las indagatorias.
Javier Duarte podría quedar libre en los siguientes días
El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, ha sido absuelto del cargo de desaparición forzada durante una audiencia virtual, lo que abre la puerta a que el político priísta pueda salir libre.
Durante la audiencia, que se llevó a cabo este viernes desde Pacho Viejo, en Coatepec, Veracruz, Duarte consiguió el sobreseimiento del proceso penal en su contra por su presunta participación en el delito de desaparición forzada, por lo que ya no podrá ser juzgado por dicho crimen.
Javier “N” permanece detenido en elReclusorio Norte, ubicado en la CDMX, donde desde el año 2017 lleva su proceso tras declararse culpable de lavado de dinero y asociación delictuosa, Sin embargo, en el año 2022 un juez de control de Pacho Viejo dictó prisión preventiva contra el ex funcionario por el delito de desaparición forzada del policía David Lara Cruz.
Dicho elemento policiaco acudió a una evaluación de Control de Confianza en la academia de policía en la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz. Días después, David Lara fue encontrado muerto en la Barranca de La Aurora, donde se encontraron restos humanos.
Por ello, la Fiscalía del estado acusó a Duarte de ocultar la existencia de más víctimas, las cuales de 22 posibles personas en la fosa, se terminó reduciendo a sólo seis. Tras el resultado de la audiencia, estas acusaciones quedaron sin efecto.
¿Por qué Duarte podría quedar libre?
Luego de su captura en 2017, Javier Duarte fue acusado por el desvió de más de 3 mil millones de pesos durante su gestión en Veracruz y en 2019 fue sentenciado por un juez federal a nueve años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El cómputo de la sentencia contra Duarte empezó a correr desde 2017 y aunque su condena termina en 2026, el ex gobernador tiene la posibilidad de salir antes de prisión bajo el criterio de buen comportamiento y con el sobreseimiento del caso de desaparición forzada, que generó en su momento fuertes movilizaciones por parte de colectivos de familias de desaparecidos que exigían un castigo ejemplar para el ex gobernador.
Hasta el momento, la Fiscalía de Veracruz no se ha pronunciado al respecto del fallo judicial favorable para con Duarte.
Cabe recordar que Javier Duarte, gobernador de Veracruz de 2010 al 2016 fue arrestado en Guatemala en abril del año 2017 luego de seis meses de haberse dado a la fuga durante la investigación en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada.