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Opinión

No hay olvido. Por Raúl Saucedo

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Decreto historico

En el inicio de la nueva administración el viento fue favorable para la historia, pareciera como si los susurros de miles se desplegarán nuevamente con consignas viejas (algunas de ellas vigentes aun). Las voces calladas, los estudiantes que un día alzaron la mano y fueron devorados por el silencio impuesto por el sistema, rondaban una vez más en el aire de la Ciudad de México. Fue este miércoles 2 de octubre y primer día del gobierno de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, que en su primera conferencia de prensa, el pasado alcanzo a el presente, y en las palabras de la mandataria, las heridas de una nación se reconocieron a sí misma.

Claudia Sheinbaum firmó su primer decreto, uno que no solo hablaba de justicia, sino que invoca el espíritu de un país que nunca dejó de recordar. El decreto, cual conjuro añorado, establecía que lo ocurrido el 2 de octubre de 1968, en la plaza de las tres culturas en Tlatelolco, debía ser reconocido por lo que siempre había sido: un crimen de lesa humanidad. Aquella masacre, que se llevó consigo los sueños, proyectos y las vidas de estudiantes que exigían ser escuchados, eran ahora un grito de una «hija del 68».

La madre de la científica, una profesora del Instituto Politécnico Nacional (IPN), había estado allí, en medio del fuego cruzado, ayudando a los estudiantes. Por ello, este decreto no solo era una formalidad gubernamental; era un mandato del alma, un lazo entre generaciones que compartían el mismo anhelo de justicia. Como presidenta y como hija, Sheinbaum decidió que las heridas abiertas debían sanar, y la única manera de iniciarlo  era a través del reconocimiento y la memoria.

El decreto, que será publicado en el Diario Oficial de la Federación, no sólo reconoce en sus letras el terror de ese día, sino que también exige que el Estado Mexicano, pidiera una disculpa pública. En su texto, Sheinbaum dejó en claro que el gobierno que ella encabezaba asumía una responsabilidad moral y política frente a los hechos de 1968. En su calidad de jefa suprema de las Fuerzas Armadas, giró una orden tan solemne como tajante: “Nunca más”. Las estructuras militares, que un día arrebataron futuro no volverían a ser usadas contra el pueblo de México.

La plaza de Tlatelolco, donde la loza fue teñida de rojo, ya no era solo un lugar físico; se había convertido en un símbolo eterno de resistencia. Aquellos que perdieron la vida allí, cuyas voces aún resuenan entre los ecos de los edificios grises, recibían un aliciente histórico desde el poder. La secretaría de gobernación pronunciaba en nombre del Estado Mexicano la disculpa pública. Las palabras salieron con el peso de una historia no contada, pero conocida por todos. “Este crimen de lesa humanidad fue ideado, ejecutado y encubierto desde la más alta autoridad del poder público”. Y el aire, pesado y denso, pareció asentir.

El expresidente Gustavo Díaz Ordaz, el hombre detrás de la represión, había asumido en su momento la responsabilidad total de la masacre, pero no era suficiente. La sangre derramada no se limpia con palabras dichas en soledad. El proceso debía ser colectivo, debía involucrar a un país entero dispuesto a enfrentar su pasado. La disculpa no era solo para los muertos, sino también para aquellos que aún buscan en sus sombras una respuesta, una redención.

El 2 de octubre de 1968 no fue solo una fecha, fue un punto de inflexión en la historia de México. En aquel entonces, el país se preparaba para recibir los Juegos Olímpicos, y el gobierno de Díaz Ordaz temía que la imagen de estabilidad y orden que se querían proyectar al mundo de México se viera empañada por un movimiento estudiantil que desafiaba las estructuras del poder. Pero la represión no trajo paz sino dolor, y el país nunca fue el mismo.

Ahora, México bajo el mandato de la científica, los ecos de aquel octubre resuenan con fuerza, pero no con miedo. El decreto, firmado en el 56º aniversario de la masacre, es un llamado a la memoria, una advertencia al futuro. Nunca más se permitirá que el poder sea usado para silenciar al pueblo. La disculpa pública es un recordatorio de que la historia no se olvida.

Mientras la algarabía social y colectiva está atenta al inicio del gobierno de la primera mujer presidenta de este país, esté Chihuahua con espresso en mano espera con la firma plazmada la sanación familiar, histórica y social de lo que sucedió en el homónimo edificio

@Raul_Saucedo

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Opinión

Duarte: de los bares de Chihuahua al Altiplano. Por Karen Torres

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En México y en la política, lo que parece pasado, siempre regresa para explicar el presente. Hay nombres que regresan una y otra vez como si fueran espectros empeñados en recordarnos las fracturas del sistema. Uno de ellos es César Horacio Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua (2010-2016), figura central de uno de los expedientes de corrupción más voluminosos en la historia reciente del país.

Karen Torres A.

Y ahora, tras años de idas y venidas judiciales, vuelve a los titulares: la Fiscalía General de la República ordenó su recaptura y lo trasladó al penal de máxima seguridad del Altiplano.

Este episodio no ocurre en el vacío. Es parte de una historia que lleva casi una década escribiéndose entre detenciones, extradiciones, procesos fragmentados y una libertad condicional que muchos chihuahuenses vieron como una burla abierta.

Pero también es un movimiento político que envía un mensaje contundente: la nueva administración federal quiere que se entienda que, al menos en la Fiscalía, el viejo pacto de impunidad ya no opera “para algunos”. Y Duarte es la vívida señal, ojalá esto no se trate únicamente de justicia selectiva.

Duarte huyó de México en 2017, cuando la entonces Fiscalía de Chihuahua, bajo el gobierno de Javier Corral, integró al menos 21 órdenes de aprehensión en su contra. Los cargos eran amplios y concretos:

  • Peculado agravado por más de 1,200 millones de pesos,
  • Desvío de recursos públicos hacia campañas priistas,
  • Enriquecimiento ilícito,
  • Uso indebido de atribuciones y facultades
  • Y una red de empresas fantasma operadas desde su círculo íntimo.

Fue detenido en Miami el 8 de julio de 2020 en Estados Unidos. Ahí pasó 2 años mientras se resolvía un proceso de extradición. Finalmente, en junio de 2022, el gobierno estadounidense lo entregó a México bajo cargos de peculado agravado y asociación delictuosa.

Su llegada al país fue presentada por la Fiscalía como un triunfo institucional. Pero para Chihuahua comenzaba un capítulo distinto: la prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán, donde Duarte permaneció alrededor de 2 años más, entre audiencias diferidas, cambios de jueces y tácticas legales el caso se fue transformando en un rompecabezas jurídico que pocos lograron seguir con claridad.

Llegó la cuestionada libertad condicional de 2024: 

En agosto de 2024, en una audiencia sorpresiva, Duarte obtuvo libertad condicional bajo el argumento de que llevaba tiempo suficiente privado de la libertad y que su conducta había sido “adecuada”, sin haber recibido sentencia alguna.

La imagen era insólita: un político acusado de desviar más de mil millones de pesos, señalado de haber quebrado fondos públicos y endeudado al estado por generaciones…

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