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Opinión

No hay olvido. Por Raúl Saucedo

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Decreto historico

En el inicio de la nueva administración el viento fue favorable para la historia, pareciera como si los susurros de miles se desplegarán nuevamente con consignas viejas (algunas de ellas vigentes aun). Las voces calladas, los estudiantes que un día alzaron la mano y fueron devorados por el silencio impuesto por el sistema, rondaban una vez más en el aire de la Ciudad de México. Fue este miércoles 2 de octubre y primer día del gobierno de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, que en su primera conferencia de prensa, el pasado alcanzo a el presente, y en las palabras de la mandataria, las heridas de una nación se reconocieron a sí misma.

Claudia Sheinbaum firmó su primer decreto, uno que no solo hablaba de justicia, sino que invoca el espíritu de un país que nunca dejó de recordar. El decreto, cual conjuro añorado, establecía que lo ocurrido el 2 de octubre de 1968, en la plaza de las tres culturas en Tlatelolco, debía ser reconocido por lo que siempre había sido: un crimen de lesa humanidad. Aquella masacre, que se llevó consigo los sueños, proyectos y las vidas de estudiantes que exigían ser escuchados, eran ahora un grito de una «hija del 68».

La madre de la científica, una profesora del Instituto Politécnico Nacional (IPN), había estado allí, en medio del fuego cruzado, ayudando a los estudiantes. Por ello, este decreto no solo era una formalidad gubernamental; era un mandato del alma, un lazo entre generaciones que compartían el mismo anhelo de justicia. Como presidenta y como hija, Sheinbaum decidió que las heridas abiertas debían sanar, y la única manera de iniciarlo  era a través del reconocimiento y la memoria.

El decreto, que será publicado en el Diario Oficial de la Federación, no sólo reconoce en sus letras el terror de ese día, sino que también exige que el Estado Mexicano, pidiera una disculpa pública. En su texto, Sheinbaum dejó en claro que el gobierno que ella encabezaba asumía una responsabilidad moral y política frente a los hechos de 1968. En su calidad de jefa suprema de las Fuerzas Armadas, giró una orden tan solemne como tajante: “Nunca más”. Las estructuras militares, que un día arrebataron futuro no volverían a ser usadas contra el pueblo de México.

La plaza de Tlatelolco, donde la loza fue teñida de rojo, ya no era solo un lugar físico; se había convertido en un símbolo eterno de resistencia. Aquellos que perdieron la vida allí, cuyas voces aún resuenan entre los ecos de los edificios grises, recibían un aliciente histórico desde el poder. La secretaría de gobernación pronunciaba en nombre del Estado Mexicano la disculpa pública. Las palabras salieron con el peso de una historia no contada, pero conocida por todos. “Este crimen de lesa humanidad fue ideado, ejecutado y encubierto desde la más alta autoridad del poder público”. Y el aire, pesado y denso, pareció asentir.

El expresidente Gustavo Díaz Ordaz, el hombre detrás de la represión, había asumido en su momento la responsabilidad total de la masacre, pero no era suficiente. La sangre derramada no se limpia con palabras dichas en soledad. El proceso debía ser colectivo, debía involucrar a un país entero dispuesto a enfrentar su pasado. La disculpa no era solo para los muertos, sino también para aquellos que aún buscan en sus sombras una respuesta, una redención.

El 2 de octubre de 1968 no fue solo una fecha, fue un punto de inflexión en la historia de México. En aquel entonces, el país se preparaba para recibir los Juegos Olímpicos, y el gobierno de Díaz Ordaz temía que la imagen de estabilidad y orden que se querían proyectar al mundo de México se viera empañada por un movimiento estudiantil que desafiaba las estructuras del poder. Pero la represión no trajo paz sino dolor, y el país nunca fue el mismo.

Ahora, México bajo el mandato de la científica, los ecos de aquel octubre resuenan con fuerza, pero no con miedo. El decreto, firmado en el 56º aniversario de la masacre, es un llamado a la memoria, una advertencia al futuro. Nunca más se permitirá que el poder sea usado para silenciar al pueblo. La disculpa pública es un recordatorio de que la historia no se olvida.

Mientras la algarabía social y colectiva está atenta al inicio del gobierno de la primera mujer presidenta de este país, esté Chihuahua con espresso en mano espera con la firma plazmada la sanación familiar, histórica y social de lo que sucedió en el homónimo edificio

@Raul_Saucedo

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Opinión

Estados Unidos comienza a sentir los efectos de una política de inmigración cercana a cero

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A un año del endurecimiento de la política migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump, diversas comunidades y sectores económicos de Estados Unidos comienzan a registrar los efectos de una reducción sostenida de la población nacida en el extranjero. Hospitales, empresas, escuelas y organizaciones comunitarias enfrentan ausencias que ya impactan su funcionamiento cotidiano.

De acuerdo con estimaciones de Oxford Economics, la inmigración neta se ubica actualmente en alrededor de 450 mil personas al año, una cifra muy inferior a los dos o tres millones anuales registrados durante la administración anterior. En 2024, la población nacida fuera del país alcanzó el 14.8 por ciento del total nacional, el nivel más alto desde 1890, aunque la tendencia apunta a una desaceleración marcada.

Las restricciones incluyen el aumento de tarifas de visas, una reducción casi total en la admisión de refugiados, la caída en el ingreso de estudiantes internacionales y la eliminación de programas de estatus legal temporal. El gobierno federal ha informado la expulsión de más de 600 mil personas, mientras que funcionarios han señalado que el objetivo es aproximarse a un escenario similar al de la década de 1920, cuando la inmigración neta llegó a cero.

Los cambios ya se reflejan en distintas regiones del país. En Luisiana, empresas constructoras reportan escasez de mano de obra; en Virginia Occidental, hospitales han perdido médicos y enfermeras formados en el extranjero; y en ciudades como Memphis, ligas deportivas comunitarias han visto disminuir su participación. En zonas con alta presencia migrante, comercios, iglesias y eventos culturales registran menor afluencia por el temor a detenciones.

En Marshalltown, Iowa, una ciudad donde cerca del 19 por ciento de la población es extranjera y se hablan decenas de dialectos en las escuelas públicas, las consecuencias también son visibles. Plantas procesadoras han reducido personal por la expiración de permisos laborales, proyectos de construcción se han visto afectados y familias inmigrantes han optado por retirar a sus hijos de las aulas ante la incertidumbre.

El impacto se extiende a sectores clave como la salud, la agricultura y el cuidado de personas mayores, donde una parte significativa de la fuerza laboral es inmigrante. Autoridades locales, empresarios y académicos coinciden en que, aunque los empleadores buscan alternativas como la automatización o el traslado de operaciones, muchas actividades siguen dependiendo del trabajo presencial.

Especialistas advierten que, a largo plazo, una inmigración reducida podría agravar los efectos del envejecimiento poblacional y limitar el crecimiento económico, especialmente en comunidades que han dependido de la llegada de nuevos habitantes para sostener su desarrollo.

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