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México

No se aprobaran reformas constitucionales.

Los grupos parlamentarios de oposición del PAN y PRI en la Cámara de Diputados dejaron en claro a la bancada de Morena que en materia reforma político-electoral no avalarán reformas a la Constitución que atenten contra el avance democrático en el país.

Luego de que el coordinador de Morena en la Cámara baja, Ignacio Mier, explicó que será una reforma mixta con cambios a las leyes secundarias y a la Carta Magna, el vicecoordinador del Partido Acción Nacional, Jorge Triana Tena, acusó al morenista de pretender engañar a la oposición y advirtió que no hay condiciones para hacer cambios a la Constitución en esta materia.

“Yo no veo condiciones para que se apruebe la reforma Constitucional porque Morena no tiene la mayoría calificada para sacarla adelante. Toda la oposición, incluyendo al PRI que se ha manifestado en los últimos días, estamos en contra; entonces, yo no creo que tengan los votos para poderla sacar.

“Lo que quieren hacer es revolverla con modificaciones a la ley secundaria, donde ellos sí tienen mayoría para que haya un voto dividido y, bueno, seguramente así será”.

Triana dijo que el PAN está dispuesto a analizar únicamente las propuestas de cambio a las leyes secundarias, pero no cederá ante cambios constitucionales.

“Lo que pretende el gobierno es desaparecer los organismos electorales, el Tribunal Electoral, el propio INE, sustituirlo por un organismo de elecciones y consultas, propone eliminar a los Oples, centralizar las elecciones en un órgano que ya no va a estar ciudadanizado; entonces evidentemente lo que se busca es ahogar a los estados para que no puedan tener elecciones limpias y complemente confiables como las que hemos tenido hasta el momento”.

Por su parte, el vicecoordinador del Partido Revolucionario Institucional, Marco Antonio Mendoza Bustamante, dijo que el PRI en este momento no está interesando en impulsar una reforma electoral.

En cuanto a la reforma mixta que pretende impulsar Morena, afirmó que la postura del PRI es defender la democracia y las instituciones electorales que es algo muy importante para que México pueda seguir creciendo y consolidando su democracia.

“El PRI siempre estará del lado de las instituciones, porque el PRI fue el artífice a lo largo del siglo 20 de las instituciones que le dieron vida a la democracia mexicana y que han permitido que en México haya alternancia tanto en el Gobierno federal como en los estados”.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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