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México

No se limitan recursos para búsqueda de desaparecidos: Encinas

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, reiteró que para el gobierno federal es prioridad la búsqueda de personas desaparecidas, bajo el principio rector de localizarlas con vida, sin limitación de recursos.

En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario de la Secretaría de Gobernación (Segob) expuso que no hay limitación de recursos para estas tareas, pues incluso este año la administración federal dispuso de 350 millones de pesos adicionales.
En Palacio Nacional, precisó que dichos recursos adicionales son para la construcción de infraestructura en materia de identificación forense.

Refirió que la Comisión de Nacional de Búsqueda de Personas tuvo en 2018 un presupuesto de 420 millones de pesos “pero sólo en el papel porque en realidad únicamente se le asignaron ocho millones de pesos”.

Sin embargo, destacó que para este año se asignaron de manera directa 410 millones de pesos, de los cuales 210 millones están canalizados a los subsidios para las comisiones locales de búsqueda y el resto a las actividades directas que la Comisión federal realiza en coordinación con las instituciones y colectivos que representan a las familias de los desaparecidos.

Enfatizó que existe la disposición de la Comisión Nacional, con 200 personas de la Unidad de Búsqueda de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y la disponibilidad de recursos, para localizar a los desaparecidos, bajo el principio rector de la administración federal de encontrar a las personas con vida.

Encinas Rodríguez comentó que se hará una invitación oficial al Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Desaparición Forzada para que visite México en el segundo semestre de 2020.

Este es un vuelco en la política del gobierno federal en la relación con organismos internacionales, pues “no sólo estamos abiertos a la cooperación, sino al escrutinio, porque no hay nada que ocultar”, resaltó.

Aseguró que se atenderán las recomendaciones y las decisiones internacionales en materia de desapariciones, aunado a que se establecerán distintos convenios de colaboración científica para fortalecer los trabajos de campo en esta materia.

Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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