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«No somos ladrones» declara AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió sobrecosto en la construcción de la refinería de Dos Bocas al argumentar que en el cálculo inicial hubo gastos de equipos que no se contemplaron y descartó sanciones pues aseguró en su Gobierno «no hay ladrones».

En la conferencia mañanera en Palacio Nacional, el mandatario calculó el sobrecosto entre 2 mil y 4 mil millones de dólares y aseguró que en su Gobierno no hay ladrones ni se han hecho negocios turbios al amparo de dicha obra.

«Hubo un incremento en el caso de la refinería porque no se contemplaron originalmente equipos que se necesitan y se amplió el presupuesto, pero tienen que estar ustedes tranquilos, y desde luego toda la población, de que nadie hizo negocio para provecho personal en la construcción de la refinería», sostuvo.

«Que no hay corrupción, que ya no es el tiempo de antes, la responsable de construir la refinería Dos Bocas, es una mujer íntegra, honesta, esto es muy importante, y ya está terminada la refinería. Si quisiéramos hacerla ahora nos saldría pues al doble y no la terminaríamos en el tiempo que se construyó».

Los contratos de construcción hasta 2024 han aumentado a más de 14 mil millones de dólares y, según cálculos, probablemente sumarán entre 16 mil y 18 mil millones para cuando el complejo esté terminado, más del doble del precio original.

Reforma publicó que los sobrecostos de Dos Bocas, una de las obras emblema de este Gobierno y que fue inaugurada sin terminar el 1 de julio, están generando preocupación entre los miembros del Consejo de Administración de Pemex.

A inicios de agosto, este Consejo aprobó pedir al Gobierno 6 mil 500 millones de dólares adicionales para continuar las obras de la refinería, según un documento citado por Reuters y dos fuentes con conocimiento del tema.

«Es una gran obra, está informado el Consejo de Pemex sobre el costo de la refinería y de este presupuesto adicional que implica construir otros equipos que no se contemplaron en el costo inicial, y también todo el costo de integración y ya lo que va implicar la operación», abundó.

«Desde luego los medios de información que están al servicio de los grupos de intereses creados, de la oligarquía, de los que se dedicaban a saquear, a robar, pues están inconformes con todo lo que hacemos».

 

Fuente: el diario

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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