El 19 de Junio de 2016 quedará – al igual que un cúmulo de crímenes de todo orden- marcado con sangre en la historia de México. Mientras una explicación coherente sigue pendiente con respecto a los 43 normalistas desaparecidos el gobierno mexicano enfrenta, de nuevo, una crisis política. Apatzingán, Ayotzinapa, Tlatlaya y ahora Nochixtlán se suma a la lista de violaciones de derechos humanos durante el sexenio en curso.

Por: José Eduardo Ayala Barragán [email protected]

Pese a que no se sabe quién emboscó a quién, el enfrentamiento suscitado en la autopista Oaxaca-Cuacnopalan, a la altura del municipio mixteco de Asunción de Nochixtlán, dejó un saldo de ocho muertos según Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación. La versión del Comité de Nochixtlán asegura que son 11 las víctimas y más me medio centenar de heridos de bala.

Sin la intención de entrar en el terreno pantanoso de las versiones lo acontecido en Nochixtlán representa una oportunidad para que la desprestigiada y devaluada clase política cambie de rumbo. Con lo anterior no me refiero a reparar el daño u ofrecer una verdad histórica, que aunque será importante hacerlo va más allá, recae en dar un paso adelante hacia recuperar la confianza entre el pueblo y el gobierno.

Si bien el camino es largo y las negociaciones no se solucionarán de un día para el otro, nadie dijo que gobernar era fácil. Primeramente, tanto el gobierno como la CNTE, a la cual no hay que exonerar de toda culpa, tendrán que dar fin al histórico debate de sordos. Expresiones como “grupos extraños” o “ajenos”, como las que utilizó el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, tendrán que ser eliminadas. En otras palabras, el diálogo no puede partir del desconocimiento de los fenómenos sociales que surgen en un determinado espacio y tiempo, ya que si de algo estamos ciertos es que los acuerdos se generan sí y solo sí a partir del conocimiento.

La verdad y la inclusión de aquellos que han permanecido ajenos a la toma de decisiones son los mecanismos a utilizar para romper la rígida corteza de desconfianza e incertidumbre generada con el paso de los años. En esta lógica la presente administración está ante la posibilidad de que se haga justicia y sobre todo de demostrar su cuestionada capacidad de gobierno. No hay que caer en el error de responsabilizar a las autoridades por todo lo que pasa o deja de pasar.

La ciudadanía, por su parte, tendrá que asumir un rol activo para aumentar su visibilidad que garantice la dignidad del ser y el orden público. Por ende, toda lucha o reclamo que no aporte al crecimiento moral de la sociedad deberá de ser disuelta o ignorada por el razonamiento propio y reflexivo del ciudadano.

En resumen, el conflicto tiene que dejar las armas y utilizar las palabras que se capitalicen en acciones. Por consiguiente, es de los acuerdos y desacuerdos entre el pueblo, una fuente intangible e inagotable de ideas, recursos y posibilidades, y el gobierno que se construirán alternativas de cambio, sin embargo, reafirmo, los debates entre sordos tienen que terminar.