Nuevas revelaciones sobre las condiciones al interior de un centro de detención para familias migrantes en Texas han avivado las preocupaciones continuas de abogados que representan a niños migrantes.

Los detalles son parte de una demanda en la que el gobierno intenta poner fin a las protecciones para niños migrantes. Las declaraciones de familias retenidas en la instalación de Dilley, Texas —la cual reabrió en marzo pasado— describían agua persistentemente turbia, retrasos en la atención médica y niños que permanecen retenidos por largos períodos de tiempo.

Las acusaciones de niños que pelean con adultos para tener acceso a agua limpia, menores de edad en condiciones de estrés y las tardanzas en la atención médica salieron a la luz por primera vez a mediados del año, mientras el gobierno del presidente Donald Trump solicitaba a una jueza federal que pusiera fin a una política que protege a los niños migrantes.

La jueza Dolly Gee, en Los Ángeles, escuchó los argumentos del gobierno para poner fin al Acuerdo de Flores. La política limita el tiempo que Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus iniciales en inglés) puede retener a los niños migrantes, además de que requiere que permanezcan retenidos en condiciones seguras y sanitarias.

Después de que el mes pasado Gee le pidió al gobierno que proporcionara los tiempos de detención, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus iniciales en inglés) informó que el número de niños bajo custodia por más de 72 horas disminuyó de un promedio de seis a cinco días durante junio y julio, respectivamente. La «gran mayoría» pasó menos de 72 horas bajo custodia de la CBP, indicó el informe.

Los abogados que representan a los niños revisaron el informe y señalaron que algunos de los menores siguen siendo retenidos durante semanas, e incluso meses, a menudo sin justificación.

Unas 65 familias han hablado con abogados desde la reapertura de la instalación.

«Un enorme porcentaje de familias en Dilley están siendo aprehendidas desde distintos puntos del país mientras se presentan diligentemente a sus audiencias en tribunales de migración y a revisiones del ICE», señaló Leecia Welch, subdirectora legal de Children’s Right, en un comunicado dirigido a The Associated Press.

El agua del grifo es turbia, tiene un olor extraño y causa malestar estomacal, dijeron las familias a sus abogados. El jabón de manos que la instalación pone a disposición para las duchas ha estado causando erupciones, añadieron las familias. Los niños también tienen dificultades para consumir los alimentos, como los bocadillos de galletas Graham, manzanas, jugo y leche.

A los detenidos se les permite comprar productos básicos, como agua embotellada a 1.21 dólares.

«Nunca había oído hasta ahora que los niños tuvieran que comprar agua», subrayó Welch, quien lleva ocho años visitando a niños bajo custodia de la CBP y de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados.

Las familias tienen que pagar hasta 5.73 dólares por un desodorante, 1.44 dólares por una barra de jabón y 2.39 dólares por pasta de dientes, destacó Welch en documentos judiciales. Una sola tableta de Tylenol cuesta 1.30 dólares, dijo.

Un niño al que le dolía el estómago tuvo que esperar seis horas para que una enfermera lo atendiera y no fue llevado a un hospital con apendicitis hasta que vomitó, según los documentos judiciales. Otro niño se cayó sobre su brazo y no fue sino hasta dos horas después que el personal lo llevó a un hospital para una radiografía.

Los padres dijeron que no hay actividades organizadas para los niños.

El hijo de una mujer le dijo que «ya no cree en Dios porque le reza pero aún no hemos podido salir de aquí», según su declaración, proporcionada por Welch.

Algunas familias están siendo liberadas sólo para ser detenidas nuevamente, explicó Welch. A una familia que fue liberada luego de pasar alrededor de 60 días en detención federal, se le pidió que se registrara con el ICE, y fue detenida nuevamente el día de su cita.