En las instalaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) se llevó a cabo la novena conferencia de prensa de la Red Nacional de Voceros con la finalidad de continuar la difusión de los beneficios del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP).

El tema desarrollado fue: “Derechos Humanos, cimientos del NSJP” impartida por Lic. Francisco Javier Pizarro, vocero Nacional del Sistema de Implementación de Justicia Cotidiana, en compañía del presidente de la CEDH, José Luis Armendáriz González y del Secretario Ejecutivo de la Comisión del Centro Estatal para Instrumentación de Justicia penal (CISPEN), Jorge Abraham Ramírez Alvídrez.

Javier Pizarro, señaló que este nuevo modelo de justicia representa la adopción de un nuevo paradigma cuyo eje rector es la garantía de preservar los derechos humanos de todos los involucrados en el proceso penal, pues fortalece y amplía sus derechos para que la víctima pueda aportar pruebas y participar en el proceso de manera directa, solicitar directamente la reparación del daño, impugnar ante un juez las resoluciones y omisiones del Ministerio Público, así como solicitar al juez que dicte medidas de prevención para su protección y para la restitución de sus derechos, sin necesidad de esperar a que el juicio acabe.

Uno de los puntos que destacó el vocero sobre el NSJP es el respeto de los derechos humanos del imputado a través de la presunción de inocencia; es decir, evitar que se trate como culpable a una persona hasta que se declare su responsabilidad mediante una sentencia dictada por el juez, la cual debe explicar e imponer en una audiencia pública.

Sobre el tema, el presidente de la CEDH expresó que: “El nuevo sistema indudablemente protege mejor. Para nosotros como Comisión significó una baja por quejas a derechos humanos, protege mejor los derechos de los imputados, pero también los derechos de las víctimas, es decir, es un sistema más sensible, más humano y más objetivo”.

El nuevo sistema de justicia penal deberá (por mandato constitucional) estar vigente en las 32 entidades federativas y en el ámbito de competencia federal para junio de 2016. En la actualidad diez estados trabajan en instrumentar la reforma.

Desde 2010 se realiza un estudio de seguimiento de los procesos de implementación de la reforma penal, que incluye trabajo de campo en los cinco estados con mayor antigüedad en el funcionamiento del sistema de juicios orales (Chihuahua, Oaxaca, Zacatecas, Estado de México y Morelos).

El nuevo modelo procesal implica un servicio de justicia de mayor calidad y con mejor capacidad de investigación técnica del Ministerio Público. Los recursos, capacidad y desempeño de los defensores públicos presentan las mayores mejoras.