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México

Obligados a rendir cuentas 868 instituciones públicas federales: INAI

Con la incorporación de 11 sindicatos, el cambio de adscripción de un instituto y de nombre de dos instituciones, así como la baja de tres más, el Padrón de Sujetos Obligados por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública asciende a 868 instancias, informó el INAI.

En un comunicado, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), detalló que en el corte del 3 de marzo de 2017, correspondiente al primer trimestre del año, se registró el cambio de adscripción del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Igualmente, el cambio de nombre del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, mientras que tres instituciones notificaron al INAI la baja de su clave presupuestal.

De esta forma, la actualización trimestral, que se hace para darle certeza a los solicitantes de información sobre los sujetos obligados por la Ley, está conformado hasta el primer semestre del año, por dos sujetos del Poder Legislativo Federal, esto es, las cámaras de Diputados y Senadores.

También por 110 organismos de la administración pública centralizada; 99 de la administración pública paraestatal; 65 empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones nacionales auxiliares de crédito e instituciones nacionales de seguros y de fianzas.

Forman parte del mismo catálogo cinco empresas de participación estatal mayoritaria y organismos descentralizados en proceso de liquidación y/o desincorporación; dos empresas productivas del Estado; siete empresas subsidiarias de Petróleos Mexicanos; tres tribunales administrativos y tres sujetos del Poder Judicial de la Federación.

La lista incluye ocho organismos autónomos; un organismo integrado por representantes del gobierno federal, de los trabajadores y de los patrones; cuatro instituciones de educación superior autónomas; y nueve partidos políticos, 19 fideicomisos y fondos públicos; 33 más en proceso de extinción; 356 fondos y fideicomisos; y 141 sindicatos.

MVS

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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