Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional del PRI se ha lanzado directamente contra César Duarte y otros dos gobernadores acusados de corrupción y sostuvo que en la lucha contra las prácticas de corrupción en los gobiernos estatales, el partido realizará un ejercicio de limpieza interna para después poder señalar también a los gobernantes que representan a otros partidos políticos.
Podría pedir al PRI de Chihuahua que desista impugnación
Entrevistado por Adela Micha para Grupo Imagen Multimedia sostuvo que pugnarán por que la impunidad y la corrupción dejen de ser parte de la vida cotidiana de los mexicanos.
Estaremos atentos para exigir la fiscalización de otros gobiernos de otros partidos políticos, pero el buen juez por su casa empieza y debemos ser certeros respecto a las decisiones que se han tomado en los estados con los sistemas locales anticorrupción”, acotó.
Mencionó que como parte de su compromiso para transformar al PRI, el lunes acudió al Senado para entregar una petición dirigida hacia la bancada priista para que se interponga un recurso para priorizar ante el poder de Justicia las órdenes de inconstitucionalidad que emitió gobierno federal en contra de los gobiernos de Veracruz y de Quintana Roo por la anticipación en la implementación ‘a modo’ del sistema de anticorrupción a nivel local.
El PRI tiene que ser garante de la transparencia y de la rendición de cuentas, en ese sentido, fui al Senado para entregar un escrito en el que se pide a los legisladores priistas para que el presidente del poder pida al poder de justicia que atienda las órdenes de inconstitucionalidad de manera inmediata”, puntualizó.
Asimismo, Ochoa Reza mencionó que durante los primeros 100 días de su dirigencia priista realizará una gira por todo el país, anticipando que sus primeras paradas serán en los estados que tendrán elecciones en el 2017.
Se reúne con Dowell y le pide detener impugnación
El día de hoy, Ochoa se reunió con Guillermo Dowell y Liz Aguilera representantes del PRI estatal donde trataron el tema de la búsqueda por parte del tricolor a través del tribunal electoral de anular la elección donde el PAN ganó por una enorme diferencia de votos.
El presidente del PRI nacional planteó a los chihuahuenses desistirse de buscar dicho procedimiento y detener la impugnación, respetando el voto de la mayoría en elEstado.
El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.
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