“Respeta la existencia o espera resistencia”

Carlos Toulet Medina

Apenas la semana pasada me ocupaba en señalar en este espacio que la corrupción ya era una parte taxativa de la gobernabilidad en México, y por ende, de nuestro comportamiento como sociedad. El día de hoy, dedicaremos estas líneas a saludar y confirmar al compañero histórico y cada vez más colorido de la corrupción en este hermoso territorio, hogar de la disparidad social e ideológica, llamado México: La violencia.

Por Carlos Toulet M.

Ambos fenómenos sociales, la corrupción y la violencia, agarraditos de la mano, han evolucionado a través del tiempo –y no solo en México– gracias a las incapacidades que poseemos como sociedad para comportarnos, participar y para exigir o hacer valer un estado de derecho eficiente, riguroso y en igual de circunstancia para todos.

Sin entrar mucho al detalle en la cronología de su evolución, en México nos encontramos con que en la anterior administración 2006-2012, a cargo de Felipe Calderon, se detonó un capitulo violentísimo gracias a la “fortaleza” con la que ex presidente quiso enfrentar al narcotráfico. A mi gusto y creo como al de todos, utilizar la fuerza pública para frenar al narcotráfico –drogas, extorsión, secuestros, trata, tráfico de armas, corridos, narcotelenovelas, etc. –, es una propiedad natural del mismo Estado. Su uso exclusivo para los fines que a la sociedad convengan está legítimo en la ley y sirve, con todas sus letras, para REPRIMIR a quienes no se portan bien y afectan a terceros.

El problema radica en que el Estado se ha mostrado incapaz en la activación y práctica de la represión, porque no es lo mismo tirar balas en Ciudad Juarez a narcotraficantes armados que se dedican al crimen organizado, que apaciguar a zapes a los maestros de la CNTE que tienen aislados a los pobladores de Oaxaca, que generan crisis en materia de salubridad y alimentación en poblaciones específicas y  que aparte arman la barahúnda vial en zonas metropolitanas del país. ¿Me explico?

Si quieren le ponemos colores.

Cuando de azul andábamos, el Estado se presumía fuerte, firme en la búsqueda de aplicar justicia a quienes actúan fuera de la ley, más imperaba el luto colateral de una sociedad gravemente herida sin deberla ni temerla, por una guerra que si bien nadie pidió, se dio sin mayores resultados a favor.

Pero hoy que de tricolor andamos, la cara del Estado luce más a tintes vulnerables por falta de credibilidad en las instituciones, falta de capacidades técnicas y de inteligencia para actuar eficientemente ante la violencia, pero sobre todo falta de carácter para actuar ante los estridentes manifestantes que incentivan la violencia, exponiéndoles cual débiles los vemos hoy. Gracias a esto, la inercia del crimen se agudiza continuamente.

Pareciera que mientras más se combate la violencia, más violencia se presenta. Existe mucho odio y resentimiento en el país a nombre de causas que se “asumen” buenas. Estamos todos beligerantes entre nosotros mismos, persiguiendo intereses particulares que nada suman en lo colectivo y solo hacen más compleja la impartición de justicia. Porque ciertamente, a todos se les quiere dar gusto.

La manifestación de las inconformidades “deja con que $” y las agrupaciones de choque están bien conscientes de eso. El uso de la violencia y la falta de respeto a las instituciones de seguridad pública –excluyendo al Ejercito y Marina, abrazo de gol para ellos– se ha hecho costumbre al grado de que se han abierto las puertas para que grupos cada vez más pequeños y segmentados ideológicamente, se manifiesten sus intereses por medio de cerrar carreteras, atacar edificios públicos, quemar archivos, robar inmuebles públicos o privados, ejercer el vandalismo y la violencia no importa contra quien, con tal de orillar al gobierno a brindarles atención y al final de cuentas ceder –completa o medianamente- contra sus demandas. Una vergüenza total.

El poder judicial en México se ha biodegrado. Caducó. No evolucionó al ritmo de una sociedad cada vez más soberbia e hiriente. Su notable desprestigio lo comprueba. No existe orden social ni estabilidad política. Ya ni hablar de estado de derecho.

Secuela.- En días pasados, 2 alcaldes murieron en el ejercicio –bueno o malo, no lo sé– de su labor. Según la Asociación Nacional de Alcaldes, 45 alcaldes han sido asesinados en los últimos 10 años   –7 electos y 32 “ex”–. 4 han muerto en lo que va del 2016, la mitad de ellos el pasado fin de semana.

Descansen en paz: Domingo López González, Alcalde de San Juan Chamula, Chiapas, y sus 4 colaboradores que perdieron la vida, en un lugar donde es increíble que siga existiendo un modelo de gobierno, informalmente,  de “Usos y Costumbres”; Ambrosio Soto Duarte, Alcalde de Pungurabato, Guerrero, a quien le querían cobrar 3 millones de pesos al mes para trabajar, y al negarse, aún con 4 escoltas del gobierno federal, pues lo balearon junto a su chofer.

Vaya aturdimiento y preocupación propagada por este tipo acontecimientos brutales y crimines colectivos que ocurren en México y otras partes del mundo. ¿Qué hay que hacer?