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México

Ofrece AMLO mediar en pleito entre Televisa y Grupo Alemán, dueña de Interjet

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó este jueves que su administración ha ofrecido a Grupo Televisa y Grupo Alemán ser intermediario debido al conflicto que hay entre ambas empresas.

«Hay un diferendo por la compra de unas estaciones de radio entre Televisa y los dueños de Interjet (Grupo Alemán). Nosotros hemos ofrecido nuestra intermediación para que lleguen a un acuerdo y que no se tenga que ir a tribunales, porque no los han pedido y estamos en la mejor disposición de ayudar a conciliar, para que estas empresas sigan dando servicio y sobre todo que se mantengan como fuentes de empleo», apuntó el mandatario federal.

El 25 de octubre, Grupo Televisa, la televisora más grande de México, afirmó que una compañía del empresario mexicano Miguel Alemán Magnani le debía dinero por sus estaciones de radio, por lo que acudiría a la vía legal.

Televisa había acordado en julio vender su participación de 50 por ciento en la operadora de radio Sistema Radiópolis a Corporativo Coral por mil 250 millones de pesos (65 millones de dólares).

Sin embargo, no hicieron un pago inicial de aproximadamente 32 millones de dólares, informó Televisa en su informe del tercer trimestre de 2019, publicado el 24 de octubre.

En tanto, el domingo pasado, Grupo Alemán acusó que Grupo Televisa pretende obtener un ‘doble pago’ en operación para concretar un negocio de radio con una de sus empresas, Corporativo Coral, con la ilegal protección de una jueza.

Al día siguiente, Televisa rechazó que haya realizado el doble cobro a la empresa de Alemán Magnani por la compra de Radiópolis, pues dijo que solo se trata del pago pactado inicialmente más el de la mora por el incumplimiento.

En un comunicado, Televisa agregó que le apenaba que la familia Alemán «esté enfrentado problemas de deudas y hasta de embargos por varias autoridades».

Sobre esto último, la aerolínea Interjet, propiedad de Alemán Magnani, descartó que sus cuentas estén embargadas y además negó que haya afectaciones en sus servicios debido al conflicto entre las empresas.

Por otro lado, López Obrador señaló que la conciliación es para que las empresas puedan seguir brindando sus servicios y se mantengan los empleos, pues cuando una compañía cierra los afectados son los trabajores.

«No queremos mortandad de negocios, queremos, al contrario, que cada vez estén más fuertes las empresas y que haya más, porque es abrir fuentes de trabajo», afirmó.

Fuente: El Financiero

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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