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Ofrece PGR disculpa pública a indígenas acusadas erróneamente de secuestro

La Procuraduría General de la República encabezó un acto de reconocimiento de inocencia en el que ofreció una disculpa pública a Jacinta Francisco, Teresa González y Alberta Alcántara, indígenas hñáhñú que viven en Querétaro. El acto se realiza en el Museo de Antropología de la Ciudad de México.
La PGR las acusó, hace más de una década, de un delito que no cometieron. Fueron responsabilizadas, sin pruebas, de haber secuestrado a seis policías de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI). Una sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJFA) ordenó la reparación del daño por la condena a emitida en contra de las indígenas, que era de 21 años de cárcel por el presunto secuestro de los policías.
Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dijo que con este reconocimiento de inocencia se atestigua “un acto de esperanza” y agradeció a las mujeres indígenas por su “persistente búsqueda de la verdad”. Señaló que Jacinta Francisco, Teresa González y Alberta Alcántara siguen adelante con sus vidas y son productivas. “Su perseverancia se ha vuelto un emblema de valentía”, dijo, y pidió una reforma de fondo en la Procuraduría General de la República.
Teresa González recordó las acusaciones de las que fue objeto y el sufrimiento de su familia por no tener los medios para defenderla. “No sabíamos qué es lo que estaba pasando (…) esta disculpa pública es una gran victoria porque cierra estos 11 años de lucha”.
Entre lágrimas, Alberta Alcántara recordó el tiempo que pasó en prisión y pidió a los indígenas que no se queden callados ante la injusticia. “Señor procurador espero no ser la última (que reciba) una disculpa pública”, dijo.
Raúl Cervantes, procurador general de la República, se dirigió a la tres indígenas, quienes a pesar de ser inocentes fueron encarceladas durante un tiempo que, dijo, no podrá ser devuelto a estas mujeres a pesar de la disculpa de las autoridades. Dijo que al exigir lo que les corresponde, las indígenas movieron al Estado a cumplir con su verdadera función, cumplir con lo que mandata la ley.
El titular de la PGR dijo: “Ante ustedes, Alberta Alcántara y Teresa González, reconozco públicamente su inocencia respecto de los delitos que se les atribuyeron y por los que de forma injusta fueron privadas de su libertad”.

TVSA News

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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