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Olivas Buhaya: “Estoy listo para fortalecer el estado de derecho”

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Con una trayectoria consolidada en el ámbito jurídico y una vocación marcada por el servicio público y la docencia, Carlos Alejandro Olivas Buhaya busca asumir una nueva responsabilidad al postularse como Juez Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos. Su objetivo es claro: contribuir al fortalecimiento del estado de derecho desde una nueva trinchera, pero con la misma pasión que ha caracterizado su carrera.

Originario del estado de Chihuahua, Olivas Buhaya es Licenciado en Derecho, Maestro en Derecho Constitucional y Administrativo, y cuenta con una especialización internacional en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución, realizada en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Toledo, España.

“La búsqueda de justicia y el respeto al marco legal siempre han sido el motor de mi carrera”, expresó en entrevista para Segundo a Segundo. “Considero que en el rol de juez tengo la oportunidad de impactar directamente en la vida de las personas, garantizando imparcialidad, certeza y respeto a los derechos fundamentales”.

Con experiencia como abogado litigante en materias civil, mercantil, administrativa y electoral, Olivas también ha desempeñado funciones en los tres niveles de gobierno y en distintos poderes del Estado. Fue Subsecretario y Coordinador de la Secretaría del H. Ayuntamiento de Chihuahua, Presidente del Consejo Local de Tutelas y asesor jurídico tanto en el Congreso del Estado como en el Congreso de la Unión. “Todo ello me ha permitido tener una visión integral del funcionamiento institucional”, aseguró.

Respecto a los retos del poder judicial en el ámbito civil, consideró que la accesibilidad y la agilidad en la impartición de justicia son aspectos clave. “El procedimiento civil por audiencias representa un avance en oralidad y transparencia, pero aún hay desafíos, especialmente en formación, criterios homogéneos y mayor cercanía con la ciudadanía”, explicó.

Además de su labor jurídica, Olivas Buhaya es catedrático en la Facultad de Derecho de la UACH, donde imparte la materia de Juicios Constitucionales Especiales. “La docencia me mantiene en constante actualización y me conecta con las nuevas generaciones de juristas. Me obliga a estudiar, reflexionar y transmitir valores como la ética y el compromiso con la verdad”, destacó.

Finalmente, envió un mensaje claro a la ciudadanía: “Pueden esperar de mí un juez preparado, imparcial, sensible y respetuoso de la ley. Sé que la confianza se gana con hechos, y estoy dispuesto a poner toda mi experiencia al servicio de la justicia”.

Chihuahua

Fiscalía impugnará amparo que permitió liberar a dueño del crematorio Plenitud

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La Fiscalía General del Estado exigió la revisión inmediata del amparo que derivó en la liberación de José Luis A.C., propietario del crematorio Plenitud, y anunció la presentación de recursos legales para revertir la decisión.

El fiscal César Jáuregui informó que se promoverá un recurso de revisión ante jueces del Poder Judicial de la Federación con el objetivo de que se recomponga la sentencia y las cosas vuelvan al estado en que se encontraban. Además, se interpondrá una queja ante los órganos de control del propio Poder Judicial para que se analice la actuación del juez que concedió el amparo.

El funcionario dio a conocer que sostuvo un encuentro con familias afectadas, a quienes explicó la postura institucional y ofreció respaldo en la búsqueda de que la resolución sea modificada.

En conferencia de prensa, acompañado por el fiscal de Distrito Zona Norte, Carlos Manuel Salas, y el vicefiscal, Francisco Sáenz, detalló que el Juzgado Séptimo de Distrito otorgó el amparo para ordenar la libertad inmediata del imputado, quien estaba detenido por delitos vinculados con el establecimiento donde el 26 de junio fueron localizados 386 cuerpos. La noche del 13 de febrero, añadió, se cumplimentó la determinación judicial y el hombre salió en libertad.

Jáuregui recordó que previamente ese mismo juzgado había negado una solicitud similar al considerar que los cadáveres permanecieron durante meses en condiciones insalubres y en descomposición, lo que implicaba un riesgo para la comunidad.

Expuso que la autoridad ministerial acreditó la existencia de 386 cuerpos sin tratamiento adecuado y que a familiares se les entregaron urnas con restos que no correspondían a sus seres queridos. Indicó que el juez que concedió el amparo centró su análisis en los verbos rectores de los delitos, ocultar y conservar, al estimar que no se configuraban porque los cuerpos no estaban escondidos.

El fiscal agregó que ya se diseña una estrategia jurídica y, para no entorpecer los procesos, se reservarán más detalles. Reiteró el compromiso de la institución para garantizar a las víctimas el acceso a la justicia.

Hasta ahora, la Fiscalía ha identificado 191 cuerpos, de los cuales 185 han sido entregados, y se realizaron 152 peritajes de ADN cuyos resultados se recibirán en los próximos días.

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