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México

ONG insiste en la existencia de tortura en México, a pesar de que AMLO asegura haber erradicado

Organizaciones de derechos humanos insisten en que la tortura se mantiene en México sin que haya sido eliminada, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que la tortura ha sido erradicada.

En el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura que se celebra este sábado, varias organizaciones recuerdan que existen casos puntuales que demuestran que el camino es largo y que la realidad dice otra cosa.

“Estas afirmaciones que se han hecho y que señalan que la tortura es un mal extinto y erradicado distan mucho de ser una realidad desgraciadamente”, dijo a Efe Ángel Salvador Ferrer, coordinador del programa de prevención de la tortura de la organización Documenta.

Agregó que su organización ha podido atestiguar en los últimos años que persisten este tipo de prácticas y recordó que organismos internacionales se refieren al problema como “un mal endémico, sistemático y muy extendido en el país”.

DEMASIADA EVIDENCIA

México sigue sin contar con un Registro Nacional del Delito de Tortura ni con un Programa Nacional contra la Tortura y la mayoría de los estados siguen sin contar con fiscalías especializadas que investiguen los delitos de tortura. (Foto: EP)
México sigue sin contar con un Registro Nacional del Delito de Tortura ni con un Programa Nacional contra la Tortura y la mayoría de los estados siguen sin contar con fiscalías especializadas que investiguen los delitos de tortura. (Foto: EP)

Según Ferrer lo que existe “es mucha evidencia que apunta en sentido contrario y que indican que la tortura es un mal muy presente dentro de distintos sistemas públicos y que se deben hacer muchísimas intervenciones para erradicarla”.

Recordó que en 2017 fue aprobada la Ley General contra la Tortura que ordenaba la creación de unidades en cada una de las fiscalías de los estados, las cuales deben asumir las investigaciones para casos de tortura, pero la mayoría de sus disposiciones no se aplican.

Agregó que México sigue sin contar con un Registro Nacional del Delito de Tortura ni con un Programa Nacional contra la Tortura y la mayoría de los estados siguen sin contar con fiscalías especializadas que investiguen los delitos de tortura.

Relató que en diciembre de 2020, en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el fiscal especial de tortura de la Fiscalía General de la República (FGR) reconoció “las enormes deficiencias que se tiene para investigar y probar la tortura”.

DENUNCIAS SIN RESOLVER

Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador holds a news conference as he said Nicaragua should not use repression or jail opponents, and that the people of the country should be able to make choices freely in elections, at the National Palace in Mexico City, Mexico June 25, 2021. Mexico's Presidency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVESMexican President Andres Manuel Lopez Obrador holds a news conference as he said Nicaragua should not use repression or jail opponents, and that the people of the country should be able to make choices freely in elections, at the National Palace in Mexico City, Mexico June 25, 2021. Mexico’s Presidency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS – THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

El activista dijo que, como muestra de ello, en 2019 la FGR presentó dos casos por tortura y solo hubo una sentencia.

En su análisis de México de 2019, el Comité contra la Tortura de la ONU destacó que de 3.214 denuncias de tortura realizadas en el país, apenas ocho dieron lugar a una detención y un juicio.

Además, destacó que existen graves deficiencias en investigar los señalamientos de tortura y se traslada la carga de pruebas a las víctimas.

El Comité recordó que en 2018 la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó una investigación en la que indicó haber hallado “sólidos motivos” de que al menos 34 detenidos habían sido torturados durante la investigación de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

DELITO SIN COMBATIR

(Foto: EFE)(Foto: EFE)

Señaló que esa cifras evidencian que la tortura no se está combatiendo como lo dice el Gobierno y agregó que existen muchos problemas para las víctimas para poder acreditar este delito, además del encubrimiento y nula investigación.

“Las cifras señalan que la tortura es un delito impune y no se puede investigar, además de que no existen costos por torturar porque no existen sentencias”, expuso.

Recordó que menos del 1% de los casos de tortura que se investigan llegan a una sentencia y habría que ver cuántas son condenatorias y cuántas absolutorias”, apuntó.

En el panel “¿Se erradicó la tortura en México?”, organizado esta semana por Amnistía Internacional, el secretario general de la Organización Mundial Contra la Tortura, Gerald Staberock, coincidió en que en México la tortura es una práctica existente.

Explicó que la tasa de impunidad sobre esta práctica es del 98% y la población más afectada son los grupos marginados, de color, indígenas y, en su mayoría, hombres.

Para Francisco Cerezo, coordinador del Comité Cerezo México, creado a raíz de la detención, tortura y encierro de sus hermanos Alejandro, Héctor y Antonio en agosto de 2001, “la tortura seguirá ocurriendo en el país mientras exista impunidad y no se castigue a los responsables”.

Recordó que la organización publica cada año un informe en el que documenta las detenciones arbitrarias por fuerzas de seguridad “y 40 de cada 100 personas que han sido detenidas de manera arbitraria sufrieron tortura”.

Sobre quiénes son los que torturan, Salvador Ferrer señaló que en el imaginario se señala mayormente a las corporaciones de seguridad y la tortura más documentada es la que se produce en los procesos de investigación criminal, pero “cualquier funcionario puede cometer tortura” lo cual incluye a policías, militares, pero también existe en otros sectores.

Un primer paso para combatir la tortura por parte de las autoridades mexicanas sería “reconocerla, mencionarla y dimensionarla” y organismos internacionales han señalado que es importante no tener un discurso de negación ante este delito, además de cumplir con las obligaciones que marca la propia ley.

EFE

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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