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ONU critica ocupación israelí de áreas palestinas.


GINEBRA (AP) — Expertos del máximo organismo de derechos humanos de la ONU criticaron el jueves la ocupación israelí de los territorios que los palestinos desean para su futuro Estado, la describieron como “ilegal de acuerdo con el derecho internacional” y dijeron que está cada vez más enquistada.

Los especialistas, miembros de una comisión especial, también solicitaron a la Corte Internacional de Justicia que emita su opinión sobre el asunto. La postura de los expertos está contenida en un informe presentado ante la Asamblea General de la ONU, que lo examinará la semana entrante.

La comisión investigadora de la Cisjordania ocupada, Gaza, Jerusalén Oriental e Israel fue establecida el año pasado tras la guerra de 11 días entre Israel y el grupo Hamas, que gobierna Gaza. Al menos 261 personas murieron en Gaza y 14 en Israel a causa de los combates, según Naciones Unidas.

El informe de 28 páginas destaca las lagunas del derecho internacional humanitario en torno a la ocupación y tiene como propósito aumentar la presión internacional a Israel para que ponga fin a los asentamientos y otras formas de control sobre las zonas palestinas, aunque no hay indicios de que Israel tenga intención alguna de hacerlo.

La comisión mencionó “motivos razonables” para concluir que la ocupación “es ilegal de acuerdo con el derecho internacional debido a su permanencia” así como por la “política de anexión de facto” del gobierno israelí.

“Al ignorar el derecho internacional con el establecimiento, o facilitando el establecimiento, de asentamientos, y transferir directa o indirectamente civiles israelíes a esos asentamientos, los sucesivos gobiernos israelíes han impuesto hechos en el terreno para garantizar un control israelí permanente en Cisjordania”, dijo Navi Pillay, una exjefa de derechos humanos de la ONU que preside la comisión.

El panel, al que las autoridades israelíes han acusado repetidamente de parcialidad en perjuicio de Israel, examinó las repercusiones que los muchos años de “ocupación y las políticas de anexión de facto” de Israel han tenido en los derechos humanos de los palestinos.

La comisión revisó cuestiones como la destrucción de casas y propiedad, el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad israelíes, las acciones de violencia por parte de los colonos judíos, los encarcelamientos multitudinarios de palestinos y las consecuencias del bloqueo aéreo, terrestre y marítimo de Gaza.

Israel alega que sus políticas, incluido el bloqueo, son medidas de seguridad necesarias para impedir las acciones de combatientes. Los palestinos reclaman Cisjordania, Jerusalén Oriental y Gaza —territorios que Israel capturó en la guerra de 1967— para su Estado, postura que tiene un enorme respaldo internacional.

Israel reclama Jerusalén Oriental como parte de su capital y afirma que Cisjordania es un territorio en disputa cuya condición final debe determinarse mediante negociaciones. Israel se retiró de Gaza en 2005 pero la mantiene bloqueada.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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