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México

ONU reafirma informe sobre tortura en caso Ayotzinapa

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU reafirmó este miércoles la validez de «la metodología y los hallazgos» del informe que hizo sobre el caso Ayotzinapa, tras las críticas hechas públicas el lunes por el Gobierno mexicano.

El informe, publicado el pasado 15 de marzo, concluyó que había fuertes indicios que hacen pensar que «al menos 34 personas detenidas durante la primera etapa de la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa en 2014 fueron torturadas y detenidas arbitrariamente».

«Estas serias violaciones fueron a su vez inadecuadamente investigadas y encubiertas», señalaba la ONU.

En respuesta, el Gobierno mexicano entregó el pasado día 7 a la Oficina de Derechos Humanos un documento que contenía varias observaciones críticas a ese informe.

Las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, así como la Procuraduría General de la República, dijeron que al publicar su informe la ONU «se desatendió» del llamamiento que le había hecho el Gobierno mexicano en favor de una colaboración que permitiese atender por canales institucionales las preocupaciones que tenía.

Asimismo, las autoridades mexicanas han respondido que tras aplicar el Protocolo de Estambul, que permite comprobar la existencia de tortura, «los resultados no sustentaron fehacientemente la comisión de tales actos».

Agregaron que los hechos están aún bajo investigación judicial, por lo que las conclusiones del informe de la ONU «son prematuras».

Sin embargo, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo este miércoles que su actuación se ciñe al mandato establecido en el acuerdo firmado en 2002 con el Estado mexicano, por el que creó una oficina para este país.

Asimismo, pidió a las autoridades mexicanas que implementen las recomendaciones de su informe «con el objetivo de esclarecer los hechos ocurridos, brindar reparación a las víctimas y garantizar la no repetición de estos trágicos eventos».

La Oficina también instó a México a concluir las investigaciones «dentro de un plazo razonable» y a identificar los responsables de las detenciones arbitrarias y de los actos de tortura.

En este sentido, la ONU aseguró que seguirá de cerca las investigaciones ya que «hasta la fecha nadie ha sido señalado como responsable» de esas graves violaciones de los derechos humanos.

Según la versión oficial del Gobierno mexicano, en la noche del 26 de septiembre de 2014 policías corruptos arrestaron en Iguala, Guerrero, a los 43 estudiantes y los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un basurero.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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