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México

Operador de Bejarano promovió a Abarca a cambio de $250 mil

Ricardo Baptista González, operador político de la corriente perredista Izquierda Democrática Nacional de René Bejarano y ex director Ejecutivo de la Asociación de Autoridades Locales de México, promovió al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, para ocupar espacios en dicho órgano que aglutina a los alcaldes de izquierda en el país.
Trabajadores de la mesa directiva de la AALMC, aseguraron que Baptista González recibió al menos 250 mil pesos de Abarca Velázquez, para promoverlo como vicepresidente, cargo que finalmente ocupó.
Asimismo, presentaron un documento fechado en marzo de 2014 donde Baptista pide al ex presidente municipal de Iguala, encarcelado por la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, la pre factura de la cuota anual que le correspondía al munícipe perredista.
“Como es de su conocimiento la AALMAC se sostiene fundamentalmente de las cuotas de los gobiernos municipales, ya que no recibe subsidios de ninguna índole; esta cuota anual tiene como contraprestación asistencia técnica, gestoría ante dependencias federales y organismos descentralizados, así como ante los Congresos locales y el Congreso de la Unión para lograr mayores recursos a los municipios…”, señala el documento firmado por Baptista.
Sin embargo, las fuentes consultadas acusaron que Baptista no informó sobre el destino de éste y otras contribuciones económicas que hicieron los gobiernos municipales.
Como presidenta de la Asociación de Autoridades Locales de México, Leticia    Quezada, ex delegada en Magdalena Contreras, denunció penalmente en 2014 a Baptista tras detectar malos manejos en la AALMAC.
“Yo recuerdo que hay incluso actas notariadas en las que la ex delegada acreditó los desvíos de recursos y la relación de Baptista con Abarca”, aseguró uno de los trabajadores que pidió el anonimato por temor a represalias.
Y agregó: “La pelea por la Asociación comenzó claramente con el rompimiento entre Leticia Quezada y René Bejarano, eso ha generado muchos conflictos porque Baptista nos acosa y trata de boicotearnos, piensa que este era su negocio”.
En una fotografía en poder de Crónica, Baptista González aparece con el ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, María de los Ángeles Pineda, esposa de Abarca, y con al ex secretaria de Desarrollo Social y ahora candidata del PRD a la gubernatura de Guerrero, Beatriz Mojica.

Fuente: La Crónica de Hoy

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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