Opinión

Opinión: El compañero Javier Corral

Por Frida Gómez.

En la Ciudad de México, el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral no es un ciudadano sino un “compañero”. No necesita amparos ni recursos legales contra actos arbitrariospues su militancia resulta ser talismán suficiente para recibir protección inmediatay de primera mano. Así que la escena que observamos este lunes 14 de agosto tiene dos grandes verdades sobre legalidad en las que no cabe el fanatismo y otras más sobre poder.

¿Tiene la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua facultades para actuar en la Ciudad de México? No. Para Corral o para cualquier ciudadano, la única autoridad facultada para investigar y realizar detenciones en la CDMX es la policía de investigación de la Fiscalía local, la ruta legal y correcta es el oficio de colaboración aceptado por la Fiscalía capitalina, a solicitud de la Fiscalía de la que emana la solicitud. Aquello de trasladar a funcionarios foráneospara cumplimentar una orden no es ni legal ni correcto.

¿Eso convierte a Javier Corral en inocente?

Tampoco. El hecho de que la Fiscalía de Chihuahua haya viciado la detención con un intento irregular de ejecutar una orden de aprehensión librada por un juzgador que tuvo que encontrar elementos suficientes con apariencia de delito para seguir adelante, no convierte todo el asunto en la inocencia automática de Corral. Tampoco tendría que ser una “venganza” de Maru Campos, la gobernadora actual, porque en esencia, las afirmaciones presidenciales serían suficientes para pensar en el uso faccioso de las instituciones por parte de ambos, tanto de Morena al trasladar a Javier Corral en compañía del mismísimo fiscal Ulises Laraigual que de quienes instruyeron y revisaron esa causa penal. ¿Se entiende la importancia de tener Fiscalías y juzgadores independientes? El hecho de que la justiciase aplique a contentillo político, para los enemigos y nunca para los amigos, es una señal de que, en nuestro país, la seguridad jurídica y el Estado de Derecho son mitos.

Peor en momento en que los juzgados muestran su peor cara librando al agresor de Lydia Cacho, Mario Marín en Puebla y con la intentona de librar al agresor de la saxofonista María Elena Ríos, el priísta también Vera Carrizal. ¿La diferencia? Que la sobreviviente al ataque con ácido es diputada suplente de Morena y a diferencia de Cacho, las condenas de los dirigentes de ese partido tuvieron la influencia suficiente para que el Consejo de la Judicatura de Oaxaca revocara la orden de liberación con rapidez sorprendente, unas horas después de que se dictara en audiencia la cínica absolución. Es decir que en este país, además de que la ley es mítica y aplicada a capacidad política, la justicia también resulta ser una “virtud compañera y militante” que solo está garantizada para quienes juegan en el mismo equipo que Morena, aunque la regla básica de civilidad democrática sea que se gobierna para todos y que la ley se aplica, tanto en investigación de alguien como protección, por igual.

Lo que no fue apegado a Derecho, innecesario inclusive y desgastante para la figura del Fiscal capitalino, fue su aparición protegiendo a Corral y transportándolo en su propio vehículo, que, aunque no sea en estricto sentido “encubrimiento”, si deja a un lado los principios básicos de conducción de una Fiscalía que ha tenido sobradas crisis de legitimidad, acusada de favorecer a los amigos y perseguir a los enemigos.

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Y si es que es o no venganza política, a quien le corresponde determinar si se cometieron los delitos de los que se acusa a Corral, que son peculado y corrupción, es a uno o varios juzgadores, uno de primera instancia y si fuere apelada esa decisión, al órgano colegiado de tres magistrados local y después al Poder Judicial de la Federación. No corresponde al presidente sugerir que los delitos son inexistentes porque, por un lado, no le consta y por otro, probablemente sus adversarios estén cumpliendo con una función preventiva al advertirle que con el chihuahuense se está echando un alacrán a la bolsa. ¿Acaso la militancia de Morena es una absolución mucho más efectiva que un amparo?

Parece ser que sí y no es algo bueno ni saludable para nuestro frágil e inobservado sistema de justicia. Es decir que, después de todo, quienes llevamos semanas denunciando un posible pacto de impunidad para Mario Marín a raíz del ascenso al poder de su ahijado, Alejandro Armenta en Puebla no estábamos tan equivocados. Este jueves amanecemos con un Poder Judicial de Oaxaca que políticamente reculó y modificó su decisión, evitando cometer una atroz injusticia en contra de María Elena Ríos y esa misma voluntad política debería imperar para todas las víctimas.

Aunque lo absurdo sea que al hablar de inculpados, tengamos que plantear el convencimiento de las voluntades políticas y no así el imperio de la ley.

Opinión

Huachicol y otros demonios. Por Caleb Ordoñez T.

México lleva ocho años combatiendo el huachicol y el huachicol lleva ocho años ganándole por goleada. López Obrador inauguró su gobierno cerrando ductos y prometiendo mandar al huachicolero al museo de la corrupción del pasado. Ocho años y una transición después, México registró 2,563 tomas clandestinas solo en el primer trimestre de 2026: una cada 51 minutos. El huachicolero no murió. Evolucionó, se puso corbata y aprendió política.

¿Por qué Huachicol?

“Huachicol” nombró primero al alcohol adulterado, era una bebida que prometía una cosa y entregaba otra, antes de migrar a la gasolina robada y, ya en su versión de cuello blanco, al huachicol fiscal. Somos creativos para ponerles nombres folclóricos a nuestras tragedias.

Caleb Ordoñez Talavera

Y esto dejó de ser folclor hace mucho. En el primer trimestre del año, Hidalgo registró 731 tomas clandestinas; Jalisco, 578; el Estado de México, 189. Cuautepec de Hinojosa, un solo municipio de Hidalgo, acumuló 202 perforaciones en tres meses. Una toma clandestina cada 51 minutos no es el vecino con una manguera a las tres de la mañana. Es una industria con horario de oficina, y una industria necesita nómina: gente para sacar el combustible, pipas para moverlo, bodegas para guardarlo y empresas de papel para lavar las ganancias. Y para sostener el aparato durante años hace falta el insumo más caro de todos: suficientes autoridades dispuestas a no ver, no oír y no preguntar.

Aquí conviene hacer una pausa honesta. El gobierno tiene un argumento real que oponer a esto: los aseguramientos han aumentado, no disminuido, y parte de la razón por la que ahora “vemos” más huachicol es que se está buscando más que antes. Es cierto. El problema es que ese argumento explica el número de decomisos, no el de tomas clandestinas —que también aumentó—, y tampoco explica por qué las redes de corrupción y protección que hacen posible semejante negocio han logrado sobrevivir durante ocho años. Encontrar más droga no prueba que se esté ganando la guerra contra el narco; encontrar más huachicol tampoco prueba que se esté ganando esta.

La escoba de Tabasco

Aquí entra Adán Augusto López. No existe sentencia que lo vincule con el huachicol ni está acreditado que perteneciera a La Barredora. Su problema es otro, y más incómodo: cuando gobernaba Tabasco, puso al frente de la seguridad pública a Hernán Bermúdez Requena, el hombre encargado de cazar exactamente a los delincuentes que terminó, presuntamente, dirigiendo.

Hoy Bermúdez está procesado como presunto jefe de “La Barredora”, organización señalada por extorsión, secuestro y robo de combustible. El hombre puesto a barrer el crimen de Tabasco terminó acusado de encabezar La Barredora llena de corrupción. Adán Augusto ha negado cualquier vínculo y no enfrenta cargos. Pero muchos tabasqueños aseguran que está involucrado.

Lo que no resuelve es la pregunta política: ¿cómo se gobierna un estado sin enterarse de lo que ocurre alrededor del propio jefe de Seguridad? Solo hay dos respuestas, y ambas son un problema. Si lo sabía, es gravísimo. Si no lo sabía, la pregunta es qué estaba gobernando exactamente. Para quien después llegó a secretario de Gobernación y hoy pretende conservar influencia en la definición electoral de 2027, ninguna cabe en un currículum, aunque ambas quepan en la política mexicana.

El huachicol aprendió a usar corbata

Mientras el país perseguía mangueras en el campo, el negocio se mudó a un piso más alto. El huachicol fiscal ni siquiera necesita perforar un ducto: puede bastarle un barco, una importación mal declarada, una empresa fachada y un pedimento aduanal firmado por la persona indicada. Cambió la camioneta por un escritorio y la manguera por un sello.

Las investigaciones han tocado ya a mandos vinculados con la Marina, la institución a la que López Obrador entregó el control de las aduanas para, supuestamente, erradicar la corrupción. Se le dieron las llaves de la puerta trasera a quien debía cuidarla. El pasado 17 de septiembre se conoció en Guanajuato el aseguramiento de 59 millones de litros de presunto combustible ilícito en diez tanques. Con una cifra así, preguntar solo quién manejaba la pipa es casi un acto de inocencia voluntaria. La pregunta es quién permitió construir la carretera —económica, institucional y política— por la que ese combustible circuló durante años.

Adán y la búsqueda incesante de gubernaturas

Tras el escándalo, Adán Augusto dejó la coordinación de Morena en el Senado y anunció que se dedicaría a tareas electorales rumbo a 2027, elección en la que se disputarán 17 gubernaturas para la que Morena ya registró 277 aspirantes. Lejos de desaparecer, sigue moviendo fichas: respalda públicamente a Andrea Chávez en Chihuahua, frente al alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar (favorito en encuestas), y participa en la operación territorial del partido en estados donde aún no se resuelven las candidaturas.

Es decir: mientras el país intenta averiguar cómo el crimen organizado penetró policías, gobiernos y negocios de combustible, uno de los políticos más salpicados políticamente por el caso sigue participando en la construcción del próximo mapa de poder. Solo en la política mexicana un escándalo de ese tamaño puede convertirse en escala y no necesariamente en lastre.

Los otros demonios

Nos acostumbramos a las fotografías de bidones y camionetas incendiadas —una imagen casi reconfortante porque colocaba al delincuente lejos del poder—. Pero un negocio capaz de producir miles de tomas clandestinas y sobrevivir durante ocho años no se explica únicamente desde abajo. Necesita perforadores, sí, pero también transportistas, empresarios y funcionarios que decidieron no complicarse la vida. Necesita, sobre todo, silencio comprado al mayoreo.

López Obrador creyó que bastaba con cerrar ductos. Sheinbaum enfrenta algo más incómodo: averiguar hasta dónde llegan las tuberías políticas que heredó y decidir —con nombres y cargos, no con comunicados— cuánto está dispuesta a seguirlas. Decomisar combustible es relativamente sencillo; investigar las redes de funcionarios, empresarios y protectores que permitieron que el negocio sobreviviera mientras el gobierno presumía combatirlo es otra cosa.

Ahí empiezan los otros demonios. Porque seguir una manguera es fácil. Lo verdaderamente peligroso es seguir el dinero y, de ahí, sin desviarse, seguir al poder mismo.

¿Alguien les pondrá un alto?