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Oportuno subir impuestos a refrescos y cigarros: diputada

La secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Laura Imelda Pérez Segura, declaró que la actualización del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) es una propuesta “oportuna y responsable”, debido a la situación creciente de problemas de salud en México.

La legisladora de Morena destacó que se trata de un impuesto progresivo que está a favor de la salud y que pretende reducir el consumo de tabaco, alcohol, bebidas azucaradas y comida con bajo aporte nutricional; además de beneficiar a las personas con menores ingresos, pues se propone que lo recaudado sea destinado al sector salud.

Pérez Segura refirió que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 2018, las enfermedades del corazón y la diabetes mellitus fueron las dos principales causas de muerte en México, al representar 26.59 y 20 por ciento, respectivamente, del total de defunciones.

La evidencia internacional, señaló, sugiere que estos incrementos se encuentran muy relacionados con la ingesta de alimentos ricos en carbohidratos, tales como: bebidas azucaradas, dulces o aquéllos con bajo aporte nutricional.

Adicionalmente, destacó que el tabaquismo está dentro de las principales causas de muerte, sólo por debajo de los accidentes, y según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es considerado como una epidemia mundial que mata a seis millones de personas al año.

La diputada mencionó que de acuerdo con la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), se estima que en México hay alrededor de 11 millones de “fumadores pasivos, que a pesar de no fumar, son personas afectadas por el humo de los fumadores activos y que están altamente expuestos a enfermedades como asma, bronquitis y hasta diversos tipos de cáncer.

La secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados calificó estos datos de preocupantes e insistió en que es necesario hacer esfuerzos extras para cambiar estos hábitos de consumo, pues es de alarmarse que casi 50 por ciento de las personas que consumen alcohol sean jóvenes y niños que no pasan los 19 años.

La actualización de este impuesto es una medida prudente y que va acorde al contexto social que vivimos; se requiere combatir la creciente presencia de enfermedades crónicas y mejorar el sector salud, reiteró.

Pérez Segura agregó que trabajarán para que la propuesta de aumentar moderadamente el impuesto a bebidas azucaradas, alimentos no esenciales altos en densidad energética, tabaco y alcohol, sea tomada en cuenta en la próxima Ley de Ingresos que se revisa para su aprobación.

Fuente: Noticieros Televisa

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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