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Oposición acusa a SCJN de “favorecer” a López Obrador en Revocación de Mandato

La oposición mexicana acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de “favorecer” al presidente Andrés Manuel López Obrador después de que ordenó continuar con la consulta de Revocación de Mandato que impulsa el propio mandatario.

El derechista Partido Acción Nacional (PAN), la mayor fuerza opositora, criticó la decisión del miércoles de la SCJN, que obligó al Instituto Nacional Electoral (INE) a seguir con el proceso al admitir un recurso del presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Sergio Gutiérrez.

“Hubo una respuesta expedita de la Corte a la controversia del presidente de la Cámara de Diputados, con la clarísima intención de favorecer los deseos ególatras del presidente de ‘ratificar’ su mandato”, expresó el dirigente del PAN, Marko Cortés, en un posicionamiento del partido.

México tendrá en abril próximo la primera votación en su historia para la Revocación de Mandato al presidente en la mitad de su sexenio, aunque los simpatizantes de López Obrador promueven el ejercicio como una elección de “ratificación”.

La consulta, derivada de la Ley Federal de Revocación de Mandato promulgada en septiembre, afronta críticas porque el mismo López Obrador impulsa el ejercicio, por lo que la oposición lo ha acusado de “una campaña permanente” para movilizar a sus bases.

Además, el PAN criticó que la Suprema Corte, donde cuatro de los 11 ministros llegaron nominados por López Obrador, no haya respaldado al INE, que ha denunciado que no puede realizar la consulta porque el Congreso le recortó 4 mil 913 millones de pesos para 2022.

“Para nosotros está muy claro que la Corte no aplicó los mismos criterios en sus resoluciones. Respetamos la decisión de las ministras (que avalaron la decisión), pero en este caso en particular existe el riesgo de que la interpretación de la ley se politice”, consideró el dirigente del PAN.

A las críticas se sumó el opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD), que exigió a la SCJN que “resuelva con apego a la Constitución y valide que esa farsa consulta desvirtúa a todas luces el espíritu de la revocación de mandato”.

“Que ya lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, es para la renovación de mandato”, declaró el dirigente Jesús Zambrano en el posicionamiento del PRD.

Zambrano también solicitó al INE “verificar y revisar” las casi 10 millones de firmas que los simpatizantes de López Obrador entregaron para el ejercicio, que para realizarse requiere el apoyo de 2.75 millones de votantes, el 3 por ciento de la lista nominal.

El plazo para recopilar las rúbricas venció este sábado 25 de diciembre, pero el ente electoral informó de que, hasta el viernes 24 de diciembre, solo 1.4 millones de firmas habían pasado “por los controles y revisiones necesarias”.

Fuente: EFE

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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