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Ordena juez detener a la dueña del Colegio Rébsamen

Un juez libró dos órdenes de aprehensión contra Mónica García Villegas, directora y dueña del colegio Enrique Rébsamen. Las órdenes son por uso de documentos falsos y el homicidio culposo de 26 personas, 19 niños y 7 adultos, que murieron por el colapso de uno de los edificios del plantel por el sismo del pasado 19 de septiembre.

Una de las órdenes es por la presentación de un certificado de uso de suelo falso ante el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y por el cual dicho instituto presentó una denuncia penal en febrero pasado, reportó El Financiero.

De acuerdo con la denuncia, citada por el diario, el certificado que presentó García Villegas – quien también era la representante legal de la escuela – no era del Colegio sino de un predio ubicado en César Elpidio Camales, antes Calle 4, S/N, manzana 102, lote 845-D, colonia Santa Marta Acatitla, Iztapalapa.

La directora compareció ante las autoridades, se deslindó del documento y señaló a un hombre llamado Pedro Hernández como el gestor que realizó los trámites.

Autoridades judiciales confirmaron que, hasta la mañana de este domingo, García Villegas no había sido detenida ni se había presentado de manera voluntaria pues es uno de los dos requisitos, junto con el pago de una garantía de 500 mil pesos, para hacer efectiva la suspensión de amparo que obtuvo.

La segunda orden de aprehensión es por su presunta responsabilidad en el derrumbe de uno de los edificios de la escuela y por el que murieron 26 personas.

La denuncia penal, que fue interpuesta por la delegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, se basa en que las obras de ampliación en la escuela fueron la causa de que se dañaran elementos estructurales, lo que habría ocasionado que el edificio se desplomara durante el sismo del pasado 19 de septiembre.

El abogado Javier Coello Trejo dijo este lunes en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula que García Villegas está a buen resguardo y que solicitarán amparos contra las órdenes de aprehensión.

“Empieza la guerra jurídica, hay que parar la guerra mediática. Voy a defender a la dueña del Rébsamen con la ley en la mano y ya veremos si es culpable o es inocente”, señaló el abogado.

Con información de El Financiero y Radio Fórmula.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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