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México

Ordena juez federal liberar a Rodrigo Medina

Un juez de distrito ordenó esta noche la liberación inmediata del exgobernador Rodrigo Medina de la Cruz, quien se encontraba internado en el penal del Topo Chico desde esta madrugada, acusado de los delitos de peculado y daño al erario.
Si abandona la prisión en las próximas horas, como se prevé, el aún priista no habrá pasado ni un día tras las rejas, pues la justicia federal consideró que no existe evidencia que indicara que puede sustraerse de la acción de la justicia si está en libertad.
Apenas hoy a las 4:00 horas, luego de una maratónica sesión de imputación que inició el miércoles 25, el exmandatario había sido detenido y enviado al interior del reclusorio estatal, por orden del juez de control Miguel Ángel Eufracio, que lo vinculó por peculado y daño al patrimonio estatal, y ordenó su detención para evitar que huyera.
Esta noche el juez quinto de distrito en materia penal de Nuevo León, en la resolución del amparo 39/2017 promovido por el acusado, ordenó al juez de control dejar sin efecto la determinación, pues contravenía una suspensión concedida previamente.
“El órgano jurisdiccional ordenó al juzgador que las cosas vuelvan al estado que tenían al momento de concederse dicha suspensión, esto es, proveer la libertad e informar de inmediato a este juzgado de distrito del cumplimiento, apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa de cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización al momento de realizarse la conducta sancionada”, expone el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en una nota que publica hoy en su página.
De acuerdo con la resolución, Eufracio Rodríguez señaló que los delitos imputados son de naturaleza dolosa y atentan contra el patrimonio del Estado, aunque estimó como mínima la posibilidad de que el promovente se sustrajera de la acción de la justicia, pues ya anteriormente había comparecido en la misma causa, en la que se le acusa de haber entregado indebidamente estímulos fiscales por más de 3 mil millones de pesos a la armadora surcoreana KIA.
Para ordenar la liberación del priista, el órgano jurisdiccional señala que el delito atribuido no es grave ni amerita prisión preventiva oficiosa.
Por ello, al privarlo de la libertad, en la audiencia que inició el miércoles 25 de enero y concluyó la madrugada del jueves 26, el juez estatal no acató la suspensión provisional que había sido concedida, si se considera que el mismo juzgador consideró que no hay riesgo acreditado de que el imputado huya, como pudo haberlo legitimado al aplicar el principio de excepcionalidad contenido en los artículos sexto, 171 y 185 del Código Procesal Penal del Estado de Nuevo León, para imponerle la medida cautelar de prisión preventiva.
El amparo, sin embargo, no exime al imputado de comparecer ante el juzgado de distrito y de continuar con el juicio natural que se le sigue, pues al concedérsele la suspensión se le señala que deberá presentarse ante el juez de origen las veces que sea requerido y también ante el órgano jurisdiccional que le otorgó la protección legal, señala el CJF.
Luego de haber sido detenido, Medina fue internado en el penal del Topo Chico, donde se le tomó una foto como registro administrativo, en uniforme naranja, una imagen que se difundió hoy en redes sociales.
Durante la tarde el fiscal Ernesto Canales, que persigue al exmandatario, dijo que éste podría ser trasladado a otro reclusorio para proporcionarle mayor seguridad, además de que anticipó que Rodrigo Medina estaría en la cárcel durante 30 días.
Por la noche el abogado del exmandatario, Alonso Aguilar, estuvo en el exterior de la penitenciaría ubicada al norte de la capital, donde se le observó despreocupado.

Apro

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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