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México

Ordenan abrir caso de los 43

La Procuraduría General de la República (PGR) deberá entregar en versión pública la investigación que realizó por la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, así como las declaraciones de 36 militares que fueron entrevistados sobre los hechos.

Consistente con las resoluciones que sobre el tema ha emitido con anterioridad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Da tos (INAI) determinó que la reserva invocada por la PGR en el sentido de que se trata de información reservada por tratarse de una averiguación previa no es procedente, ya que se trata de sucesos en los que se puede presumir que hubo violaciones graves a los derechos humanos.

La comisionada ponente, Areli Cano, expuso que el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aún vigente, establece como excepción a la reserva de las investigaciones criminales el hecho de que se esté ante la presunción de la existencia de violaciones a las garantía fundamentales.

«Al tratarse de una averiguación previa que se encuentra en trámite resulta aplicable la causal de reserva contemplada en el artículo 14, sin embargo, existe una excepción prevista en el último párrafo del precepto referido, la cual señala que no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de una investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad», apuntó.

Sobre los acontecimientos, resaltó Cano, no sólo el INAI ha considerado que se está ante sucesos que pueden constituirse como vulneraciones graves, también otras instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se han pronunciado en el mismo sentido.

En su argumentación para negar la entrega de la información, refirió el comisionado Joel Salas, la PGR señaló que dentro de su investigación no había demostrado que se tratara de violaciones graves a los derechos humanos, sino que se trata de otros ilícitos diversos, como el de delincuencia organizada, secuestro y delitos contra la salud.

«Evidentemente nosotros, a través del proyecto que nos propone la comisionada Cano y como hemos resuelto en otros muchos recursos sobre los sucesos de Ayotzinapa, hacemos esta interpretación a primera vista de que sí hay violaciones graves», indicó.

Fuente: El Siglo de Torreón

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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