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México

Ordenan abrir caso de los 43

La Procuraduría General de la República (PGR) deberá entregar en versión pública la investigación que realizó por la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, así como las declaraciones de 36 militares que fueron entrevistados sobre los hechos.

Consistente con las resoluciones que sobre el tema ha emitido con anterioridad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Da tos (INAI) determinó que la reserva invocada por la PGR en el sentido de que se trata de información reservada por tratarse de una averiguación previa no es procedente, ya que se trata de sucesos en los que se puede presumir que hubo violaciones graves a los derechos humanos.

La comisionada ponente, Areli Cano, expuso que el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aún vigente, establece como excepción a la reserva de las investigaciones criminales el hecho de que se esté ante la presunción de la existencia de violaciones a las garantía fundamentales.

«Al tratarse de una averiguación previa que se encuentra en trámite resulta aplicable la causal de reserva contemplada en el artículo 14, sin embargo, existe una excepción prevista en el último párrafo del precepto referido, la cual señala que no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de una investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad», apuntó.

Sobre los acontecimientos, resaltó Cano, no sólo el INAI ha considerado que se está ante sucesos que pueden constituirse como vulneraciones graves, también otras instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se han pronunciado en el mismo sentido.

En su argumentación para negar la entrega de la información, refirió el comisionado Joel Salas, la PGR señaló que dentro de su investigación no había demostrado que se tratara de violaciones graves a los derechos humanos, sino que se trata de otros ilícitos diversos, como el de delincuencia organizada, secuestro y delitos contra la salud.

«Evidentemente nosotros, a través del proyecto que nos propone la comisionada Cano y como hemos resuelto en otros muchos recursos sobre los sucesos de Ayotzinapa, hacemos esta interpretación a primera vista de que sí hay violaciones graves», indicó.

Fuente: El Siglo de Torreón

México

INE impone multas por 18 millones de pesos a candidatos de la elección judicial por uso de acordeones y otras irregularidades

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este lunes la imposición de sanciones económicas por aproximadamente 18 millones de pesos a candidatos de la elección judicial del pasado 1 de junio, tras detectar diversas irregularidades, entre ellas la utilización de acordeones para inducir el voto.

Durante una sesión extraordinaria, el Consejo General del INE revisó los informes de gastos de campaña correspondientes al Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PJF) 2024-2025, así como de las elecciones judiciales locales celebradas en 19 entidades federativas.

La consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización, explicó que se analizaron más de 7 mil 300 informes de campaña correspondientes a más de 7 mil 700 candidaturas, con un universo auditado cercano a los 900 millones de pesos. Humphrey destacó que esta fiscalización representa el cierre técnico e institucional del primer proceso electoral judicial en la historia democrática del país.

De acuerdo con los datos presentados, la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) identificó un total de 17 mil 596 conductas irregulares: 8 mil 49 a nivel federal y 9 mil 547 en los comicios judiciales locales. Por estas faltas, se propusieron sanciones por más de 10 millones de pesos en el ámbito federal y 8 millones en el local.

Entre los sancionados se encuentran los nueve candidatos ganadores de los cargos federales, incluyendo al próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, así como a las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel.

Una de las principales controversias giró en torno al uso de acordeones durante la jornada electoral. Mientras algunos consejeros calificaron esta práctica como “propaganda ilícita” al no haber sido reportada en los gastos de campaña, otros cuestionaron la validez jurídica de sancionar sin pruebas concluyentes.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, expresó su desacuerdo con las sanciones derivadas de los acordeones, al considerar que no existe “sustento jurídico suficiente” para su aplicación. Por su parte, la consejera Norma de la Cruz señaló que las únicas evidencias físicas corresponden a 336 acordeones de 10 modelos diferentes, sin que se haya podido acreditar quién los imprimió, su costo ni su distribución exacta.

No obstante, el consejero Arturo Castillo afirmó que la presencia de acordeones no reportados constituye una falta grave que debe ser sancionada, aun cuando los beneficiarios hayan resultado electos. En ese mismo sentido, Carla Humphrey subrayó que quienes aspiren a interpretar la ley deben ser los primeros en acatarla.

El pasado 15 de junio, el INE entregó las constancias de mayoría a los nuevos ministros de la Suprema Corte. Esta elección judicial histórica, derivada de una reforma constitucional promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la actual mandataria, Claudia Sheinbaum, redujo el número de ministros de once a nueve y creó un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial con facultades para supervisar a jueces de todo el país

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