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Ordenan detener a 8 policías por asesinato de ingeniero en Tamaulipas

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas logró se giraran órdenes de aprehensión contra 8 elementos de la policía estatal, por su probable participación en el homicidio del ingeniero Juan Daniel “N”, en un enfrentamiento el pasado viernes 7 de febrero.

Ya que, una vez valoradas las pruebas periciales pertinentes, así como los resultados de las indagatorias realizadas tanto por la Policía Investigadora y peritos de la Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, se logró establecer la citada probable responsabilidad de los involucrados.

Asimismo, en los estudios periciales se contabilizaron más de 200 balazos en la camioneta que tripulaba el ingeniero en Tamaulipas.
La Fiscalía no indicó si los ochos elementos policiacos ya fueron detenidos, o solamente dieron a conocer que se emitió la orden de aprehensión como ocurrió con la ejecución extra judicial en Nuevo Laredo, que avisados, lograron evadir la acción de la justicia.

Cabe destacar que los padres del ingeniero de 23 años, habían acusado a los policías estatales de asesinar a su hijo que había salido de su casa para comprar cervezas en el municipio de Río Bravo.

Esto, luego de que en redes sociales se diera a conocer la muerte de un joven, durante un enfrentamiento ocurrido el viernes 7 de febrero entre policías de Tamaulipas y hombres armados en dicho municipio.

Mientras tanto, la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública estatal reafirmaron su compromiso con vigilar y hacer cumplir el apego a la legalidad en la función de la Policía Estatal.

Así como se reconocen los importantes aciertos que han aportado los policías estatales para mejorar los niveles de seguridad en el estado, se actuará aplicando la disciplina y legalidad en contra de quienes no atiendan los procedimientos y el respeto a los derechos humanos», indicaron.

En un comunicado conjunto que se publicó un día después del asesinato del ingeniero en Tamaulipas, informaron que la autoridad ministerial inició las pesquisas correspondientes para determinar la forma en que se desarrollaron los hechos en los que muriera una persona de nombre Juan Daniel “N”.

Fuente: Uno TV

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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