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Ordenan liberar número de afectados por derrames de Grupo México

El INAI ordenó a la Secretaría de Salud hacer público el número de personas afectadas en su estado físico y las repercusiones en su estado actual de salud por el derrame de más de 40,000 metros cúbicos de lixiviados de cobre en el Río Sonora ocurrido en agosto de 2014.

Con esta orden, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pretende responder a un particular que solicitó a la dependencia se conociera sobre las repercusiones de aquel derrame del que una de las empresas mineras del Grupo México fue señalada como responsable.

“El pleno del INAI resolvió un recurso de revisión presentado por un particular inconforme con la respuesta del sujeto obligado (la Secretaría de Salud), quien en un primer momento se declaró incompetente para atender la solicitud y recomendó dirigirla a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y a la Secretaría de Salud del estado de Sonora”, dijo el INAI en un comunicado.

En la etapa de alegatos, la Secretaría de Salud turnó la solicitud a diversas unidades administrativas; sin embargo, hasta la resolución del recurso no demostró haber encontrado y entregado la información reclamada por el particular.

Pero el INAI determinó que la Secretaría de Salud sí es competente para atender la solicitud, ya que cuenta con atribuciones legales para actuar en casos de deterioro súbito en el ambiente que pongan en un peligro inminente a la población.

“Se tiene información pública de que el sujeto obligado (la Secretaría de Salud) ha realizado diversas acciones de monitoreo y atención médica especializada en dermatología, psicología, epidemiología y combate de vectores a la población afectada por el derrame de lixiviados al Río Sonora”, añadió el INAI.

Por lo anterior, el INAI revocó la respuesta de la Secretaría de Salud y le ordenó realizar una búsqueda exhaustiva del número de afectados en su salud, así como su estado actual a causa del derrame de lixiviados de cobre en el río Sonora.

La orden del INAI alcanza a todas las unidades administrativas que pudieran contar con los datos; sin omitir a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, la Dirección General de Epidemiología, la Dirección General de Promoción de la Salud, la Dirección General de Información en Salud y al Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades.

Ácido sulfúrico en ríos de Sonora

En agosto de 2014, la empresa Buenavista del Cobre fue señalada como la causante de una catástrofe medioambiental en los ríos Sonora y Bacanuchi de Sonora, que en la primera de sus repercusiones afectó el suministro de agua potable de 21,000 familias de las localidades vecinas.

En esas fechas, las autoridades federales responsabilizaron a Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, de haber derramado accidentalmente más de 40,000 metros cúbicos de ácido sulfúrico en aquellos ríos, con lo que además de las familias, también la flora y fauna locales se verían afectadas.

La Procuraduría General de la República (PGR) cateó entonces las instalaciones de Grupo México en Cananea, Sonora, para conocer de los responsables e información sobre el derrame.

El cateo de las instalaciones de Buena Vista del Cobre derivó de una acción legal presentada por la Profepa contra Grupo México el 18 de agosto de ese año, ante el derrame de sustancias tóxicas en los ríos Sonora y Bacanuchi.

La legislación penal mexicana en materia de delitos ambientales establece sanciones económicas por hasta 20 millones 187,000 pesos y penas de presión de hasta nueve años.

Buena Vista del Cobre es una minera que aporta el 18.8% del cobre que Grupo México produce a través de todas sus filiales.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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