Conecta con nosotros

Slider Principal

Ordenan liberar número de afectados por derrames de Grupo México

Published

on

El INAI ordenó a la Secretaría de Salud hacer público el número de personas afectadas en su estado físico y las repercusiones en su estado actual de salud por el derrame de más de 40,000 metros cúbicos de lixiviados de cobre en el Río Sonora ocurrido en agosto de 2014.

Con esta orden, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pretende responder a un particular que solicitó a la dependencia se conociera sobre las repercusiones de aquel derrame del que una de las empresas mineras del Grupo México fue señalada como responsable.

“El pleno del INAI resolvió un recurso de revisión presentado por un particular inconforme con la respuesta del sujeto obligado (la Secretaría de Salud), quien en un primer momento se declaró incompetente para atender la solicitud y recomendó dirigirla a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y a la Secretaría de Salud del estado de Sonora”, dijo el INAI en un comunicado.

En la etapa de alegatos, la Secretaría de Salud turnó la solicitud a diversas unidades administrativas; sin embargo, hasta la resolución del recurso no demostró haber encontrado y entregado la información reclamada por el particular.

Pero el INAI determinó que la Secretaría de Salud sí es competente para atender la solicitud, ya que cuenta con atribuciones legales para actuar en casos de deterioro súbito en el ambiente que pongan en un peligro inminente a la población.

“Se tiene información pública de que el sujeto obligado (la Secretaría de Salud) ha realizado diversas acciones de monitoreo y atención médica especializada en dermatología, psicología, epidemiología y combate de vectores a la población afectada por el derrame de lixiviados al Río Sonora”, añadió el INAI.

Por lo anterior, el INAI revocó la respuesta de la Secretaría de Salud y le ordenó realizar una búsqueda exhaustiva del número de afectados en su salud, así como su estado actual a causa del derrame de lixiviados de cobre en el río Sonora.

La orden del INAI alcanza a todas las unidades administrativas que pudieran contar con los datos; sin omitir a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, la Dirección General de Epidemiología, la Dirección General de Promoción de la Salud, la Dirección General de Información en Salud y al Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades.

Ácido sulfúrico en ríos de Sonora

En agosto de 2014, la empresa Buenavista del Cobre fue señalada como la causante de una catástrofe medioambiental en los ríos Sonora y Bacanuchi de Sonora, que en la primera de sus repercusiones afectó el suministro de agua potable de 21,000 familias de las localidades vecinas.

En esas fechas, las autoridades federales responsabilizaron a Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, de haber derramado accidentalmente más de 40,000 metros cúbicos de ácido sulfúrico en aquellos ríos, con lo que además de las familias, también la flora y fauna locales se verían afectadas.

La Procuraduría General de la República (PGR) cateó entonces las instalaciones de Grupo México en Cananea, Sonora, para conocer de los responsables e información sobre el derrame.

El cateo de las instalaciones de Buena Vista del Cobre derivó de una acción legal presentada por la Profepa contra Grupo México el 18 de agosto de ese año, ante el derrame de sustancias tóxicas en los ríos Sonora y Bacanuchi.

La legislación penal mexicana en materia de delitos ambientales establece sanciones económicas por hasta 20 millones 187,000 pesos y penas de presión de hasta nueve años.

Buena Vista del Cobre es una minera que aporta el 18.8% del cobre que Grupo México produce a través de todas sus filiales.

Política

Deudas electorales alcanzan a jueces y magistrados en el Distrito Bravos

Published

on

Entre las diez personas con mayor adeudo por multas derivadas del proceso de fiscalización de gastos de campaña se encuentran una jueza y una magistrada que actualmente desempeñan funciones en el Distrito Judicial Bravos, de acuerdo con registros oficiales de las autoridades electorales.

La jueza de Control del Tribunal Especializado en Narcomenudeo, Silvia Delgado García, encabeza la lista con el monto más alto pendiente de pago. Su adeudo asciende a 34 mil 960.26 pesos y permanece vigente desde agosto de 2025. Durante su campaña, la funcionaria fue señalada públicamente por haber representado legalmente a un presunto líder de una organización criminal trasnacional. El incumplimiento del pago quedó asentado en un acuerdo emitido el 16 de enero por la autoridad electoral estatal y en el apartado correspondiente de sanciones.

En los siguientes lugares se encuentran Ángel Gerardo Ontiveros Hinojos, Édgar Olivas Mariñelarena, Paola Lizeth Pérez Chávez y Óscar Jan Erntsson Hernández, con multas que oscilan entre los 18 mil 894 y los 23 mil 194 pesos.

En el sexto sitio figura la magistrada penal reelecta Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, quien mantiene un adeudo de 16 mil 065.88 pesos.

En la novena posición aparece Jesús Manuel Carrasco Chacón, exfiscal de Distrito Zona Norte hasta enero de 2023, cuando fue destituido. Carrasco Chacón buscó un cargo como juez penal fuera de Ciudad Juárez y tiene pendiente el pago de 13 mil 689.94 pesos, monto que fue reducido tras argumentar imposibilidad para cubrirlo en su totalidad.

En total, 435 personas candidatas dentro del proceso de elección judicial mantienen adeudos por multas. De ellas, 22 son actualmente jueces en el Distrito Judicial Bravos, entre quienes se encuentran, además de Delgado García, Rosa Amelia Bailón Payán, Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales, Karen Arteaga Rivas, Raquel Carlos Ávila, Edith Castruita, Félix Guerra, Marco Calderón y Maribel Vega, principalmente en materia penal. En estos casos, los montos pendientes son menores, con cifras que van de los 566 a los mil 697 pesos.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto