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México

Organiza alcaldesa de Rosarito fiesta en oficina de Presidencia

Mientras que las playas de Rosarito, punto medular de la economía del quinto municipio se encuentra cerradas a causa de la pandemia del Covid 19, la alcaldesa Hilda Aracely Brown Figueredo anda de fiesta desde el viernes por la noche.

Brown Figueredo asistió a la boda entre David Stravinsky y Sophia Alliani quienes, desde el viernes al mediodía, están celebrando con un evento con música en vivo.

A este festejo también acudió el ex gobernador y recién nombrado Notario, Xicoténcatl Leyva Mortera.

El evento se realizó en Quinta Contreras, lugar que al tiempo fue clausurado ya que no se contaba con permiso necesario.

Stravisnky es conocido colaborador del priísta Jorge Hank Rhon, pues en varias ocasiones se le ha visto cerca del dueño de Grupo Caliente.

La alcaldesa de Rosarito Araceli Brown Figuedero declaró que «no era borrachera» pero que si tomaron cervezas en una comida que se realizó en su oficina y que se hizo pública a través de redes sociales.

“No quiero que se confunda, porque sí vi cómo se tergiversó la información, no era una borrachera, comimos y con la comida se tomaron una cerveza y había en la mesa una botella de tequila que me llevaron de regalo”, comentó.

Dijo que ya pidió una disculpa pública por haberse quedado en la oficina de la presidencia, ya que ella tenía una cita y ahí comió y debió haberse retirado a su casa y haber atendido sus asuntos personales ahí.

En el video se puede ver también al integrante de los “Tucanes” mejor conocido como “El zurdo”, que toca el acordeón, a esto menciono que él estaba impulsando a jóvenes talentos de la comunidad, para que toquen música y se dediquen a esta profesión.

Brown Figueredo, comentó que sostuvo una conversación con la Secretaria de Honestidad y la Función Pública (SHFP), Vicenta Espinoza y aceptó que cometió un error en haberse quedado en las instalaciones de Gobierno, porque debio comer en un restaurante o su casa, aseguró que no contrató a los músicos, que ellos estaban ahi por una reunión.

Tras la difusión del video en el que aparece la alcaldesa de Rosarito, Aracely Brown Figueredo en tremenda fiesta con norteño y cervezas en la oficina presidencial, el síndico procurador del quinto municipio, José Luis Zazueta solamente suspendió al recaudador de rentas, Manuel González Araujo quien también aparece en el video.

González Araujo, fue suspendido en tanto se realicen las investigaciones derivadas de una posible falta a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado.

Hasta el momento, el recaudador es el único funcionario sancionado, a la alcaldesa ni la mencionó, sin embargo, señaló que las investigaciones continúan abiertas, toda vez que la ley es muy clara sobre lo que puede o no hacer un funcionario, en las áreas de trabajo.

Fuente: Agencias

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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