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Otorgó EU licencia de manejo a El Chapo Guzmán

Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, líder del Cártel de Sinaloa cuenta con una licencia de conducir expedida por el estado de California, Estados Unidos, desde 1988, reportó ayer la cadena de televisión estadounidense Univisión.

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Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, líder del Cártel de Sinaloa cuenta con una licencia de conducir expedida por el estado de California, Estados Unidos, desde 1988, reportó ayer la cadena de televisión estadounidense Univisión.

El documento, parte de un informe confidencial de la DEA difundido por la televisora en habla hispana, muestra una licencia a nombre de “Max Aragón”, uno de los alias de Guzmán, pero con la fotografía del narcotraficante. En la imagen se aprecia la fecha de expedición, los datos de altura, edad y una supuesta dirección en Los Ángeles, California.

Según el reporte de la DEA, la licencia fue usada por Guzmán para registrar dos automóviles Corvette adquiridos en Los Ángeles para ser posteriormente obsequiados a funcionarios públicos de seguridad en México.

En 1988, dice el reportaje transmitido anoche en Estados Unidos, “El Chapo” ya era un hombre buscado por la Agencia Anti Drogas de ese país, la DEA.

De acuerdo con los testimonios recabados por la televisora estadounidense entre autoridades de la Patrulla Fronteriza y de la DEA, El Chapo controla la mayor parte de la infraestructura y personal que opera en las principales ciudades del vecino del norte.

“En Chicago tenemos cerca de 100 mil miembros de pandillas callejeras, que no sólo causan estragos en la ciudad, sino que son contratistas involuntarios de El Chapo. Muchos se ganan la vida poniendo la droga de El Chapo en la calle.

Hacen el trabajo sucio”, dice en cámara John Ripley, agente de la DEA en la llamada ciudad de los vientos. (Con información de El Universal)

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Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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