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Otusourcing solo debe ser regulado y no destruido por el Gobierno: Coparmex

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Después de que el Congreso Federal recibió una iniciativa que pretenden eliminar la subcontratación, también llamada “outsourcing”, el presidente de la COPARMEX en Chihuahua, Jorge Cruz Camberos, dijo que es una acción incongruente del Gobierno Federal pues por un lado pretende “destruir” ese modelo por supuestamente no brindar prestaciones a los trabajadores, pero por otro redujo irregularmente los aguinaldos de los burócratas federales.

“Los aguinaldos son Derechos Adquiridos y no se les pueden reducir a los trabajdores de un plumazo; son ellos quienes primero incumplen la ley, si realmente quisieran mejorar las condiciones laborales respetarían, para empezar, las prestaciones de sus colaboradores”, sentenció el líder empresarial.

Agregó que la COPARMEX se ha pronunciado a favor del outsourcing que promueve la actividad económica y generación de empleo formal y digno, que cumple totalmente con todos los estándares legales en la materia y que es una figura reconocida a nivel mundial, no así en los casos de empresas que lo utilizan para evadir responsabilidades fiscales.

Recordó que otro de los “golpes duros” al empleo de los mexicanos, generados por el Gobierno de México, se consumó al inicio de la administración, al despedir a miles de burócratas en el país, propiciando que muchos de ellos quedaran a la deriva.

Cruz Camberos explicó que el outsourcing en Chihuahua ha sido un modelo que ha propiciado mejores condiciones de vida para miles de personas, generando una cantidad importante de ingresos para quienes laboran en la Industria Manufacturera, el Turismo, la Minería y hasta en los gobiernos, por lo que si desaparece, la administración federal propiciará un creimiento exponencialmente de la informalidad.

En ese sentido, recordó que el INEGI emitió cifras de subcontratación en el estado, por lo que al mes de agosto de 2020, estaban registradas 396,912 personas en la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicio de Exportación (IMMEX), de las cuales 36,011 se encuentran subcontratadas, es decir el 9.1%.

En el municipio de Chihuahua hay bajo ese mismo esquema 11,999 empleados, el 17.1% de los 70,043 trabajadores en IMMEX de la localidad. En el caso de Ciudad Juárez hay 20,984 trabajadores de outsourcing, el 7.3% de los 289,349 totales en esa demarcación.

Sin embargo, Cruz camberos expresó que de acuerdo con los Censos Económicos 2019 del INEGI, en el Estado de Chihuahua existen 137,161 personas de 1,049,247 ocupadas (13.1%), mismas que no dependen de la razón social para la que laboran, considerándose también contratadas mediante outsourcing.

“Son más de 173 mil chihuahuenses los que están en riesgo con esta iniciativa del Gobierno Federal; ya vimos en la aprobación del Paquete Económico 2021 que los únicos diputados por Chihuahua que no nos están representando y que solo sirven de siervos del Presidente son los de MORENA, es por ello que les hacemos un enérgico llamado para que hagan su trabajo y eviten dejar sin empleo a miles de chihuahuenses”, recalcó.

Finalmente, comentó que el objetivo de COPARMEX y sus representados es que se emita una regulación y no la desaparición la subcontratación, por lo que aseguró que los empresarios estarán al pendiente de la revisión de la propuesta y presionará para que no desaparezca esa modalidad.

Política

Deudas electorales alcanzan a jueces y magistrados en el Distrito Bravos

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Entre las diez personas con mayor adeudo por multas derivadas del proceso de fiscalización de gastos de campaña se encuentran una jueza y una magistrada que actualmente desempeñan funciones en el Distrito Judicial Bravos, de acuerdo con registros oficiales de las autoridades electorales.

La jueza de Control del Tribunal Especializado en Narcomenudeo, Silvia Delgado García, encabeza la lista con el monto más alto pendiente de pago. Su adeudo asciende a 34 mil 960.26 pesos y permanece vigente desde agosto de 2025. Durante su campaña, la funcionaria fue señalada públicamente por haber representado legalmente a un presunto líder de una organización criminal trasnacional. El incumplimiento del pago quedó asentado en un acuerdo emitido el 16 de enero por la autoridad electoral estatal y en el apartado correspondiente de sanciones.

En los siguientes lugares se encuentran Ángel Gerardo Ontiveros Hinojos, Édgar Olivas Mariñelarena, Paola Lizeth Pérez Chávez y Óscar Jan Erntsson Hernández, con multas que oscilan entre los 18 mil 894 y los 23 mil 194 pesos.

En el sexto sitio figura la magistrada penal reelecta Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, quien mantiene un adeudo de 16 mil 065.88 pesos.

En la novena posición aparece Jesús Manuel Carrasco Chacón, exfiscal de Distrito Zona Norte hasta enero de 2023, cuando fue destituido. Carrasco Chacón buscó un cargo como juez penal fuera de Ciudad Juárez y tiene pendiente el pago de 13 mil 689.94 pesos, monto que fue reducido tras argumentar imposibilidad para cubrirlo en su totalidad.

En total, 435 personas candidatas dentro del proceso de elección judicial mantienen adeudos por multas. De ellas, 22 son actualmente jueces en el Distrito Judicial Bravos, entre quienes se encuentran, además de Delgado García, Rosa Amelia Bailón Payán, Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales, Karen Arteaga Rivas, Raquel Carlos Ávila, Edith Castruita, Félix Guerra, Marco Calderón y Maribel Vega, principalmente en materia penal. En estos casos, los montos pendientes son menores, con cifras que van de los 566 a los mil 697 pesos.

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