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México

Ovidio Guzmán fue detenido en casa de su novia

Ovidio Guzmán López es hijo de Joaquín El Chapo Guzmán y su segunda esposa, Griselda López Pérez.

Fue detenido por autoridades federales en Culiacán, Sinaloa, donde esta tarde ocurrieron varios enfrentamientos. Gúzman López, de 28 años, es conocido como El Ratón y se le identifica como miembro activo del cártel de Sinaloa.

Enfrenta cargos en Estados Unidos por conspiración para traficar cocaína, metanfetaminas y mariguana entre los años de 2008 a 2018. Incluso, se sabe que la oficina de la Fiscalía Federal en Washington se está enfocando en Ovidio Guzmán y su hermano Joaquín Guzmán, ambos por importar drogas a la Unión Americana.

Aunque las autoridades de Estados Unidos no los identifican como cabezas del imperio criminal que dejó su padre, los tienen en la mira por su actividad en el narcotráfico internacional. Ovidio Guzmán aparece en varios registros judiciales y del Tesoro en Estados Unidos por actividades relacionadas con el narcotráfico y el lavado de dinero.

El Chapo tuvo en total diez hijos con tres esposas distintas, cuatro con la segunda y unas gemelas con la tercera que fueron vistos durante su juicio en Estados Unidos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una acusación contra Joaquín y Ovidio Guzmán Lopez, hijos de ‘El Chapo’ por los delitos de distribución de cocaína, metanfetaminas y mariguana

Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán López, hijos de ‘El Chapo’ Guzmán, fueron acusados por el gobierno de Estados Unidos de conspiración para la distribución de cocaína, metanfetamina y mariguana en la unión americana.

Los hermanos Guzmán López, que se cree residen actualmente en México, son hijos de ‘El Chapo’ Guzmán, narcotraficante que fue condenado por un jurado en el Distrito Este de Nueva York por su papel como líder del Cartel del Pacífico.

El departamento de Justicia de Estados Unidos publicó la acusación.

El fiscal general adjunto Brian A. Benczkowski de la División de lo Penal del Departamento de Justicia y el Agente Especial a Cargo Scott Brown de la Oficina de Campo de Arizona de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de Inmigración y Control de Aduanas (HSI, por sus siglas en inglés) hicieron el anuncio.

LA IMPORTANCIA DE ESTA DETENCIÓN

Las balaceras en calles de Sinaloa obedecen a que Iván Archivaldo Guzmán Salazar fue detenido, y sus sicarios, en teoría, lo intentarían rescatar.

Se trata del hermano de uno de los líderes más poderosos del narcotráfico en México. De acuerdo con informes de las secretarías de Gobernación (Segob), Defensa Nacional (Sedena), Procuraduría General de la República (PGR), y de la Policía Federal a los que tuvo acceso Excélsior, dos organizaciones son las que tienen la hegemonía en el país.

El Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), dirigido por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, y Jorge Luis Mendoza Cárdenas, La Garra”, es el grupo criminal con mayor presencia en territorio nacional, al tener bajo su control o disputarse el territorio en 25 de los 32 estados.

Este grupo, el cual tiene sus orígenes en el cártel de Los Valencia, se ha posicionado como una de las principales organizaciones de tráfico de drogas a nivel nacional e internacional y de huachicol, considerado por el gobierno federal como el nuevo negocio de cárteles y organizaciones criminales en el país.

El surgimiento de los grupos de autodefensa, conformado por organizaciones criminales en Michoacán, permitió al CJNG posicionarse, y después separarse del grupo de Sinaloa, para el cual operó a través de Los Mata Zetas.

Los únicos estados donde no tiene presencia son: Campeche, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas.

La segunda organización con más poder en México es el Cártel del Pacífico, el cual, después de la detención y extradición de Joaquín El Chapo Guzmán, es dirigido por Ismael Zambada García, El Mayo; Rafael Caro Quintero; Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, estos últimos dos, hijos de El Chapo, así como Aureliano Guzmán Loera, El Guano, hermano de Guzmán Loera. Este grupo realiza operaciones ilícitas en 17 entidades del país.

Autoridades consultadas por Excélsior, indicaron que este grupo puede presentar una escisión a partir del juicio que se está llevando en contra de El Chapo en una corte de Nueva York. Además, se encuentra una alianza encabezada por El Mayo, con el Cártel Nueva Plaza, dirigido por Carlos Enrique Sánchez Martínez, El Cholo, el cual se separó del CJNG luego del asesinato del colombiano Marcos Hernández o Alejandro Ruano, El Kartón.

 

Milenio

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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