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México

Pacto ciudadano y político, clave para revertir regresión autoritaria: Corral

Ante los embates producto de la regresión autoritaria que ha traído el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia de la República, el Senador Javier Corral propuso la creación de un gran acuerdo nacional ciudadano y político para rediseñar el régimen actual y poder así revertir el desastre económico y político en el que están envueltos millones de mexicanos.

Ante los embates producto de la regresión autoritaria que ha traído el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia de la República, el Senador Javier Corral  propuso la creación de un gran acuerdo nacional  ciudadano y político para rediseñar el régimen actual y poder así revertir el desastre económico y político en el que están envueltos millones de mexicanos.

 

Durante un intercambio de ideas con catedráticos y alumnos de la Universidad Iberoamericana campus Puebla, Corral dijo que el objetivo de ese gran acuerdo nacional es ejercer presión sobre los actores políticos y poder comprometerlos a realizar un cambio para establecer un Estado democrático de derecho, como primer paso para transitar hacia un cambio de régimen y la instauración de un nuevo constituyente.

 

El chihuahuense señaló que el principal problema que tiene la sociedad mexicana es la corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto y su gabinete, pues ha establecido las condiciones para que ningún funcionario público sea sancionado por actos de corrupción, como el caso de César Duarte, gobernador de Chihuahua, sobre quien pesa una demanda por enriquecimiento ilícito; y aseguró que “si bien el gran problema de México es la desigualdad, la corrupción es el principal problema instrumental que la ha propiciado”.

 

Corral también planteó la instauración de un sistema democrático de medios de comunicación que pueda sustituir la estrategia de control mediático a través de contratos de publicidad instaurada por el gobierno de Peña Nieto para sofocar las voces críticas a su gobierno. Caso extremo, el golpe autoritario contra la periodista Carmen Aristegui y su equipo, por haber exhibido corruptelas derivadas de la adquisición de la coloquialmente llamada “Casa Blanca”.

 

 

La Universidad Iberoamericana organiza el “Seminario de Coyuntura” de la Cátedra Latinoamericana Ellacuría para analizar la realidad política y social del país, y toma como referencia al sacerdote y filósofo Ignacio Ellacuría Beascoechea, quien organizaba reuniones similares para encontrar respuestas en momentos de gran dificultad.

 

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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