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Padrés es investigado por lavado de dinero y afirman que no habrá impunidad

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La Procuraduría General de Justicia de Sonora investiga al exgobernador Guillermo Padrés por operaciones con recursos de procedencia ilícita y otros delitos que resulten.

El anuncio de la indagatoria ocurrió a un día de la detención de Luis Arístides López Moreno en posesión de 3.5 millones de pesos, quien se identificó ante agentes estatales y de la Procuraduría General de la República (PGR) como veterinario del rancho Pozo Nuevo, propiedad del exmandatario.

El procurador estatal, Rodolfo Montes de Oca Mena, explicó, en conferencia de prensa, que Padrés podrá enfrentar más de 22 años de cárcel si es declarado culpable, sin derecho a fianza, y sería inhabilitado para ocupar cargos públicos.

 

Montes de Oca Mena aseguró que, dependiendo del avance de la investigación, podrán dar vista de los resultados a la PGR por conductas de competencia federal, como lavado de dinero o asociación delictuosa.

Agregó que el veterinario de Padrés, cuya detención informó ayer Excélsior, era investigado y su captura se logró en flagrancia.

En tanto, la gobernadora Claudia Pavlovich aseguró que si bien las autoridades federales y estatales no fabricarán culpables, tampoco exonerarán a ningún sospechoso, ya “sea funcionario de ésta o de la pasada administración”.

Hasta el cierre de esta edición, agentes de la Policía Estatal Investigadora tenían rodeada una casa en la colonia Pitic, en la capital sonorense, en espera de que un juez otorgue una orden

de cateo.

El inmueble de la zona exclusiva está relacionado, de acuerdo con autoridades, con la investigación contra el exgobernador Guillermo Padrés.

LA PGJE DE SONORA INVESTIGA A PADRÉS

El exmandatario panista Guillermo Padrés Elías será investigado por la Procuraduría General de Justicia en Sonora (PGJE) por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y los que resulten, por el que podría alcanzar una condena superior a 22 años de prisión, sin derecho a fianza e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Lo anterior, debido a que en el momento en que fue detenido el médico veterinario Luis Arístides López Moreno, en posesión de 3.5 millones de pesos que no pudo explicar su legal procedencia, éste afirmó que trabajaba para el exgobernador de Sonora y su hermano Miguel, en el rancho El Pozo Nuevo, de Padrés, ubicado en Bacanuchi, y que se hiciera famoso por la enorme presa hídrica donde la familia Padrés Elías acaparaba el agua de los productores y los habitantes del río Sonora.

En conferencia de prensa, Rodolfo Montes de Oca Mena, fiscal de Justicia en el estado, aseguró que en los términos que evolucione la investigación se analizará la posibilidad de dar vista a la Procuraduría General de la República por conductas que pudieran ser materia de competencia de la autoridad federal, como el lavado de dinero o asociación delictuosa.

“Al ser detenido, López Moreno transportaba y custodiaba más de 3.5 millones de pesos en efectivo, manifestó ser médico veterinario zootecnista y empleado-administrador de algunos negocios de los señores Guillermo y Miguel, ambos de apellido Padrés Elías; el inculpado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, donde se integra la investigación por la posible comisión del delito de operación con recursos de procedencia ilícita”, aseguró Rodolfo Montes de Oca.

El fiscal de Justicia detalló que el médico veterinario era objeto de una investigación y que con trabajo de inteligencia se logró su captura en flagrancia delictiva, por lo que se encuentra recluido en la Agencia del Ministerio Público ubicada en la base de la Policía Estatal Investigadora en Sonora.

“En cuanto a si algunas personas o miembros de la familia Padrés pudieran ser objeto de esta investigación, tomando en cuenta las menciones o referencias que hace el mismo inculpado (López Moreno) no se descarta el investigar a todas las personas involucradas en este hecho y que se encuentren mencionados en las declaraciones del principal sospechoso”, agregó el Procurador.

 

Excelsior

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Marco Bonilla califica como traición la aprobación de la Ley General de Aguas

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El alcalde Marco Bonilla Mendoza calificó como una traición la forma en que se aprobó la nueva Ley General de Aguas, al asegurar que se avaló sin respetar compromisos previos con organizaciones campesinas y productivas.
Bonilla señaló que la votación ocurrió de manera sorpresiva y sin apertura al diálogo, lo que provocó mayor inconformidad entre los sectores afectados. El edil advirtió que la reforma no solo impacta a productores de gran escala, sino que coloca en una situación delicada a miles de familias que dependen de actividades agrícolas en regiones donde el acceso al agua ya es limitado.
El alcalde consideró que el cambio normativo complica el panorama inmediato para zonas rurales cuya producción depende del riego mediante pozos. También indicó que la incertidumbre alcanza a proyectos de inversión en distintos estados del norte del país, pues la falta de claridad en los criterios de uso del agua podría frenar iniciativas agrícolas e industriales.
Bonilla reiteró que el recurso hídrico es determinante para la operación y llegada de nuevas empresas. Reconoció la postura de organizaciones y productores que han mantenido movilizaciones en defensa del agua, al destacar la importancia del sector para la estabilidad económica y social de las comunidades rurales.
El alcalde agregó que el país enfrenta un momento decisivo ante una reforma que, a su juicio, fue aprobada sin consenso y que podría intensificar disputas regionales por el acceso al recurso.

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