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México

Pagó gobierno de Calderón 19 mdd por curso de 90 minutos

El gobierno de la república iniciará acciones legales en contra de una empresa vinculada al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, la cual demanda el pago de seis millones de dólares por un supuesto curso de capacitación autorizado a funcionarios mexicanos dos días antes de que concluyera el sexenio de Felipe Calderón.

De acuerdo con el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador el costo total del curso ascendió a 19 millones de dólares y sólo duró 90 minutos.

«Un contrato que firmaron dos días antes de que terminara el gobierno de Calderón, de una empresa vinculada a García Luna, un contrato para capacitar a funcionarios por 19 millones de dólares, un curso de capacitación que recibieron tres personas y tardaron el curso, una hora y media. Esta la factura y nos están pidiendo que paguemos, pues vamos a presentar denuncia», anunció el presidente.

Detalló que de estos hechos se enteró el lunes por la noche de voz del secretario de hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez al comenzar a hacer una evaluación de los 109 fideicomisos que van a desaparecer.

En ese sentido, el presidente de México aclaró que se acabará con la corrupción pero si un cineasta o un investigador tiene una beca justificada la seguirá recibiendo, ahora de manera directa.

El señalamiento del presidente López Obrador respecto a la empresa vinculada con García Luna se relaciona con el suministro, instalación, capacitación y puesta en marcha del equipamiento tecnológico especializado de control y supervisión para el CPS 12, en el estado de Guanajuato, según describió la lámina difundida a los medios de comunicación.

El importe del contrato fue por la cantidad de 19 millones 848 mil dólares y con una vigencia que abarca del 27 de julio del 2012 al 27 de julio del 2013.

Las condiciones del contrato por concepto de pago establecieron la entrega del 50 por ciento del costo a la firma del contrato; un 20 por ciento a la entrega del equipo; un 10 por ciento más al momento de comprobarse la entrega exitosa de los servicios de instalación y el resto al momento de la liberación del sistema, puesta en marcha y terminación de la capacitación, equivalente a 3 millones 969 mil dólares.

Según el contrato, el gobierno de la república adeuda todavía 5 millones 954 mil 400 dólares a la empresa ligada a García Luna y de la cual aún no se reveló el nombre.

Fuente: Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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