Los países de la Unión Europea que se nieguen a aceptar refugiados, como establecen los planes de reforma del fallido sistema de asilo europeo, podrían afrontar cuantiosas multas por cada solicitante de asilo rechazado.

Las multas forman parte del plan de la Comisión Europea, que se presentará el miércoles, para repartir de forma más equitativa la carga de acoger a cientos de miles de personas que huyen de conflictos y violencia en lugares como Siria. El sistema actual para procesar las peticiones, mientras tanto, se encuentra al borde del colapso.
Las multas —descritas como una «contribución de solidaridad»— podrían alcanzar los 250,000 euros (287.300 dólares) por cada solicitante de asilo rechazado por un país, según un documento al que tuvo acceso Associated Press. Las cifras podrían variar antes de la decisión final, esperada más tarde el miércoles.

El plan aún tiene que ser aceptado por una gran mayoría de estados miembros —unos dos tercios, según el sistema de mayoría cualificada del bloque— y los parlamentarios europeos. La multa resultará polémica porque algunos países ya se oponen de forma rotunda al plan actual de la UE para compartir 160,000 refugiados que están en Grecia e Italia. Hungría incluso ha iniciado el proceso para celebrar un referendo sobre la cuestión.

Según las leyes actuales de la UE, la gente debe solicitar asilo en el país al que llega en primer lugar. En la práctica, eso implica que Grecia y Italia se ven sobrecargadas, y muchos de sus socios de la UE no les han prestado ayuda.

El nuevo sistema se activaría cada vez que un país se vea bajo una intensa presión migratoria. Otros estados miembros asumirían una parte de los solicitantes de asilo —no personas que lleguen huyendo de la pobreza o buscando empleo—, calculada para cada país a partir de su población y potencia económica, determinada por su producto interior bruto.
Sin embargo, los miembros podrían decidir no participar en el nuevo programa durante 12 meses.

«El estado miembro que no participe de forma temporal en la reubicación correctiva debe hacer una contribución solidaria de 250,000 euros por solicitante», indicó el texto, que es un borrador de propuesta de ley a los estados miembros y el Parlamento Europeo.

El Economista