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Pakistán ejecuta a 4 condenados por masacre en escuela

Pakistán llevó a cabo hoy las primeras ejecuciones de condenados por el ataque a una escuela que causó la muerte de 151 personas, entre ellas 125 niños, con el ahorcamiento de cuatro insurgentes a pocos días de cumplirse el primer aniversario de esa matanza que conmocionó al país.

Molvi Abdus Salam, Hazrat Ali, Mujeeb ur Rehman y Sabeel fueron ahorcados hoy en la Cárcel Central de Kohat, en la ciudad nororiental del mismo nombre, después de ser condenados por un tribunal militar el pasado 13 de agosto, informó una fuente de seguridad que prefirió mantener el anonimato.

La fuente confirmó que se trata, además, de los primeros civiles ejecutados por condenas emitidas en tribunales militares, a los que en enero el Parlamento dio competencia para juzgar casos de terrorismo durante dos años.

Según el Ejército, los ejecutados reconocieron ante el tribunal militar su participación en la preparación del asalto a una escuela de Peshawar (noroeste) administrada por militares el 16 de diciembre de 2014 y su pertenencia a la organización Toheedwal Jihad, una facción del principal grupo talibán Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) que reclamó la autoría del asalto.

Otros dos presos, Taj Mohammed y Atiq ur Rehman, también fueron condenados a la pena capital el 13 de agosto por su implicación en el ataque y esperan su ejecución en el corredor de la muerte, indicó la fuente.

Un séptimo preso fue sentenciado a cadena perpetúa por colaborar con los autores materiales de la matanza.

Algunas de la asociaciones de padres de los asesinados en el colegio expresaron su alegría por las ejecuciones de hoy.

Estamos contentos de que hayan ahorcado a los terroristas culpables de la muerte de nuestros niños. Pero queríamos que estos terroristas hubiesen sido ejecutados en público de forma que lo hubiésemos podido ver», dijo Abid Raza Bangash, quien perdió a un hijo en el ataque y es presidente de Shuhda APS Peshawar, asociación que representa a 80 padres de niños asesinados.

El asalto a la escuela, vivido como una gran tragedia nacional en Pakistán, fue reivindicado por el TTP, que lo justificó como acto de venganza por la operación militar que el Ejército lanzó contra los talibanes en las áreas tribales de Waziristán del Norte y Khyber (noroeste).

Esa ofensiva militar ha causado al menos 3 mil 500 supuestos talibanes muertos entre junio de 2014 y junio de 2015, según fuentes militares, una cifra no contrastable de forma independiente debido al bloqueo informativo en las zonas tribales y a que el Gobierno prohibió que se informase de la actividad de grupos insurgentes.

Una de las primeras medias tomadas tras el ataque por el primer ministro paquistaní, Nawaz Sharif, fue poner fin al día siguiente de la masacre a la moratoria de facto a la aplicación de la pena de muerte para casos de terrorismo.

En marzo, extendió el final de la moratoria para todos los demás delitos y condenados a la pena capital.

Además, el Parlamento paquistaní aprobó por unanimidad en enero una enmienda constitucional para establecer tribunales militares a puerta cerrada para casos de terrorismo durante los dos próximos años, una medida ratificada por el Tribunal Supremo en agosto.

El Gobierno no proporciona datos completos de las ejecuciones, pero las organizaciones no gubernamentales Amnistía Internacional (AI) y la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán (HRCP) calculan que en torno a unos 300 presos han sido ahorcados.

En el corredor de la muerte esperan 6 mil 61 presos, según el Gobierno, y 8 mil de acuerdo con grupos de derechos humanos.

Según HRCP, la gran mayoría de los reos ejecutados no habían sido condenados por terrorismo, sino por algunos de los 27 crímenes que conllevan esta pena en el país asiático, como asesinatos y violaciones.

El alto número de ejecuciones, que sitúan a Pakistán solo por detrás de China e Irán según AI, ha sido condenado por Naciones Unidas y la Unión Europea, en especial los cuatro casos de ejecutados por crímenes que habían cometido supuestamente cuando eran menores de edad.

Fuente Excelsior , Reuters

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