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Pakistán ejecuta a 4 condenados por masacre en escuela

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Pakistán llevó a cabo hoy las primeras ejecuciones de condenados por el ataque a una escuela que causó la muerte de 151 personas, entre ellas 125 niños, con el ahorcamiento de cuatro insurgentes a pocos días de cumplirse el primer aniversario de esa matanza que conmocionó al país.

Molvi Abdus Salam, Hazrat Ali, Mujeeb ur Rehman y Sabeel fueron ahorcados hoy en la Cárcel Central de Kohat, en la ciudad nororiental del mismo nombre, después de ser condenados por un tribunal militar el pasado 13 de agosto, informó una fuente de seguridad que prefirió mantener el anonimato.

La fuente confirmó que se trata, además, de los primeros civiles ejecutados por condenas emitidas en tribunales militares, a los que en enero el Parlamento dio competencia para juzgar casos de terrorismo durante dos años.

Según el Ejército, los ejecutados reconocieron ante el tribunal militar su participación en la preparación del asalto a una escuela de Peshawar (noroeste) administrada por militares el 16 de diciembre de 2014 y su pertenencia a la organización Toheedwal Jihad, una facción del principal grupo talibán Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) que reclamó la autoría del asalto.

Otros dos presos, Taj Mohammed y Atiq ur Rehman, también fueron condenados a la pena capital el 13 de agosto por su implicación en el ataque y esperan su ejecución en el corredor de la muerte, indicó la fuente.

Un séptimo preso fue sentenciado a cadena perpetúa por colaborar con los autores materiales de la matanza.

Algunas de la asociaciones de padres de los asesinados en el colegio expresaron su alegría por las ejecuciones de hoy.

Estamos contentos de que hayan ahorcado a los terroristas culpables de la muerte de nuestros niños. Pero queríamos que estos terroristas hubiesen sido ejecutados en público de forma que lo hubiésemos podido ver», dijo Abid Raza Bangash, quien perdió a un hijo en el ataque y es presidente de Shuhda APS Peshawar, asociación que representa a 80 padres de niños asesinados.

El asalto a la escuela, vivido como una gran tragedia nacional en Pakistán, fue reivindicado por el TTP, que lo justificó como acto de venganza por la operación militar que el Ejército lanzó contra los talibanes en las áreas tribales de Waziristán del Norte y Khyber (noroeste).

Esa ofensiva militar ha causado al menos 3 mil 500 supuestos talibanes muertos entre junio de 2014 y junio de 2015, según fuentes militares, una cifra no contrastable de forma independiente debido al bloqueo informativo en las zonas tribales y a que el Gobierno prohibió que se informase de la actividad de grupos insurgentes.

Una de las primeras medias tomadas tras el ataque por el primer ministro paquistaní, Nawaz Sharif, fue poner fin al día siguiente de la masacre a la moratoria de facto a la aplicación de la pena de muerte para casos de terrorismo.

En marzo, extendió el final de la moratoria para todos los demás delitos y condenados a la pena capital.

Además, el Parlamento paquistaní aprobó por unanimidad en enero una enmienda constitucional para establecer tribunales militares a puerta cerrada para casos de terrorismo durante los dos próximos años, una medida ratificada por el Tribunal Supremo en agosto.

El Gobierno no proporciona datos completos de las ejecuciones, pero las organizaciones no gubernamentales Amnistía Internacional (AI) y la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán (HRCP) calculan que en torno a unos 300 presos han sido ahorcados.

En el corredor de la muerte esperan 6 mil 61 presos, según el Gobierno, y 8 mil de acuerdo con grupos de derechos humanos.

Según HRCP, la gran mayoría de los reos ejecutados no habían sido condenados por terrorismo, sino por algunos de los 27 crímenes que conllevan esta pena en el país asiático, como asesinatos y violaciones.

El alto número de ejecuciones, que sitúan a Pakistán solo por detrás de China e Irán según AI, ha sido condenado por Naciones Unidas y la Unión Europea, en especial los cuatro casos de ejecutados por crímenes que habían cometido supuestamente cuando eran menores de edad.

Fuente Excelsior , Reuters

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Declaran a Meta y YouTube culpables de adicción a las redes sociales; deberán pagar 3 mdd

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Un tribunal en Los Ángeles, California determinó que Meta y Google deberán pagar 3 millones de dólares a una usuaria afectada por adicción a las redes sociales. De acuerdo con la tendencia, Meta, propietaria de Facebook e Instagram, es culpable de poner en riesgo la salud de la usuaria.

El Tribunal determinó que ambos gigantes tecnológicos actuaron con negligencia al poner en riesgo la salud mental y no advertir sobre las consecuencias de salud a sus usuarios.

Kaley demandó a Meta y Google por adicción

El juicio comenzó en enero, luego de que una Kaley, una joven de 20 años demandara a Meta y Google bajo el argumento de haberse vuelto adicta a aplicaciones como Instagram y Youtube durante su infancia. La sentencia determina que Meta tendrá que solventar el 70 por ciento de monto, lo que se traduce en cerca de 2 millones 100 mil dólares.

Joseph VanZandt, abogado que representa a familias que demandaron a las empresas tecnológicas, aseguró que el juicio es un paso adelante para que los gigantes tecnológicos de Silicon Valley rindan cuentas.

“Este veredicto trasciende un solo caso. Durante años, las empresas de redes sociales se han lucrado aprovechándose de los niños, ocultando sus características de diseño adictivas y peligrosas. El veredicto de hoy es un referéndum – desde un jurado hasta toda la industria – que demuestra que ha llegado la rendición de cuentas”, aseguró Joseph en un comunicado.

Un portavoz de Meta aseguró que la compañía no está de acuerdo con la multa; sin embargo, Google no ha respondido al veredicto. El veredicto ocurre luego de que un jurado de Nuevo México determinara que Meta debe pagar una indemnización de 375 millones de dólares por no utilizar medidas de seguridad para proteger a usuarios menores de edad contra depredadores sexuales en Instagram y Facebook.

¿Qué le ocurrió a Kaley tras utilizar Youtube e Instagram desde pequeña?

El jurado, conformado por cinco hombres y siete mujeres, escuchó versiones contrarias sobre el rol e influencia que tuvieron las paltaformas digitales en la salud mental de Kaley. La demandante, originaria de Chico, California, aseguró que empezó a utilizar Youtube desde los 6 e Instagram desde los 11 años.

De acuerdo con la defensa legal de Kaley, Instagram y Youtube fueron diseñados con el propósito de hacerse adictivas, pese a que tenían conocimiento sobre el impacto negativo en los menores y jóvenes usuarios. El equipo legal expuso un documento de Meta en el que se aseguraba que Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, describió sus esfuerzos para retener a menores y jóvenes en sus plataformas con el objetivo de “tener un gran éxito”. Otro de los documentos internos exponía que los niños de 11 años tenían cuatro veces más probabilidades de mantener su cuenta de Instagram , en comparación con otras aplicaciones en el mercado, lo anterior pese a que la plataforma exige que los usuarios tengan un mínimo de 13 años.

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