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México

PAN acusa ‘fraude democrático’ en San Lázaro

El PAN en la Cámara de Diputados acusó a Morena de querer implementar un fraude democrático, “Una Ley Bonilla 2” al impulsar la reelección en la presidencia de San Lázaro de Porfirio Muñoz Ledo, cuando según el acuerdo político le corresponde a un legislador del blanquiazul.

No queremos un fraude democrático, si Morena y otra fuerza quieren un fraude democrático vamos a defender, no puede haber fraude democrático, entramos con una Ley y no se puede cambiar.

No puede haber falta al acuerdo político sobre el cual construimos la gobernanza de la Junta de Coordinación”, señaló Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de los diputados panistas.

Rechazó que Morena o la propia alianza Juntos Haremos Historia tenga mayoría de mandato pues solamente cuenta con el 43.6 por ciento de los diputados por lo que se debe respetar el acuerdo establecido a principios de la legislatura de hacer rotativa la mesa directiva.
Nadie tiene mayoría de mandato, la única persona que en este país en elección nacional recibió un mandato con amplia legitimidad y con popularidad, fue el Presidente de la República, nadie en este Congreso puede presentarse con Mayoría”.

El líder de los panistas confió en que Morena no buscará modificar el artículo 17 de la Ley Orgánica y llamó a Muñoz Ledo que como parlamentario de carrera ponga por delante la gobernanza en el Congreso que la aspiración personal.

La postura es muy clara. La hipótesis no existe, no se ha configurado, pero en el remoto caso sería un fraude democrático, es un fraude a la ley, es un fraude al Congreso y es un fraude a la población.

Las dudas no nos van a paralizar a nosotros y apelamos a eso, conozco a don Porfirio Muñoz Ledo desde hace más de 25 años, es un hombre de Estado y es un hombre que en diferentes representaciones ha hecho grandes contribuciones a la democracia y espero que en la humildad y la autocrítica de esa persona que hemos venido conociendo de muchos años, reconozca que la ley, los acuerdos políticos y la gobernanza están por encima de cualquier aspiración personal”.

El coordinador de los legisladores del PAN presentó la agenda de su bancada para este segundo periodo de sesiones en el que tendrán como ejes de acción iniciativas de apoyo a la economía familiar; seguridad y justicia; derechos de las personas y sus familias, así como leyes a favor de las instituciones democráticas.

Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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